Las causas de la crisis económica y financiera cada vez están más claras. Existe, es cierto, una parte de responsabilidad de los poderes públicos reguladores por no haber realizado con diligencia las tareas de regulación, supervisión y vigilancia que al Estado corresponde. Pero también encontramos, que duda cabe, un intento, muchas veces alcanzado, de convertir el lógico beneficio empresarial en el principal y único paradigma de la actividad empresarial. Los derechos de los trabajadores, desde esta posición, son secundarios. Es irrelevante, en este contexto, la utilización de mano de obra infantil, la insensibilidad ambiental, la transparencia o la justicia social. Cuestiones que  acaban siendo asuntos menores si se comparan con el lucro que se debe conseguir a través de la actividad empresarial.
 
En este contexto, la ética brilla por su ausencia y las apelaciones a la tan cacareada RSC se han demostrado inútiles en sí mismas salvo para edulcorar la conciencia de algunos tiburones que por este camino han pretendido “legalizar” conductas empresariales absolutamente incalificables. Precisamente la crisis ha surgido en pleno auge de las apelaciones a la responsabilidad social corporativa. Algo que debería hacernos reflexionar seriamente acerca de los verdaderos objetivos de los directivos y gerentes empresariales, a veces más preocupados de incrementar exponencialmente sus bonus y variables que de ofrecer productos de calidad en sentido integral.
 
La denominada economía del bien común, que es una singular vuelta a los valores humanos en el mundo de la empresa, está realizando algunas importantes aportaciones en este campo. Por ejemplo, como señala su principal patrocinador,  un profesor vienés de economía llamado Felber, se debe premiar a las empresas que se caractericen por las buenas prácticas de manera que quienes obtienen beneficios de forma poco clara o conculcando  principios éticos lo paguen. Es decir, las empresas que promuevan el comercio justo incorporando cláusulas en sus contratos que protejan el medio ambiente, que promuevan el empleo, que faciliten la transparencia, que colaboren con las principales causas sociales, debería tener ventajas fiscales y acceso a créditos en buenas condiciones. No puede ser, de ninguna manera, que quien ofrece productos más baratos como consecuencia de la lesión de los más elementales criterios éticos pueda beneficiarse de su mala administración. Es más,  a quien cumple con la justicia social, el sistema normativo debería permitirle que sus productos sean más competitivos.
 
Tales propuestas, bien relevantes, debieran, según Felber, ser objeto de referéndum ciudadano. De esta manera incentivar el comercio justo y bonificar a las empresas que actúan siguiendo criterios humanos tendría un blindaje y una legitimidad que probablemente animaría a quienes sólo buscan el lucro a actuar de otra forma. Incluso, como advierte el profesor austríaco, el pueblo debería ser consultado acerca de si sería conveniente que existiera un límite legal entre el salario mínimo de un país y el sueldo máximo que se puede cobrar. En Austria quien más gana equivale a multiplicar por 800 el salario mínimo, en Alemania por 5000 y en el sector financiero estadounidense por 360.000.
 
Desde luego, una manera de fortalecer la democracia en este tiempo es convocar mayor frecuencia al pueblo a que de su opinión sobre los temas más importantes de la vida política, económica y social. El tiempo de la delegación popular continua a presuntos especialistas en los asuntos del interés general, ya sabemos a donde nos conduce. En cambio, promover la participación y conocer lo que la gente de a pié opina de las principales cuestiones que afectan a la vida de los hombres no es sólo conveniente, es necesario. De lo contrario, la indignación ciudadana y el desprestigio de los partidos seguirá incrementándose y la democracia será el gobierno de una minoría, por una minoría y para una minoría. Eso sí, con la apariencia que se quiera.
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es