Libertad solidaria en tiempos de coronavirus
El colapso económico-financiero que se avecina tras la propagación masiva del coronavirus a nivel planetario nos ayudará a replantear muchas cosas, también el sentido de la libertad, hasta ahora entendida, por millones de personas, casi exclusivamente desde el plano individual y personal, al margen de la comunidad, al margen de la vida social. Es decir, la libertad individual sin más límites que los que cada uno, en función de sus posibilidades, quisiera establecer.
Ciertamente, ni el postulado de la solidaridad social ni el de la participación están hasta el momento asentados convenientemente al interior del sistema político e institucional. Los recortes sociales de los últimos tiempos han puesto de relieve una perspectiva de la estabilidad financiera al servicio de los grandes inversores internacionales. Hoy, tras la crisis del coronavirus, queda muy claro que los derechos sociales fundamentales son exigencias de una vida social digna y deben empezar a guiar la acción de los Estados a escala global.
Además, frente al intento, que vendrá, si no está ya en camino, de consolidar sistemas autoritarios, es menester apostar con intensidad porque la participación real caracterice de verdad la vida pública en nuestros países pues en las políticas públicas, en todas las fases de su realización, debe crecer la participación de la ciudadanía.
En este sentido, el concepto de libertad solidaria que vengo manejando desde hace más de veinte años en mis publicaciones permite comprender mejor la esencia del Estado social y democrático de Derecho como estructura y matriz de la defensa, protección y promoción de derechos fundamentales y remoción de los obstáculos que impidan su efectividad. En este sentido adquieren su lógica los planteamientos abiertos de reconocimiento de derechos sociales fundamentales, donde la Constitución no lo haga, a través de las bases esenciales del Estado de Derecho teniendo en cuenta la centralidad de la dignidad humana y la capitalidad del libre y solidario desarrollo de la personalidad de los individuos en sociedad.
Por tanto, es necesaria una relectura desde la dignidad del ser humano, de todo el desarrollo y proyección que se ha realizado de este modelo de Estado en el conjunto de Derecho Público, hoy urgente tras la epidemia del coronavirus y las consecuencias que puede tener para las restricciones a las libertades tal y como se pronostica en estos tiempos.
El problema radica en que se ha intentado entender el Estado social y democrático de Derecho sobre mimbres viejos y el resultado es el que todos contemplamos ante nuestro más absoluto asombro. La tarea, pues, de proyectar el supremo principio de la dignidad humana sobre el entero sistema de fuentes, categorías e instituciones de Derecho Público, es apremiante. La crisis del coronavirus lo demanda. A gritos.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Control y dominación en tiempos de pandemia
En tiempos de excepción, en que se suspenden derechos fundamentales, como la real realidad acredita, una forma de ejercer el control cuando el poder se esclerotiza, cuando se sirve sólo a sí mismo, reside en la preocupación central por cercenar al rival. Todos los días, con más o menos intensidad lo observamos, fundamentalmente desde el pensamiento único.
Es lógico que en la vida política se pretenda derrotar al adversario, sólo faltaría, pero la forma de hacerlo tiene que ser ganándole la partida en el aprecio de los ciudadanos, dando soluciones realistas, y también con los proyectos más ilusionantes. Lo que constituiría una negación del espíritu democrático sería pretender ganar a base de socavar el trabajo de los demás. Hoy, desde que empezó el Estado material de excepción, se constata a través de los medios adictos, de uno y otro lado.
La hegemonía política que siempre tendrá en un régimen democrático un carácter temporal, no debe encumbrase prepotentemente por verse establecida sobre un yermo de ideas y de proyectos políticos. Triste hegemonía, reinado de tuertos en un país de ciegos políticos. Tal situación es signo inequívoco de fragilidad democrática, lo que se traduce en debilidad de la libertad y de la participación, hoy tan patentes como reales.
El político, la política de verdad, deben jugar sus bazas, es obvio, pero no pueden estar pendientes sólo, por así decir, de romper el espinazo político del adversario. En la emergencia del adversario, el político, la política, en una democracia, más en situación de excepción, auténtico busca una respuesta más racional, más coherente, que vaya más allá y que deje en evidencia la precariedad, la debilidad o la insuficiencia, si existen, de determinados aspectos de la propuesta del contrario. Pero usar los medios adictos para laminar al adversario, no digamos controlando la información y eirgiéndose en el gran hermano que decide lo que es correcto o adecuado, es, sencillamente algo inaceptable en democracia por ser síntoma inequívoco de totalitarismo.
