La influencia de las redes sociales en la vida pública es, desde luego, cada vez más importante. Es verdad que mucha gente aprovecha las nuevas tecnologías para expresar sus puntos de vista. Unas opiniones que sin estos medios jamás habrían tenido repercusión mediática. En algunos países, ciertos proyectos que se pretendían llevar a cabo, fueron suspendidos o paralizados precisamente por el efecto redes sociales. En El Salvador, por ejemplo, fue tal la multitudinaria oposición registrada por las redes sociales ante la pretensión de excluir al poder legislativo de la ley de transparencia y acceso a la información, que hubo que rectificar.
 
Es muy saludable cívicamente que la gente exprese sus criterios y sus puntos de vista sobre las diferentes propuestas o proyectos existentes en relación con determinadas materias. Y eso, que duda cabe, se puede hacer también a través de las redes sociales. Sin embargo, las redes sociales, por relevantes  que sean, jamás podrán sustituir a las denominadas asociaciones voluntarias. El grado del compromiso político y cívico que se puede deducir de la participación en las redes sociales, con ser digno de mención, no es, ni mucho menos, del calibre e importancia que la activa participación periódica en una asociación civil voluntaria.
 
Los expertos en sociología y teoría política tienen claro que la asociación voluntaria es manifestación adecuada de confianza social, y sin confianza, es obvio, no puede haber un proyecto de sociedad, y, por ende, tampoco un grado aceptable de participación. En el mundo occidental se constata un alarmante descenso de la presencia ciudadana en las asociaciones voluntarias. Las causas pueden ser variadas, pero ello refleja que en este punto hay que anotar un punto negativo, y bien grande, a la ciudadanía, que poco a poco se ha ido replegando hacia el individualismo, rechazando, en general,  las diversas formas de solidaridad que, de una u otra manera, tenían controlado al poder político.
 
La existencia de instituciones intermedias sólidas, resultado de la agrupación real de la ciudadanía en diversas áreas, siempre se ha considerado un síntoma de pujanza democrática. Por ejemplo, en España la militancia política alcanza, son datos de finales de 2011 del CIS,  al 2.4 % de la población de forma activa, al 2% sin participación alguna. El 90% confesaba no haber pertenecido nunca a un partido político. En el ámbito deportivo se apreciaba un 9.6 % de participación, en la cultura un 8.6 % y en la religión el 5.1%.
 
Los datos sobre participación en determinadas acciones políticas y sociales, a pesar de la que está cayendo, tampoco son para lanzar las campanas al vuelo.  Según el CIS de abril de 2012, el 21% participó en una manifestación, el 22% firmó una petición, el 10% asistió a una reunión política, mientras que sólo el 13% admitió haber contribuido económicamente a alguna actividad política o social.
 
Las razones de tan escasa participación son expuestas con claridad por los encuestados en el barómetro del CIS de abril de 2102: el paro (81.7%), la crisis económica (52.7%), y, sorprendentemente, la política o los políticos, el 18.1 % . Llama la atención, y no poco, que la participación cívica sea entre nosotros tan baja. Algunos dicen que es proporcional al grado de categoría de las políticas que se implementan en estos tiempos, así como a la responsabilidad ética y moral de tantos dirigentes.
 
En cualquier caso, la participación es libre. Cuándo se impone, directa o indirectamente, es otra cosa. Otra cosa bien distinta a lo que debe ser la política democrática. ¿ O no?.
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es