El 24-M ha confirmado que la vieja política en las formas, métodos y procedimientos, está agotada. Afortunadamente, esa manera de entender el poder en clave de dominación y exclusión tiene sus días contados. En buena medida, la emergencia de los nuevos partidos se debe, es lógico, a la cerrazón de las formaciones tradicionales, controladas y dirigidas por férreas nomenclaturas concentradas en la tarea del mantenimiento y conservación del poder como única finalidad. Mientras, la indignación ante políticas tecnoestructurales, sin alma, ha sido creciente y de esos polvos estos lodos.
 
En efecto, la profunda crisis que atraviesa la forma en que nuestros políticos de toda la vida entienden últimamente la democracia representativa conduce, de una u otra manera, a que la indignación reinante reclame democracia real, auténtica, genuina. Una de las causas de la honda crisis en que se encuentra el sistema político reside en que el pueblo empieza a percibir que su protagonismo ha sido suplantado, de una u otra manera, por los dirigentes, por los profesionales del interés general. Un colectivo que con honrosas excepciones se ha creído que era el titular del poder y que podía  manejarlo como le viniera en gana. Como se consideraban los dueños del poder, así razonaban erróneamente, manejaron los fondos públicos sin conciencia de quienes son sus legítimos propietarios –los ciudadanos- llegando a cotas de corrupción y despilfarro que asombran a propios y extraños.
 
La escasa relación, que existe en general entre el pueblo y sus representantes, justifica, en gran medida, que la petición de democracia real se sustancie por el camino de las fórmulas de democracia de directa más conocidas: referéndums, iniciativas populares y consultas. Si las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas autonómicas hubieran propiciado y fomentado esquemas institucionales de relación y vinculación entre elegidos y electores, probablemente el distanciamiento y desafección dominante no hubiera alcanzado la dimensión que hoy tienen. Por eso hoy, ante la ausencia de reformas en la materia, tras el 24-M  tendrán que llegar cambios como las listas abiertas, la obligación de los diputados de atender cotidianamente a los electores, la rendición real de cuentas, la participación de la militancia en la elección de candidatos a cargos electos, una más frecuente convocatoria de referéndums, presencia de los afiliados en la definición de los idearios de los partidos…
 
La necesidad de que el pueblo opine, al menos en los asuntos de mayor enjundia, en asuntos que afectan a sus condiciones de vida, es cada vez más urgente. No puede ser, de ninguna manera, que se tomen decisiones que afectan seriamente a las condiciones de vida de los ciudadanos sin consulta previa, sin conocer la opinión ciudadana. Menos todavía, no debería salir gratis que se tomen ciertas medidas que castigan claramente y sin paliativos a las llamadas clases medias de nuestra sociedad como consecuencia de la negligencia y la incapacidad de manejar adecuadamente una situación de crisis económica y financiera. Hoy, tras el 24-M, esperemos que las cosas cambien y se abra el orden político a la centralidad de la dignidad del ser humano en todos sus sentidos y dimensiones.
 
 
Es muy sencillo lo que ha pasado, esperemos que hasta el 24-M. Quien es administrador o gestor de los asuntos de interés general ha pensado que podía adquirir la condición de dueño y señor. Para ello ha ideado un complejo argot y un sofisticado universo de especialistas en el manejo y conducción del interés general convenciendo al pueblo de que los asuntos de la comunidad están en las mejores manos y que no debía preocuparse lo más mínimo. Mientras tanto, desde las terminales mediáticas de la tecnoestructura se procedió a una sutil y constante operación de control social a partir de las más variadas, y eficaces formas de consumismo insolidario. Durante unos años el juego ha dado resultado, pero cuando el proyecto choca con los bolsillos de la gente, empiezan los problemas. Unos problemas que han permitido que el pueblo, de una u otra manera, despierte de su letargo, tome conciencia de lo que está pasando y empiece a manifestar su indignación. El 24-M es un punto de inflexión en este proceso.
 
La actual indignación que reina en una gran mayoría de la población,  canalizada en las elecciones europeas y en los recientes comicios  locales y autonómicos, debería ser analizada y estudiada convenientemente. El modelo de la democracia representativa entendido desde el pensamiento único e ideológico ha fracasado. No  queda más remedio que volver a democratizar el sistema político. Y, por supuesto, también el financiero. Para ello, hacen falta nuevos actores, y nuevas ideas, por supuesto. Esperemos, pues que a partir de ahora, el ocaso de las viejas políticas deje paso a nuevas maneras de estar y hacer en política. El tiempo nos dirá si realmente tras el 14-M, unos y otros asumen con la radicalidad necesaria que la dignidad humana es de tal calibre y relieve jurídico que se levanta omnipotente y todopoderosa frente a cualquier embate del poder político o financiero por arrumbarla o laminarla.
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es