El juego democrático tiene componentes esencialmente competitivos, como sucede con la concurrencia electoral. La competitividad se manifiesta también en el trabajo de control -en el sentido de fiscalización- del Gobierno por la oposición. No es vana la afirmación de que un buen gobierno precisa de una buena oposición. Por eso tan nocivos son para el bien general el trabajo opositor de entorpecimiento del trabajo de gobierno -no ciertamente el de control del ejecutivo- que llegue a negar radicalmente la posibilidad de entendimiento, como el trabajo de gobierno que se dirija torcidamente a destruir la oposición o que sistemáticamente se imponga por mayorías mecánicas, o que no dé ocasiones a la oposición para sus aportaciones y cooperación.
Es verdad que estamos en una situación excepcional, pero eso no es óbice para que el solar democrático se convierta en una selva, carente de ética y de fair-play. Hoy, lo que vemos a diestra y siniestra es el reflejo de la ausencia de cualidades democráticas sólidas en gran parte de nuestros políticos, más preocupados de la imagen y de la propaganda que de defender, proteger y defender los derechos de los ciudadanos, en especial, en este tiempo, el derecho a la salud de los infectados y, sobre todo, de los médicos y demás personal sanitario.
La clave, en mi opinión, también en la crisis del COVID-19, vuelve a estar, como en tiempos anteriores, y probablemente posteriores, en la actitud que define una de las coordenadas de la acción política moderada: la solidaridad que busca ámbitos de convivencia y de cooperación, lo que supone aceptar previamente el pluralismo social, refrendado por una acción política que persigue ampliar los campos de la libertad y de la participación. Hoy, el canismo y maniqueismo reinante, fruto de la mediocridad dominante, reclaman otra forma de hacer y de estar en política y en cualquier actividad humana. Nos lo merecemos y, desde luego, hemos de exigirlo, hoy más que nunca.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Emergencia sanitaria y Estado policía
El dilema entre libertad y seguridad, entre seguridad y libertad, está a la orden del día. Sobre todo cuándo lamentablemente se maneja un Estado de alarma como si fuera un Estado de excepción. En nuestro país, durante el Estado de alerta, un Estado de policía de manual, el Gobierno suspendió de hecho derechos fundamentales, controló nuestras comunicaciones y, lo que es más grave, sembró un poderoso manto de temor y amedrentamiento que poco a poco fue minando el temple cívico de la población. Todo por la contención de un virus que causó graves estragos en la vida de miles de españoles.
Sin embargo, en estas situaciones de excepcionalidad el Estado de Derecho no está en cuarentena. Todo lo contrario, debe estar más vivo que nunca. En efecto, el control judicial debiera funcionar con normalidad, la separación de poderes cuidada, protegidos y defendidos los derechos fundamentales de las personas. En su lugar, lo que nos encontramos, a cusa de la escasa sensibilidad democrática de quienes nos malgobernaron en ese tiempo, más preocupados de la propaganda y del control social que de la calidad del Estado de Derecho, fue un espacio de intervención general que permitió, como en los tiempos de la dictadura, apagar cualquier asomo grave, a veces leve, de disidencia o de pensamiento crítico.
En este contexto, de confinamiento gubernamental de la población y de cerco policial en nuestras ciudades, se prorrogan los estados de emergencia y se dictan normas de excepción dando poderes ilimitados al poder ejecutivo y a los cuerpos y fuerzas de seguridad que, muchas veces, carecen de instrucciones concretas acerca de como actuar en un Estado democrático que debe proteger los derechos y libertades de las personas.
La emergencia sanitaria por el virus aconseja, es verdad, que la denominada actividad de orden público cobre mayor intensidad. Pero eso, que es una exigencia para que las personas podamos ejercer en paz nuestras libertades no puede justificar, de ninguna manera, que cada vez la intimidad de las personas esté cada vez más inerme, puesto que aun en estos casos, las intervenciones policiales deben estar amparadas en razones concretas, específicas, vinculadas, única y exclusivamente, a la emergencia sanitaria.
En efecto, las continuas y permanentes apelaciones a la seguridad y a la eficacia para la contención de la pandemia, desembocaron en un fuerte dispositivo burocrático a partir del cual se limitaron y restringieron, a veces injustificadamente, las libertades humanas. Claro que la denominada actividad administrativa de policía puede ser, en determinados momentos, más necesaria. Pero incluso en tales ocasiones, que precisamos de una eficaz acción de combate a la pandemia, la actividad de gestión del orden público no puede dejar desprotegida la intimidad o la libertad de las personas. El dilema seguridad-libertad, hoy por ejemplo bien presente, no puede solucionarse con recortes generalizados y masivos de las libertades, sino con intervenciones puntuales en los derechos de las personas, justificados y basados en argumentaciones racionales vinculadas al interés general. Intervenciones que cuándo cesan las causas que las motivaron, han de desaparecer sin más.
