La crisis económica y financiera que asola a gran parte del denominado mundo occidental ha puesto de relieve la necesidad de proceder a reformas de calado. Reformas que, en el campo societario y empresarial, pasan probablemente por otra forma de organizar el régimen de las sociedades capitalistas. Unas sociedades en las que los pequeños accionistas, a veces muy numerosos, no son más que convidados de piedra del gran festín que tantas veces se dan, se han dado, los directivos.
Siendo como son las sociedades de la propiedad de los accionistas es lógico que sean ellos quienes, a través de las juntas generales, tomen las principales decisiones. Por ejemplo, las retribuciones completas de los directivos y las principales líneas de acción de la compañía deben contar con la anuencia de la junta general. Si esta es sustituida por el consejo de administración y a la junta se la trata como un mero órgano decorativo, entonces las cosas se complican y se abren las puertas, y de qué manera, a esa escandalosa forma de retribuir a directivos y dirigentes que en no pocas ocasiones, incluso en el marco de gestiones o administraciones negligentes, se han embolsado sumas de dinero escandalosas.
En el mismo sentido, en los partidos políticos, los militantes deben de dejar ser elementos decorativos que no sirven más que para, adecuadamente seleccionados, aplaudir y bendecir a esas tecnoestructuras que solo aspiran a permanecer permanentemente en la cúpula. Incluso tantas veces al margen de las ideas y criterios propios de la formación.
La democracia, pues, debe instalarse de verdad al interior de partidos y compañías. Por ejemplo, a pesar de que la Unión Europeo ha aprobado relevantes decisiones acerca de las facilidades que deben darse a los accionistas transfronterizos, lo cierto y verdad es que éstos se encuentran con todo un conjunto de obstáculos  que a la larga, y a la corte, impiden de hecho la participación de los accionistas extranjeros en las juntas generales.
En efecto, no se reparte con la suficiente antelación la documentación para que los accionistas estudien el sentido de su voto en la junta general, se  exigen requisitos de identificación más engorrosos que a los accionistas nacionales o se exigen límites mínimos de acciones para participar.
Democratizar el mercado es, desde luego, una necesidad imperiosa, como democratizar la vida política. Tales fines, tan importantes, no se consiguen sin más con la aprobación de normas jurídicas. Estas pueden ser tan perfectas como inobservadas. La clave está en el compromiso  de la ciudadanía en exigir que tales exigencias de transparencia y apertura sean reales y susceptibles de ser solicitadas ante los Tribunales de justicia. Por cierto, ante Tribunales autónomos sin interferencias políticas.
La crisis nos puede ayudar a salir del agujero con instituciones renovadas y, sobre todo, con una ciudadanía más exigente que se acostumbre a denunciar las malas prácticas, sea quien sea quien las cometa. Para eso, sin embargo, es menester que los ciudadanos conozcamos de verdad nuestros derechos y los reclamemos. Sobre todo, ese gran derecho a una buena administración pública y privada del que tanto se habla como se incumple. ¿ O no?.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es