El reciente informe sobre la corrupción en Europa elaborado por la Comisión de la  UE refleja que en España, como era de esperar, la corrupción se fragua en el proceloso mundo de la licitación pública, de la financiación de los partidos políticos y, sobre todo, en la gestión local y regional de la corrupción. No hay más que hacer un rápido estudio acerca del objeto de la multitud de procesos penales y administrativos que sufren tantos y tantos cargos públicos para alcanzar esta evidente conclusión.
 
En este sentido, el informe de la UE llama la atención sobre los 1.754 procesos judiciales relacionados con actos judiciales relacionados con actos ilegales realizados en materia de urbanismo. Una materia en la que la arbitrariedad  ha irrumpido con especial virulencia a la busca y captura de toda suerte de recalificaciones, alteraciones o modificación de planes  urbanísticos ayudada por un tráfico de información privilegiada que trae consigo pingues beneficios  en tiempo record.
 
Un reciente informe de Transparencia Internacional sobre corrupción, de 2007, ya alertaba sobre los problemas de una deficiente e impune gestión del urbanismo en la que se han visto envueltos, en determinados lugares del territorio nacional, alcaldes, concejales, constructores y promotores fundamentalmente. El crecimiento de la percepción de la corrupción suele ir acompañado también del aumento de la desconfianza de la población ante la actividad política y sus principales agentes: los políticos. Así lo demuestra, por ejemplo, el barómetro del CIS en su serie histórica, ahora en máximos.
 
Una de las razones por las que la corrupción urbanística se ha instalado entre nosotros se debe a la deficiente regulación existente en materia de financiación de partidos políticos. Otra, quizás las más frecuente y directamente relacionada con la financiación de las formaciones partidarias, reside en la facilidad con la que se es posible modificar planes urbanísticos, recalificar terrenos o modificar la calificación del uso del suelo. En estos casos, se debería limitar extraordinariamente tal posibilidad para evitar que se generen expectativas desproporcionadas en relación con el valor de los terrenos.
 
La crisis financiera en la que estamos sumidos ha puesto en entredicho la cultura del pelotazo y la circulación de vanguardistas productos financieros tóxicos y de alto riesgo. Los impresionantes beneficios que ha generado la especulación urbanística como consecuencia de la información privilegiada es probable que desciendan notablemente. Es probable que el mercado del suelo ya no sea uno de los más pujantes. Aun en estas circunstancias, la tentación de hacer dinero en el sector del suelo seguirá presente y los controles y las limitaciones al ejercicio de las potestades discrecionales seguirán estando de actualidad.
 
En fin, como dice el refrán: no hay mal que por bien no venga. Si la crisis económica actual mejora el ingenio para saber gastar mejor y para hacer más y mejor con menos, habremos dado un paso adelante fundamental. Un paso que debe ir acompañado de la implementación de sistemas de control que controlen. Por ahora tenemos muchos, demasiados procedimientos de control: parlamentarios, judiciales, administrativos. Pero en términos generales no sirven por la sencilla razón de que todos, casi todos, son diseñados desde el poder político. ¿Quién en su sano juicio puede pensar que si el controlado nombra al controlante el control va a funcionar?.
 
 
 
Jaime Rodríguez-Arana
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