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En efecto, la actividad de policía, la denominada actividad administrativa de limitación, en un Estado de Derecho no puede operar, no debe, con medidas en blanco. En un Estado de Derecho, incluso cuando es menester una intensa acción de policía, las técnicas de restricción o de limitación de las libertades deben estar amparadas en el Derecho y, sobre todo, operar en el mundo de lo concreto. Por eso quienes conocen bien la actividad de limitación que realizan las Administraciones públicas en la esfera jurídica de los particulares, saben que solo son admisibles intervenciones concretas y siempre justificadas. Si quien pretende intervenir las comunicaciones de una persona por razones de urgencia es una Autoridad pública, sabe que después, siempre y en todo caso, un juez o Autoridad independiente revisará las razones de la urgencia o emergencia, es probable que se actúe con sentido de la proporción. Si, por el contrario, la interpretación de la urgencia o de la emergencia queda a su libre albedrío o al del superior jerárquico sin más, entonces de nuevo estaremos, o volveremos, al Estado policía.
El problema está en adoptar con inteligencia y sentido de la proporción medidas de seguridad que no debiliten la posición central del ciudadano. Es difícil ciertamente. Pero hoy es exigible que la libertad no se subordine a la seguridad o a la eficacia pues entonces estaremos perfectamente instalados en un Estado policial en el que el comercio y distribución clandestina de datos personales, por ejemplo, puede dar lugar a un orwelliano mundo de manipulación y control social de dimensiones incalculables.
Es compatible una intensa y extensa acción policial, como la que hoy esperamos de los cuerpos y fuerzas de seguridad, con una intensa y extensa garantía de los derechos y libertades ciudadanas. Es compatible y exigible pues en un Estado de Derecho digno de tal nombre no caben intervenciones justificadas en una cláusula general de interés general. Salvo que estemos en el autoritarismo, por estos lares ya en estado puro.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Riesgos y coronavirus
La sociedad en que vivimos, como reconocía de forma clarividente hace algunos años Ulrich Beck, es una sociedad de riesgos. Riesgos en el mundo de las finanzas, en el mundo del clima, en el mundo de la sanidad como hoy experimentamos a nivel planetario, en el mundo del transporte de personas por aire, por carretera o por mar, en el mundo del medio ambiente, en las relaciones internacionales, o, por ejemplo, en el mundo de la industria en cualquiera de sus ramas o sectores. La seguridad se ha convertido en una característica ansiada por millones de ciudadanos que están viendo, y sufriendo, como la existencia de determinados riesgos en determinadas actividades han dado lugar a lesiones y perturbaciones de su posición jurídica, patrimonial o física. Por eso, frente a las amenazas, potenciales y reales, en este tiempo ha cobrado especial relieve el principio de precaución y las medidas de prevención en tantas y tantas actividades humanas. Hoy, en tiempos de COVID-19, es más patente la necesidad de contar con Administraciones preparadas para la detección con tiempo de los riesgos y actuar en consecuencia.
La actividad administrativa adopta muchas formas y dimensiones. Ahora, la que está de mayor actualidad es la actividad de prevención, de precaución, así como las actividades de vigilancia y supervisión. No es suficiente con disponer de protocolos, procedimientos y sistemas de seguridad, lo realmente decisivo es tener estructuras científicas permanentes y personal preparado para prevenir riesgos sanitarios como el actual y, tanto o más importante, disponer de capacidad técnica para supervisar y vigilar que tales protocolos, procedimientos y sistemas se realizan de forma rigurosa.
Moraleja: hemos de tomarnos más en serio la prevención de los riegos. Hemos de actuar con determinación al margen de ideologitis que ciegan, hemos de contar con una Administración científica permanente que pueda detectar anticipadamente los riesgos reales en tantas áreas de la actividad humana. En pocas palabras: más vale prevenir que curar.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Interés general y covid-19
Estos días de emergencia humanitaria a causa de la pandemia, en una situación de excepción, hay una palabra que se usa, con ocasión y sin ella: interés general. Un concepto abierto que en los totalitarismos suele encontrarse en boca de los que mandan para justificar toda clase de tropelías. En democracia, sin embargo, el interés general, el bien común de la filosofía, debe presentarse de forma concreta, precisa, motivada, para proteger los derechos fundamentales.
Es verdad que en una situación de excepción como la que vivimos el bien común, el interés general, es preferente al bien particular, al interés particular, y que todos, poderes públicos y ciudadanos, debemos dedicar nuestros mejores esfuerzos al combate de la epidemia.
Los poderes y potestades de que están investidas las Autoridades en una situación como la que enfrentamos, deben ejercerse de forma ponderada, proporcionada, y siempre, justificando su necesidad por razones concretas de interés general. Si así ni fuera y el Estado invocara la cláusula general de interés general para limitar o restringir derechos de los ciudadanos, estaríamos, de nuevo, quien lo podría imaginar cuarenta años después, en un Estado policía.
En efecto, el interés general en el Estado social y democrático de Derecho tiene un significado que ayuda a comprender su alcance y funcionalidad. Entre sus características se encuentran la concreción, participación social, la transparencia o publicidad, su adecuada justificación y su destino inexorable a favor de los derechos fundamentales de la persona.
