La política es una actividad humana dirigida a que los asuntos públicos se gestionen al servicio objetivo del pueblo. Los partidos tienen un papel central en lo que se refiere a trasladar a la sede de la soberanía popular las ideas y criterios presentes en la vida social. El problema es que en no pocas ocasiones los partidos,  especialmente sus dirigentes, se han apropiado del poder, que es de titularidad ciudadana, manejándolo a su antojo, con la única finalidad de permanecer astutamente lugar en el vértice. Ejemplos hay, y no pocos, por cierto  bien conocidos por todos. El 24-M afortunadamente ha certificado el ocaso de la perspectiva cerrada que ha dominado los partidos  tradicionales en España por largo tiempo. Si son capaces de advertir la magnitud de los cambios que se precisan, y actúan en consecuencia, entonces el descalabro que se avecina podrá amortiguarse y asé renacer con nuevos bríos y opciones.
 
En este sentido, el uso en beneficio propio del aparato del partido explica  la resistencia a abrir las listas electorales, a fomentar la participación real de  la militancia en la selección de candidatos a cargos de elección o a consultar a las bases ciertas decisiones de envergadura o calado político que afectan a los pilares de la formación. Se trata de manifestaciones de lo que se denomina partitocracia y que, a la vista de lo que pasa, mucho tiene que ver con la percepción mayoritaria que tiene la ciudadanía de la corrupción política. El 24-M, insisto, es una clara y terminante invitación a que las formaciones políticas se abran a la democracia, a la transparencia, a la participación real de los militantes y simpatizantes.
 
En estos años, tras la consolidación en numerosos países de Europa del denominado Estado de los partidos, hemos contemplado, a veces desde una pasividad inexplicable, como estas organizaciones han tomado, en beneficio de sus cúpulas,  los poderes del Estado, las instituciones, muchas  asociaciones profesionales y deportivas,  la universidad en no pocos casos y cuantas corporaciones fuera menester para ahormar el control social. El 24-M y la emergencia de nuevas políticas debieran terminar con esta versión oligárquica de corporaciones y entidades públicas y privadas.
 
En este contexto, de profunda crisis de los partidos tradicionales, emergen nuevas opciones, veremos si oportunistas o reales, que con sentido de anticipación y habilidad para canalizar la creciente indignación, pretenden encarnar nuevas soluciones a base de una teórica mayor participación y a partir de mensajes arteramente diseñados que colman las lagunas y las deficiencias de la forma tradicional de hacer y estar en la política. En este sentido,  24-m se constata la confianza de muchos españoles en otras formas de hacer y estar en política.
 
Las bases éticas de la democracia reclaman que las aguas vuelvan a su cauce. Que los políticos y los partidos asuman el papel que les corresponden, que renuncien a seguir asaltando las instituciones y  que escuchen más a los ciudadanos. Para ello, es menester que tomen conciencia de la realidad, de su posición, y sean capaces de devolver a los ciudadanos el poder del que se han apropiado. La tarea no es fácil porque a nadie amarga un dulce y pasar de propietarios a administradores que han de dar cuentas constantemente de sus decisiones a los ciudadanos no está al alcance de todos. El 95% de la ciudadanía, según parece, quiere que las cosas cambien. Quienes deben de cambiar o no lo hacen, o van a velocidad de tortuga, mientras quienes arteramente han sabido canalizar  la indignación general en uno u otro sentido están sacando partido de la inactividad, de la incapacidad y de la indolencia reinante en el desierto en que estamos. Por lo pronto, el 24-M parece que ha abierto un nuevo camino hacia otras formas y maneras de hacer y estar en política. Lo que hay que ver, y analizar, es si esta hábil e inteligente forma de asumir el descontento supone una nueva forma de hacer y estar en política para defender, proteger y promover la dignidad del ser humano o si, como aconteció en el pasado, volvemos a formas autoritarias y personalistas del manejo del poder. En unos meses saldremos de dudas. Por ahora todo son buenas palabras, buenos proyectos, buenas intenciones.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo.
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