En el Estado de Derecho no es posible excluir de control jurídico los actos administrativos amparados en esta categoría jurídica –interés general- en abstracto. Más bien, lo que hace el juez es controlar por los medios que le proporciona el Derecho si la actuación administrativa en concreto es razonable, es adecuada, es proporcional, y se enmarca en el interés general específico en el que se opera la potestad administrativa.
El interés general ínsito en toda actuación administrativa no es una ideología. No puede serlo en el Estado de Derecho en el que la Administración obra en virtud de normas, de disposiciones generales que traducen, que deben proyectar, cada vez con mayor grado de concreción, intereses generales a la realidad. En el Derecho Administrativo Constitucional, en el Derecho Administrativo del Estado social y democrático de Derecho, el interés general no puede ser, de ninguna manera, un concepto abstracto, desde el que se justifique cualquier tipo de actuación administrativa. En otras palabras, la simple apelación genérica al interés general no legitima la actuación administrativa. Se precisa, para actuar en el marco del Estado social y democrático de Derecho, de una razonable proyección concreta sobre la realidad en virtud de normas que permiten laborar a la Administración pública.
El interés general, desde una aproximación democrática, es el interés de las personas, como miembros de la sociedad, en que el funcionamiento de la Administración pública se dirija a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos fortaleciendo los valores superiores del Estado social y democrático de Derecho. Por eso, nada más alejado al interés general que esas versiones unilaterales, estáticas, profundamente ideológicas, que confunden el aparato público con una organización al servicio en cada momento de los que mandan, del gobierno de turno.
La idea, básica y central, de que el interés general en un Estado social y democrático de Derecho se proyecta sobre la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos en lo que se refiere a las necesidades colectivas, exige que en cada caso la actuación administrativa explicite, en concreto, cómo a través de actos y normas, de poderes, es posible proceder a esa esencial tarea de desarrollo y facilitación de la libertad solidaria de los ciudadanos.
El interés general solo tiene existencia concreta en la democracia, su ejercicio debe ser motivado convenientemente y, por supuesto, su ejercicio solo se legitima en función de la protección, defensa y promoción de los derechos fundamentales de la persona. Es decir, las limitaciones de las actividades de los particulares deben ser motivadas en concreto de acuerdo con elevados estándares, han de proteger, defender y promover los derechos de los ciudadanos, no determinadas estrategias ideológicas. También y, sobre todo, en tiempos de excepción, tiempos en los que la responsabilidad de los Poderes públicos es mayor y más delicado el ejercicio de la discrecionalidad. Así lo recuerda nada menos que el párrafo 6 del artículo 116 de la Constitución española de 1978
El colapso económico-financiero que se avecina tras la propagación masiva del coronavirus a nivel planetario nos ayudará a replantear muchas cosas, también el sentido de la libertad, hasta ahora entendida, por millones de personas, casi exclusivamente desde el plano individual y personal, al margen de la comunidad, al margen de la vida social. Es decir, la libertad individual sin más límites que los que cada uno, en función de sus posibilidades, quisiera establecer.
Ciertamente, ni el postulado de la solidaridad social ni el de la participación están hasta el momento asentados convenientemente al interior del sistema político e institucional. Los recortes sociales de los últimos tiempos han puesto de relieve una perspectiva de la estabilidad financiera al servicio de los grandes inversores internacionales. Hoy, tras la crisis del coronavirus, queda muy claro que los derechos sociales fundamentales son exigencias de una vida social digna y deben empezar a guiar la acción de los Estados a escala global.
Además, frente al intento, que vendrá, si no está ya en camino, de consolidar sistemas autoritarios, es menester apostar con intensidad porque la participación real caracterice de verdad la vida pública en nuestros países pues en las políticas públicas, en todas las fases de su realización, debe crecer la participación de la ciudadanía.
En este sentido, el concepto de libertad solidaria que vengo manejando desde hace más de veinte años en mis publicaciones permite comprender mejor la esencia del Estado social y democrático de Derecho como estructura y matriz de la defensa, protección y promoción de derechos fundamentales y remoción de los obstáculos que impidan su efectividad. En este sentido adquieren su lógica los planteamientos abiertos de reconocimiento de derechos sociales fundamentales, donde la Constitución no lo haga, a través de las bases esenciales del Estado de Derecho teniendo en cuenta la centralidad de la dignidad humana y la capitalidad del libre y solidario desarrollo de la personalidad de los individuos en sociedad.
Por tanto, es necesaria una relectura desde la dignidad del ser humano, de todo el desarrollo y proyección que se ha realizado de este modelo de Estado en el conjunto de Derecho Público, hoy urgente tras la epidemia del coronavirus y las consecuencias que puede tener para las restricciones a las libertades tal y como se pronostica en estos tiempos.
El problema radica en que se ha intentado entender el Estado social y democrático de Derecho sobre mimbres viejos y el resultado es el que todos contemplamos ante nuestro más absoluto asombro. La tarea, pues, de proyectar el supremo principio de la dignidad humana sobre el entero sistema de fuentes, categorías e instituciones de Derecho Público, es apremiante. La crisis del coronavirus nos lo pone en bandeja.
Jaime Rodríguez-Arana Muñoz
Catedrático de Derecho Administrativo
Presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo.
Poder, libertad, control y covid
La libertad es una conquista personal en la que, precisamente por ello, no podemos ser sustituidos por nadie. Ni por los poderes públicos, ni, por supuesto, por ninguna estructura o persona jurídica por importante que sea, menos en tiempos de emergencia sanitaria a causa del COVID-19.
La conquista de la libertad es una tarea personal que requiere esfuerzo, que requiere temple, que requiere compromiso. En este tiempo de prueba lo comprobamos a diario en un contexto de constante desinformación, desde un lado y desde el otro.
En este ambiente de confinamiento, en el que psicológicamente estamos más limitados y más proclives al juego de la manipulación y el control social, el poder tiende a sustituir la real realidad por la serie Alicia en el país de las maravillas. Además, se corre el peligro de que muchas personas que precisan realmente de un ingreso vital mínimo sean ganadas para una causa política para la que la pobreza y la miseria son la clave de la perpetuación en el poder y del disfrute, el pasado y el presente lo acreditan, de privilegios y prebendas que jamás los destinatarios de esas rentas disfrutarán.
Durante cierto tiempo, con gobiernos de uno y otro signo, en muchos países del mundo, el miedo a la verdad y el temor a la libertad han sido características constantes de la acción de gobierno. Con más o menos aparato, con más o menos solemnidad, se ha intentado, por todos los medios al alcance, utilizar al pueblo, para los objetivos, a veces inconfesables, de la tecnoestructura. En lugar de escuchar al pueblo, en lugar de animar a que la ciudadanía tome mayor conciencia de su papel en el sistema democrático, en lugar de propagar a los cuatro vientos que los ciudadanos han dejado de ser sujetos inermes para ser los protagonistas de la política, con no poca frecuencia se canaliza la buena fe del pueblo hacia los caminos de la manipulación y de la propaganda oficial, hacia ese mensaje que tanto réditos políticos produce, sobre todo en los pueblos más dominados: no os preocupéis de nada, confiad en nosotros, que sabemos perfectamente lo que más os conviene en cada caso. Vaya si lo saben: controlar, controlar, manipular, manipular, y nada más que controlar y manipular, más sutilmente, más groseramente. Hoy, quien tenga cierta capacidad crítica lo ve sin especiales problemas.
En tiempos de la pandemia, el Estado de Derecho no está en cuarentena. No está en suspenso. Su realización en la realidad no se produce por arte de magia. Precisa de hombres y mujeres comprometidos con la democracia y las libertades. Y hoy, en situación adversa, expuestos a una colosal operación de simulación, tenemos por delante una gran prueba: demostrar como sociedad y como ciudadanos, que queremos de verdad el sistema político que tenemos y que estamos dispuestos a defenderlo con uñas y dientes.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Posverdad y pandemia
La búsqueda de la verdad ha sido, es, y será, uno de los desafíos más relevantes de la vida humana también y, sobre todo, en tiempos de emergencia humanitaria como los que estamos viviendo. En la investigación, en la docencia, en todas las actividades humanas, también en el marco del COVID-19, liberarse del engaño, de la mentira, de la falsedad, es una tarea no exenta de dificultades cuando se practica el pensamiento ideológico, el pensamiento único, hoy, por cierto, tan presente entre nosotros.
También en la actividad política el compromiso con la verdad debiera ser característica esencial de quienes se dedican a la noble función de la rectoría de los asuntos de interés general. En estos días, sin embargo, observamos como se intenta, a toda costa, instalar un mundo de desinformación, de opacidad, en el que hasta la transparencia se suspende sin rubor alguno. En lugar de concentrar todos los esfuerzos en la lucha contra la pandemia, aunando voluntades, se aprovecha la excepcionalidad para tratar de eliminar al adversario sembrando la semilla de la confrontación y del enfrentamiento.
La real realidad es la que es y la que todos contemplamos, unos con más evidencia que otros, por su familiaridad con el pensamiento crítico, hoy tan necesario. Los datos oficiales no admiten contraste, somos el país con más muertos por millón de habitantes, el país con más sanitarios infectados, y cuando intentamos sacar pecho obteniendo buenas posiciones en los rankings de la OCDE o de la John Hopkins, se nos recuerda, por decirlo suavemente, que esas lecturas interesadas no son verdaderas.
Claro, cuando la verdad no favorece, cuando la verdad deja en evidencia las propias carencias y los propios errores o, lo que es peor, cuando la verdad deja al aire la irresponsabilidad o la negligencia, entonces los agitadores de la mentira y los especialistas de la manipulación entran en escena para limpiar el escenario de eso que ahora se denomina extravagancia y que es, ni más ni menos, que la verdad y las libertades, la libertad y la real realidad. El caso del brexit o de Trump, son de manual como también de manual, en relación con la posverdad, es el caso de la gestión pública, en especial la informativa, durante esta pandemia.
Es cierto, quien lo podrá negar, que las cosas deben decirse con prudencia, con sentido común, con sensibilidad social, procurando no herir a ninguna persona, buscando la mejora de la realidad. Sin embargo, el dominio de lo políticamente correcto, de lo políticamente conveniente, tan del gusto de las actuales tecnoestructuras, prohíbe, es tremendo, que salga a relucir la verdad, la realidad, cuando ésta puede dañar o restringir la imagen de un gobernante o de una acción de gobierno, o de oposición, por catastrófica o negligente que esta sea.
Tras esta manera de entender la política y la vida encontramos una vieja filosofía que proclama que la verdad no existe, sino que se construye dialécticamente en función de una serie de variables, en atención a una serie de parámetros. Es decir, la verdad, para estos sofistas, al mando de las estrategias oficiales de la comunicación, solo puede ser proclive a sus intereses porque son, dicen, moralmente superiores por representar a los excluidos y pobres de este mundo, a los que se pretende mantener en tal situación, si fuera posible incluso peor, con tal de mantenerse en el poder disfrutando de las mieles de la nomenclatura.
La cuestión de la verdad refleja muy bien, magníficamente, el calibre moral general de nuestros políticos. Unos sujetos, unos más que otros, que mienten con tanta frecuencia que llega un momento en que no distinguen bien la realidad de sus propios deseos. Estos días, en efecto, comprobamos que el miedo a la verdad, que el pavor a la realidad, representa uno de los principales caracteres de la profunda crisis moral en que vivimos.
¿Qué habrá de malo en reconocer la verdad?. ¿Qué problema puede tener reconocer el dolor de tantas familias? ¿Qué problemas podría acarrear explicar la verdad en relación con la gestión de la crisis, con las consecuencias de la crisis?.
El pueblo, poco a poco, se está indignando ante tanto engaño, ante tanta manipulación, ante tanta desinformación, ante tanta ocultación de la realidad. Por eso el grado de prestigio de los políticos es el que es. Por eso, el sistema político precisa cuanto antes aires de esa regeneración que permitan hacer de la democracia el verdadero gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y, sobre todo, para que la mentira, el engaño, la simulación y la manipulación dejen de estar encumbrados y vuelvan al lugar que les corresponde en beneficio de la búsqueda de la verdad.
La post-pandemia bien podría hacernos pensar sobre estas cosas, sobre todo sobre la defensa de la libertad y de la democracia, que no es cosa de la estructura, sino de cada uno de nosotros, porque si no defendemos la libertad con uñas dientes, los que están esperando para robárnosla, lo harán y bien que lo lamentaremos.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Gestión de riesgos
Una de las notas que caracterizan la gestión pública y privada del presente es una mentalidad que, en nombre del principio de precaución conduce a actitudes y comportamientos en los que se trata de no correr ningún riesgo. Esta corriente está inspirada en las preocupaciones medioambientales y ha ido poco a poco dominando la gestión de todo el espacio público, desde la sanidad a la alimentación, desde la banca al conjunto de las profesiones financieras, desde el derecho urbanístico al consumo. Incluso la manera de dirigir y gestionar las instituciones públicas adolece en nuestros días de este peculiar estilo, lo que lleva siempre a descargar la responsabilidad, ahora según parece, o en los adversarios o en los científicos, según convenga. Todo al servicio de la excelencia se haga lo que haga, se deje de hacer lo que se deje de hacer. El cálculo, la ambigüedad deliberada, el distanciamiento artificial, el miedo al compromiso, son algunas de las características que adornan el retrato robot del dirigente a imitar, aquel que siempre se las arregla astutamente para permanecer en la cúpula.
Esta sintomatología es la consecuencia del miedo a la libertad, del miedo a la responsabilidad que hoy, guste o no, está bien presente en las actitudes y comportamientos de los nuevos gestores y dirigentes. En efecto, hoy nos encontramos ante una tecnoestructura empeñada en el control de las cuestiones de ordinaria administración. Esta tarea supone igualmente una nueva lógica de dominación y servidumbre a partir de la proliferación de un conjunto de reglas y prohibiciones que la tecnocracia dicta desde el vértice bajo la rúbrica de la tranquilidad general y la paz social. Si resulta que estas nuevas prohibiciones violan determinadas libertades públicas, se argumentará que hoy la seguridad ciudadana demanda nuevas respuestas.
En este ambiente de cálculo, de gestión unilateral del riesgo, la sociedad se transforma en un búnker protegido por identificaciones, códigos de acceso, cámaras de vigilancia, sistemas de alarma, radares, cacheos. Así, poco a poco, se va creando un caldo de cultivo en el que la nueva nomenclatura va adormeciendo la conciencia crítica de los ciudadanos que terminan por permanecer en un cómodo anonimato tal y como hemos visto que ha acontecido, y todavía acontece, en esta pandemia.
Desde estos postulados se combate la iniciativa, se condena al aislamiento al que se mueve, se ironiza sobre los peligros de las ideas propias y, en fin, se inocula la sospecha a priori de todo ejercicio no controlado porque es un factor de riesgo que va contra la necesaria evolución y respiración que toda la sociedad necesita. En este ambiente, la asunción de riesgos va acompañada de tantas regulaciones de la responsabilidad que lo mejor es no hacer nada, absolutamente nada. Al final, quien se inhibe, es curioso, suele ser mejor considerado que el que se atreve a poner en marcha nuevas ideas y proyectos, que acaba convirtiéndose en un ser perturbador en la medida que puede introducir riesgos en la comunidad.
La exaltación del riesgo, la ideología del riesgo yugula la libertad, la iniciativa y nos lleva al infantilismo y a la despersonalización del ciudadano y de la vida social. Hoy lo comprobamos perfectamente en un ambiente pronto al totalitarismo, en el que el disidente es calificado de fascista y las libertades consideradas expresiones de una burguesía corrupta.
Para terminar, una cita de Tocqueville de “La democracia en América” cuya meditación hoy me parece que más actual que nunca:
“El soberano extiende sus brazos sobre toda la sociedad. Cubre su superficie de una red de pequeñas reglas complicadas, minuciosas y uniformes, a través de las cuáles los espíritus más originales y fuertes no sabrían abrirse camino para sobresalir entre la multitud; no quebranta las voluntades, sino que se opone sin cesar a que actúen…”
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Europa, derechos humanos y Covid-19
Europa, el viejo y enfermo continente, fue durante largo tiempo, durante siglos, la referencia y el centro de la mirada de quienes querían fundar la cultura sobre la dignidad del ser humano. Los derechos fundamentales de la persona, junto a la separación de los poderes del Estado y al principio de juridicidad, alumbraron un sistema político en el que, en efecto, la dignidad del humano se levantaba omnipotente, soberana y todopoderosa frente a cualquier al intento del poder de pisotearla o laminarla. Sin embargo, la realidad europea es, a día de hoy, mal que nos pese, la que es: prevalencia de la economía sobre la persona, baja participación cívica, población envejecida, baja natalidad, consumismo insolidario, creciente delincuencia en todas sus expresiones, corrupción y, fundamentalmente, mercadeo y transacción también de los más capitales valores del ser humano. Claro que nos gustaría que el panorama europeo estuviera presidido, sobre todo en este tiempo de pandemia y emergencia sanitaria, por los valores comunes procedentes de la centralidad del ser humano que los padres fundadores de la Unión Europea, a quienes hoy tanto se cita tanto como se desconoce, colocaron como los pilares de una integración fundada en el humanismo y consiguiente preeminencia de los derechos fundamentales de la persona.
En realidad, cuándo se reconocen estos derechos de manera incondicional, sin injerencias del poder, entonces resplandece la dignidad del ser humano y la idea originaria de lo que debería ser Europa brilla con luz propia. Sin embargo, cuándo el poder constituido decide sobre la titularidad y el ejercicio de los derechos humanos, la arbitrariedad se instala entre nosotros y desaparece la igualdad radical entre los seres humanos. Entonces, nos adentramos en un inquietante mundo en el que, quien manda, decide sobre todo, también sobre el fundamento mismo del poder: sobre el alcance y límites de la dignidad de la persona. Hoy, en situación de pandemia, de forma clara y evidente ante la ausencia de controles efectivos al poder, ante la suspensión de derechos fundamentales y en una situación de confinamiento gubernamental que, dada su duración, debilita la resistencia cívica de los ciudadanos.
Los derechos humanos, interesa hoy recordarlo, no son del Estado, no los conceden los gobernantes, son de titularidad humana, nacen con el hombre y la mujer y a ellos corresponde su ejercicio libre y solidario. El poder, todo lo más, debe reconocerlos y fundar su legitimidad y legalidad en su centralidad, de forma y manera que se conviertan, por ello, en valores superiores que iluminan, guían y orientan al poder mismo y a quienes, por representación del pueblo, lo ejercen. El derecho de manifestación no lo concede el Estado como muchos en esta situación piensan. El gobierno, que es quien recibe la comunicación de la manifestación, lo único que puede hacer, caso de que existan fundadas razones de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes, es prohibirla. Y para eso debe justificar en concreto, de forma clara y precisa, esta circunstancia que, caso de así apreciarse, puede ser impugnada ante la jurisdicción contencioso administrativa en tiempo oportuno.
La base de los derechos humanos reside en la dignidad de la persona, del ser humano. Dignidad que, en última instancia, refleja la trascendencia funda esta excelsa cualidad de las personas que las hacen siempre principio y medida y que impiden que la persona pueda ser tratada como una cosa, tal y como hoy, también en tiempos de pandemia, se la considera en tantas latitudes. En este marco se entiende que exista una referencia superior al propio hombre, a la propia mujer, de la que parten esos derechos que se basan en la esencia del ser humano y de los que nadie puede prescindir. Que hay valores que no son manipulables por nadie es la verdadera garantía de nuestra libertad y de la grandeza del ser humano. Y para que esos valores estén protegidos del uso político o partidario interesa que sean incondicionales.
Cuándo se condiciona el derecho a la vida o a la libertad en cualquiera de sus expresiones, entonces ingresamos al mundo de la arbitrariedad, de la selva, de la lucha de los fuertes contra los débiles. Nos instalamos en un ambiente de ausencia de reglas o, en todo caso, en un mundo en el que los poderosos imponen sus designios frente a los desvalidos. Algo que, entre nosotros, ha tomado tal carta de naturaleza, que es el principal obstáculo para democratizar nuestra democracia. Hoy, desde luego, en una situación de excepcionalidad, más amenazada que nunca.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Los derechos fundamentales en tiempos de covid-19
La propagación del coronavirus y sus letales efectos en todo el mundo invitan a reflexionar sobre la situación de los derechos humanos en este tiempo de prueba. En efecto, a pesar de los pesares, ahora con más intensidad, observamos impotentes la realidad de tantos millones de personas en el tercer mundo, también en este primer mundo, en el que tantas viejas y nuevas esclavitudes mantienen en estado de sumisión y vasallaje, en ocasiones en jaulas de oro, a tantas y tantos seres humanos.
La protección de la Constitución a todos los españoles en el ejercicio de los derechos humanos exige una acción positiva de los poderes públicos, también en tiempos de emergencia sanitaria, que el propio texto constitucional explicita en multitud de parágrafos. Sin embargo, lo que ahora me interesa destacar es que los poderes públicos, con más motivo en una situación de excepcionalidad, tienen una función constitucional de promocionar, de promover, de facilitar que todos los españoles puedan ejercer en libertad solidaria los derechos humanos.
En este contexto, me parece que el artículo 10.1 constitucional cuando se refiere, desde el punto de vista técnico-jurídico a los derechos humanos, utiliza la expresión “derechos inviolables que le son inherentes”. Redacción que, a las claras, permite afirmar que la Constitución entiende que existen derechos innatos, que nacen con la persona, que son susceptibles de una especial protección y que el Estado debe reconocer, defender y proteger en la medida que constituyen patrimonio indivisible de la persona humana. En situaciones de normalidad y, con las limitaciones que sean adecuadas, idóneas, en tiempos de un Estado de alarma que no puede, al contrario de la que ha acontecido, nada menos que suspender derechos fundamentales.
En efecto, los derechos humanos o fundamentales constituyen una de las claves hermenéuticas de la Constitución y, como dispone el citado artículo 10.1, configuran, junto a la dignidad de la persona, los derechos de los demás y el libre desarrollo de la personalidad el “fundamento del orden político y la paz social”. Es decir, hoy por hoy, en un Estado social y democrático de Derecho, los intereses generales del pueblo español residen en el ejercicio efectivo, por parte de todos los españoles, de los derechos humanos. Hoy, con una pandemia a cuestas, la realidad nos demuestra que quienes precisamente más tenían que proteger y defender esos derechos humanos, son, han sido, quienes más los han violado, acudiendo a una cláusula general y abstracta de intervención por razones de salud pública que, sin concreción y precisión, se ha convertido en un espacio de tiranía y despotismo de la que habrán de dar cuentas en no mucho tiempo.
Los derechos fundamentales, salvo el derecho a la vida, fundamento, principio y fin de la democracia y del Estado de Derecho, no sólo no son absolutos, sino que son limitados y esas limitaciones hacen posible que más personas disfruten de derechos. Es el caso de la limitación, nunca suspensión o lesión de su contenido esencial, de la libertad de circulación, en el caso del Estado de alarma. El resto de los derechos claro que pueden, que deben ser ejercidos, en el marco de las medidas ee protección propias de una emergencia sanitaria. Impedirlo, u obstaculizarlo, grosera o sutilmente, es antidemocrático y expresa una concepción autoritaria de la política que esperemos desaparezca cuanto antes de la faz de la tierra.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana