El Estado y los derechos sociales fundamentales
Los derechos fundamentales de la persona disponen de diferentes posiciones jurídicas que se corresponden con las funciones de defensa, de protección y de prestación de la dignidad humana. Es verdad que es más complicado dotar de aplicabilidad inmediata a las prestaciones positivas necesarias para la satisfacción de los derechos fundamentales, sean de libertad sean sociales. En cambio, en el marco de la función de defensa no existen tantos problemas. En los supuestos de promoción y protección, especialmente cuando no hay norma constitucional ni del legislativo que concrete el contenido de estos derechos la tarea no es sencilla.
La separación de los poderes del Estado impide que el poder judicial asuma funciones de gobierno o de ejercicio de dirección política pues las elecciones políticas son propias del poder legislativo, lo que no quiere decir que incluso en estos casos tenga que negarse la posibilidad de control judicial. La cuestión es clara: hay unos límites que el poder judicial no puede traspasar. Por eso, en la función de defensa (prohibición de intervención estatal) de los derechos fundamentales sociales la aplicabilidad inmediata es máxima.
Ahora bien, en el marco de los deberes de protección contra la actuación de otros particulares y de promoción de prestaciones fácticas positivas, el contenido de prestaciones que integran el mínimo existencial son siempre y en todo caso exigibles ante cualquier Juez o Tribunal a través de cualquier instrumento procesal con independencia de la existencia de disponibilidades presupuestarias o de estructura organizativa pública, pues afectan al contenido de la mínima dignidad posible, aquella que diferencia al ser humano de los animales irracionales o de los simples objetos o cosas.
Siendo como es el mínimo vital el techo mínimo, no el techo máximo de los derechos fundamentales, parece razonable admitir la reivindicación de pretensiones jurídicas derivadas de derechos fundamentales sociales no incluidas en el mínimo existencial. Por tanto, las prestaciones estatales fácticas y positivas en materia de derechos sociales fundamentales ordinarios, aquellos que van más allá del mínimo existencial, pueden ser invocadas ante los Jueces y Tribunales pues estos derechos fundamentales gozan de la protección de su contenido esencial bien sea por reconocimiento expreso en la Constitución, por norma legal que lo desarrolle o por mor de la argumentación racional realizada por el Tribunal Constitucional a partir de los elementos cruciales de la misma Constitución.
En tiempos de pandemia, de emergencia humanitaria, la cobertura del derecho al mínimo vital digno para las personas que realmente lo precisan, es una obligación del Estado, de los Podrees públicos.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Dignidad humana y participación política
La persona se constituye en centro de la acción pública. No la persona genérica o una universal naturaleza humana, sino la persona concreta, cada individuo, revestido de sus peculiaridades irreductibles, de sus coordenadas vitales, existenciales, que lo convierten en algo irrepetible e intransferible, precisamente en persona.
En efecto, cada persona es sujeto de una dignidad inalienable que se traduce en derechos también inalienables, los derechos humanos, que han ocupado, cada vez con mayor intensidad y extensión, la atención de la política democrática de cualquier signo en todo el mundo. En este contexto es donde se alumbran las nuevas políticas públicas, que pretenden significar que es en la persona singular en donde se pone el foco de la atención pública. Cada mujer y cada hombre son, deberían ser, el centro de la acción pública. Y en el campo de los derechos fundamentales de la persona, nombre con el que se denominan los derechos humanos al interior de los Estados, hoy cobra especial fuerza la perspectiva participativa, además como derecho componente del derecho fundamental a la buena administración pública. Un derecho, por cierto, que debiera incluirse también en el listado de los derechos fundamentales de nuestra Carta Magna.
La ausencia de la persona, del ciudadano, de las políticas públicas de este tiempo, explica también que a pesar de la existencia de tantas normas promotoras de esquemas de participación, ésta se haya reducido a un recurso retórico, demagógico, sin vida, sin presencia real, pues la legislación no produce mecánica y automáticamente la participación que, en todo caso, será consecuencia de temple cívico y de la educación democrática de la ciudadanía.
La participación la entendemos no sólo como un objetivo que debe conseguirse: mayores posibilidades de participación de los ciudadanos en la cosa pública, mayores cotas de participación de hecho, libremente asumida, en los asuntos públicos. La participación significa también un método de trabajo social que aspira a que en el corazón de las políticas públicas, en su definición, análisis, implementación y evaluación, este presente la ciudadanía.
La determinación de los objetivos de las políticas públicas no puede hacerse realmente si no es desde la participación ciudadana. La participación ciudadana se configura, por tanto, como un objetivo público de primer orden, ya que constituye la esencia misma de la democracia. Una actuación política que no persiga, que no procure un grado más alto de participación ciudadana, no contribuye al enriquecimiento de la vida democrática y se hace, por lo tanto, en detrimento de los mismos ciudadanos a los que se pretende servir. Pero la participación no se formula solamente como objetivo, sino que exige la práctica de la participación como método.
La participación, en efecto, supone el reconocimiento de la dimensión social de la persona, la constatación de que sus intereses, sus aspiraciones, sus preocupaciones, trascienden el ámbito individual o familiar y se extienden a toda la sociedad en su conjunto.
Afirmar por tanto la participación como objetivo tiene la implicación de afirmar que el ser humano debe ser dueño de sí mismo y no ver reducido el campo de su soberanía personal al ámbito de su intimidad. Una vida humana más rica, de mayor plenitud, exige de modo irrenunciable una participación real en todas las dimensiones de la vida social, también en la política.
En este sentido la participación no puede garantizarse solamente con decretos ni con reglamentos. Sólo hay real participación -insistimos- si hay participación libre. De la misma manera, la solidaridad no puede ser obligada. Esta relación de semejanza entre participación y solidaridad no es casual, por cuanto un modo efectivo de solidaridad, tal vez uno de los más efectivos, aunque no sea el más espectacular, sea la participación, entendida como la preocupación eficaz por los asuntos públicos, en cuanto son de todos y van más allá de nuestros exclusivos intereses individuales.
Ahora bien, al calificar la participación como libre nos referimos no sólo a que es optativa sino también a que, en los infinitos aspectos y modos en que la participación es posible, es cada persona quien libremente regula la intensidad, la duración, el campo y la extensión de su participación. En este sentido, la participación -al igual que la solidaridad- es el resultado de una opción, de un compromiso, que tiene una clara dimensión ética, ya que supone la asunción del supuesto de que el bien de todos los demás es parte sustantiva del bien propio. Pero aquí nos encontramos en el terreno de los principios, en el que nadie puede ser impelido ni obligado.
La realidad demuestra que la participación depende en buena medida del reconocimiento de la autonomía personal. Sin autonomía personal es imposible la responsabilidad personal y comunitaria. Por eso, cuándo se afirma que el ser humano debe ser dueño de sí mismo establecemos la premisa fundamental para que descubra que su participación en todas las dimensiones de la vida social y política es el imperativo ético que procede de su autonomía y que le impulsa hacia una vida humana más equilibrada y plena.
Si se considera que uno de los objetivos esenciales de las nuevas políticas públicas es la participación, debemos llamar ahora la atención sobre el hecho de que la participación se constituye también como método para la realización de esas políticas. Por tanto, es menester mejorar los canales de participación social para que la gestión y administración de los intereses generales sea más participativa.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Los derechos sociales fundamentales
Los derechos sociales fundamentales pueden estar previstos en la Constitución como tales, no es lo más frecuente, o pueden derivarse de una argumentación racional a partir de las bases mismas de la Constitución en relación con los postulados del Estado social y democrático de Derecho y de la centralidad de la dignidad del ser humano. Por ejemplo, la Constitución española alberga en su seno normas contradictorias porque si se reconocen estos valores constitucionales, no es coherente reconocer derechos sociales fundamentales desde la perspectiva de principios rectores de la vida económica y social únicamente exigibles en virtud de norma que lo prevea.
Es verdad que la legislación infraconstitucional en materia de derecho a la salud o derecho a la educación reconoce derechos subjetivos a los ciudadanos en estas materias que podrán reclamarse en los Tribunales, pero sin la especial protección que la Constitución dispensa a los derechos fundamentales. En el caso de que ni siquiera existan normas del poder legislativo, si no aplicáramos la doctrina de aplicación o eficacia directa de los derechos sociales fundamentales, se estaría reconociendo desde el interior de la Constitución su imposibilidad de implementación en un aspecto básico como es el despliegue de la función promocional y removedora de los Poderes públicos. Es decir, la Constitución contendría en su seno normas materialmente inconstitucionales.
En el caso de que no haya normas legislativas que regulen los derechos fundamentales, negar su efectividad sería gravemente incongruente con las bases del Estado de Derecho por lo que al menos ante el Tribunal Constitucional tal situación podría analizarse. Además, según la Constitución española, las normas que regulan estos derechos deben respetar su contenido esencial, de forma y manera que se reconoce que hay un núcleo básico de indisponibilidad que es precisamente el ámbito propio en el que se ubica la dignidad humana. Tal aserto se predica también de los derechos sociales fundamentales porque son derechos de esta naturaleza y, por ello, gozan también de un espacio especial de contenido esencial que responde a la esencia misma de la dignidad humana y que debe poder ser desplegado por el titular del derecho social fundamental de que se trate, con independencia de si hay o no regulación legislativa. ¿O es que la persona, el ciudadano debe esperar para ejercer sus derechos fundamentales la reglamentación normativa?.
Jaime Rodríguz-Arana
@jrodriguezarana
Entendimiento en tiempos de coronavirus
Una de las características que mejor define los sistemas ideológicos cerrados que protagonizaron buena parte del siglo pasado, que tanto daño provocaron a tanta gente, y que ahora regresan de la mano de la excepcionalidad de la crisis sanitaria, es el enfrentamiento como metodología de acción política. En efecto, estos sistemas pretendieron aplicar unilateralmente a la realidad determinadas teorías inspiradas en esquemas ideológicos conformados de forma abstracta que se aplicaron unilateralmente, sin contraste, a la realidad, con las consecuencias que todos conocemos, incorporando a su núcleo doctrinal el enfrentamiento como método, lo que significó, obviamente, confrontación, desencuentro y búsqueda de lo que diferencia y separa por encima de todo. Hoy, en plena crisis del coronavirus ya no disimulan.
En este ambiente, las normales y lógicas discrepancias inherentes a la vida política se convierten en el centro sustantivo de la vida democrática, desvirtuándola y desnaturalizándola gravemente. Sobre todo, cuándo semejante esquema de contrarios y oposiciones se aplica, con ocasión y sin ella, a todos los aspectos de la vida política, económica y social. Por eso, quienes no quieren el acuerdo, quienes no están por el entendimiento, concebido como medio y no como fin, intentaran boicotear como sea el necesario clima de consenso que hoy debe estar presidido por el único objetivo común: salvar vidas humanas y después reconstruir el país.
Nuestra experiencia política reciente, la transición política a la democracia, demuestra hasta la saciedad que tal esquematización maniquea es tan falsa como la clasificación de los partidos políticos entre buenos y malos. Con procedimientos de análisis de este corte, que divide a la sociedad entre tirios y troyanos, la persona queda subordinada a su ubicación en el espectro ideológico. De esta forma, se olvida lo más importante, lo que las personas normales reclamamos a los dirigentes en este tiempo de pandemia: que se ocupen en exclusiva del único objetivo: curar a los enfermos, detener el coronavirus y después proceder a la reconstrucción nacional.
Resulta en verdad dificil en una sociedad democrática pretender la disyuntiva que algunos plantean a los ciudadanos cultos e informados de cualquier sector: o eres de los nuestros o estás contra nosotros. En cambio, cuándo las personas son la referencia del sistema de organización político, económico y social, entonces aparece un nuevo marco en el que la mentalidad dialogante, la atención al contexto, el pensamiento reflexivo, la búsqueda continua de puntos de convergencia y la capacidad de conciliar y sintetizar sustituyen a la obsesión por el enfrentamiento. El acuerdo será una filfa si no se antepone al cálculo político el combate al virus y la salida de la crisis en las mejores condiciones.
El método del entendimiento, que tan buenos resultados arroja cuando se practica sin prejuicios, y cuando se funda y explica sin miedo, es menester que vuelva a presidir la vida política, pues, de lo contrario, nada bueno puede derivarse de esa perversa manía de cerrar puertas y abrir heridas que ahora, desgraciadamente, ha vuelto a tomar protagonismo de forma sutil en la forma en que se maneja la crisis desde la cúpula.
Precisamos que el método del entendimiento, compatible, solo faltaría, con las diferencias, a veces incluso graves, sustituya en la substanciación de la vida democrática a las bipolarizaciones dogmáticas y simplificadoras del pensamiento único, estático y cerrado que vuelve de nuevo por sus fueros.
Obviamente, para los acuerdos que se persiguen será necesaria mucha discusión y debate, muchas conversaciones, muchos momentos críticos. Para eso los dirigentes parlamentarios no deben hurtar la discusión evitando el trágala y convirtiendo los acuerdos en un contrato de adhesión.
Si los actores políticos pensaran de verdad en el bienestar de los españoles y no en prácticas de manipulación para que gane su posición, los acuerdos serían muy sencillos. Cuanta “ideologitis” se ha inoculado en este tiempo y cuanta desideologización precisamos. Ojala quienes son ahora los representantes de sus conciudadanos de verdad antepongan, eso que tanto pregonan del interés general, a los intereses partidarios.Ojala.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Derechos sociales fundamentales y crisis sanitaria
El ser humano, decía Kant, no debe ser tomado nunca como medio, sino como fin. En tiempos de pandemia con mayor razón. Si lo que buscamos es un crecimiento en libertad, en humanidad en definitiva, hoy tan necesario a la vista del autoritarismo, solo podrá hacerse realidad ese objetivo, si cada uno se hace protagonista de sus acciones y de su desarrollo, y posibilita con su actuación que los demás también lo sean.
Los derechos fundamentales de la persona son derechos que conceden a sus titulares un conjunto variado de posiciones jurídicas dotadas de tutela reforzada y que imponen al Poder público una gama diversificada de obligaciones correlativas a las diferentes funciones derivadas de cada una de dichas posiciones jurídicas. Desde esta perspectiva debemos afirmar que la aplicabilidad inmediata es la misma en el caso de los derechos fundamentales individuales que en los sociales, por más que las técnicas a emplear puedan varias. Dichas variaciones se derivan de la diversidad de funciones incardinadas en cada derecho. No es que en un caso estemos en presencia de derechos de defensa y en otro de derechos prestacionales, el problema es que los derechos fundamentales son una categoría única que admite una expresión multifuncional. En otras palabras, es necesario comprender los derechos fundamentales, todos, desde la perspectiva de un todo, de manera que cada derecho fundamental presenta un conjunto de posiciones jurídicas fundamentales de dónde se derivan funciones de respeto, funciones de protección y funciones de prestación. Hoy, tales consideraciones son especialmente importantes pues los Poderes públicos, deben proteger, defender y promover con intensidad la dignidad humana y todos y cada uno de los derechos fundamentales de las personas.
El hecho de que la aplicabilidad inmediata de los derechos sociales fundamentales, reconocidos “ad hoc” o por conexión, por argumentación racional del supremo intérprete de la Constitución, o por recepción de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, caso del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cueste más dinero no quiere decir, ni mucho menos, que deba demorarse. Es solo una cuestión accidental, que no afecta a la sustancia. Y como lo accidental o formal debe seguir a lo sustancial o material, lo lógico es orientar las estructuras de facilitación de estos derechos colocando el presupuesto público a su servicio y no al revés.
Seguramente, a partir de ahora los deberes de prestación de en relación con estos derechos sociales fundamentales van estar mejor organizados y mejor gestionados para prever mejor los riesgos y evitar el espectáculo de ineptitud, incapacidad y mala praxis que la realidad este tiempo en tantos países días muestra para nuestro bochorno y reflexión.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
La calidad de los gobiernos en tiempos de covid-19
La calidad de la democracia y de la calidad del gobierno hoy, en tiempos de pandemia, se presenta de nuevo ante nosotros de manera inquietante. Un desafío al que debemos responder desde la raíz: mientras el ser humano no sea el principio y el fin de la acción de los poderes públicos y privados, poco se podrá hacer. Se podrán poner parches, remiendos, pero nada más. Igual que los derechos fundamentales de la persona son individuales y también sociales, hoy las exigencias del pensamiento abierto y complementario invitan a propuestas y formulaciones más equilibradas, más humanas, más éticas. Propuestas y formulaciones que hagan posible que la democracia sirva de verdad para el desarrollo real de las libertades solidarias de las personas. No para consolidar, de forma más o menos sutil, el gobierno de una minoría, por una minoría y para una minoría.
No hace mucho Ulrich Beck comentaba que es necesario reinventar la democracia a nivel transnacional pues muchas decisiones no se toman ya a nivel local, lo que significa que la mayor parte de las medidas que se adoptan presentan peligrosas formas unilaterales. A juicio de este eminente sociólogo fallecido hace pocos años, tenemos que pensar que tipos de elementos de la democracia tradicional se pueden utilizar para que aquellos que toman las decisiones a nivel global sean responsables, sepan que hay controles eficaces y que deben dar cuentas a la ciudadanía de sus resoluciones. Si hoy no se responde en tantas instancias supranacionales sencillamente es porque no hay ante quien responder. Si hoy ciertas decisiones no son controlables, el peligro de la corrupción es evidente. Sin responsabilidad, sin control y sin presencia ciudadana, el sistema democrático es una quimera. Hoy, las palabras irrecurribilidad, irresponsabilidad o inimpugnabilidad en relación con ciertas decisiones globales empiezan a producir lógica inquietud en quienes confían en un sistema basado en el principio de juridicidad, en la separación de poderes y en el reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona como principal manifestación de la dignidad del ser humano.
En efecto, si no hay separación entre los poderes a nivel global, porque existe un obvio predominio del poder financiero o del poder ejecutivo, fallan las bases del Estado de Derecho. Si esas decisiones, además, no se confeccionan en el marco de la participación del pueblo, entonces adolecen de una ausencia preocupante de legitimidad y de un preocupante tufo autoritario. Hoy, las fuentes de estas nuevas reglas se reducen a la racionalidad técnica y al “expertise”, despreciando, más o menos sutilmente, el principio de juridicidad. Si a eso añadimos que tampoco existe un poder judicial a nivel global, entonces tenemos que empezar a preocuparnos y diseñar un modelo democrático a nivel global, empezando por los espacios supranacionales, buscando que economía y derecho caminen en la misma dirección. Democratizar la democracia y desmercantilizar el mercado: dos desafíos fundamentales del momento en tiempos de pandemia que Beck supo atisbar tiempo atrás y que sin embargo, por no plantearse desde el humanismo crítico, abren de nuevo las puertas a nuevos populismos y nuevas demagogias tal y como constatamos, también entre nosotros.
En fin, precisamos, a la vista de la forma en que se ha gobernado, y se gobierna, en tiempos de pandemia, reformas de calado que ayuden a que el espíritu y la sabia democrática inspiren y alimenten la vida política y social en nuestro país. Necesitamos medidas regeneracionistas, pero sobre todo, necesitamos que las cualidades democráticas presidan la vida y el comportamiento de los ciudadanos. Si a través de la educación en la escuela y en la familia conseguimos que las nuevas generaciones dispongan de una mayor calidad en el ejercicio de sus derechos y también de un mayor compromiso cívico con la democracia, entonces las cosas empezarán a cambiar. Seguro.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Globalización de la pandemia
Cuando se habla de globalización, de internacionalización, de universalización o de mundialización se pretende reflejar una característica elemental de la naturaleza de las relaciones actuales que está transformando la realidad desde hace tiempo. Sin embargo, la globalización más importante es la de las mentes de las personas, en muchos casos atrapadas en la esclavitud de la ideologitis, en la obsesión por lo unilateral, por el pensamiento único, por la verticalidad y el oficialismo.
Hoy, en este tiempo de crisis global por la pandemia entendemos con una luz nueva que es decisivo para vivir con dignidad en estos tiempos, cultivar la mentalidad abierta y esa capacidad para “ver” personas, para proteger y defender a los seres humanos en los diferentes campos del trabajo moderno. De lo contrario, la globalización podría traer consigo una de las más insoportables dictaduras jamás sospechada: el uso de las personas al servicio de esa ideología que tanto daño hace: usar y tirar a las personas en función de las necesidades de las tecnoestructuras, también de las partidarias.
La pandemia del coronavirus es una cuestión global que afecta a toda la humanidad. Una pandemia que debería ser combatida con los estándares más elevados de la gobernanza global. Sin embargo, salvo excepciones, estamos contemplando la clamorosa ausencia de previsión de la epidemia en muchos países por parte de la Autoridad sanitaria. Más bien, estamos sorprendidos ante la ineptitud, negligencia e incompetencia en la gestión pública por parte de muchos de quienes están al frente de tantos gobiernos en estas horas difíciles.
Por eso, precisamos normas globales que definan altos patrones y estándares de buen gobierno, especialmente en situaciones de crisis. No puede ser que por un mal gobierno o una mala administración en estas situaciones mueran más personas a causa de la negligencia e incompetencia de responsables políticos al más alto nivel. Lo que estamos contemplando en tiempo real en tantos países, en el nuestro de forma alarmante semanas atras, no puede volver a pasar. De ninguna manera. Es una pena, pero donde haya jueces independientes, la responsabilidad sera la consecuencia lógica de tanto desmán, de tanta negligencia.
Esta crítica situación por la que atravesamos subraya que lo realmente importante es construir un sistema de globalización dónde la sensibilidad humana sea un elemento esencial. O si, se quiere, que globalización y humanismo vayan de la mano, como si fueran las dos caras de un mismo fenómeno, como si fueran las dos caras de una moneda. Algo que, la menos hasta ahora, ha brillado por su ausencia y que ojala una vez que superemos la pandemia se instale de verdad entre nosotros.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
La libertad se ejerce también en tiempos de pandemia
En un tiempo de excepción, de confinamiento, de incertidumbre, de crisis, de dominio de lo mediático, de excesos del intervencionismo, y de baja intensidad del pensamiento crítico, conviene subrayar la centralidad y radicalidad de las libertades, de los derechos humanos y de la dignidad personal como valores que preceden al poder y al Estado. Sabemos, y muy bien, que los derechos humanos y las libertades no son, ni mucho menos, de creación estatal. Menos todavía que sean otorgadas discrecionalmente por los gobernantes: son derechos y libertades innatos al hombre y, por lo tanto, no sólo deben ser respetados por el legislador y el gobierno, también en tiempos de crisis graves como los que vivimos, sino promovidos por los poderes públicos y los privados. Tienen la configuración jurídica de valores superiores del Ordenamiento y deben inspirar el entero conjunto del Derecho positivo.
Los derechos fundamentales son derechos que derivan de la dignidad del ser humano y fundamentan la propia condición personal. Son, por ello, intocables, inviolables, indisponibles para legisladores y gobiernos. Son valores que nadie puede ni debe manipular, que nadie puede, ni debe, violentar. El derecho a la vida, la libertad de expresión y tantos otros derechos y libertades fundamentales de la persona han de ser la garantía de la preservación y respeto de la libertad solidaria del ser humano y el ambiente natural en el que los ciudadanos convivan pacíficamente. Alexy los ha llamado derechos subjetivos de especial relevancia porque no dependen de las mayorías ni de las minorías.
No hace mucho asistimos sobrecogidos a los horrores del nazismo, del fascismo o del comunismo, y de su concepción totalitaria basada en la quiebra absoluta del predominio universal de los derechos humanos. Hoy, cuando el horizonte se vislumbra con tonalidades oscuras y ciertamente tenebrosas por la fuerte la presión de la dictadura de lo correcto y eficaz, los que mandan tienen un miedo y temor reverencial a la verdad y a la transparencia y mucha gente, que le vamos a hacer, vive presa del dogma mediático, hoy en manos de los sumos sacerdotes de esa tecnoestructura que reparte a diestro y siniestro certificados de admisión al espacio público. En este contexto, a través del populismo y del intervencionismo radical, provocado desde las terminales del dominio del poder, se asoma una nueva e inquietante forma de totalitarismo que puede cuajar a causa de la fragilidad de la defensa del ejercicio cívico de las libertades y los derechos fundamentales.
En este ambiente, y a pesar de los pesares, debe levantarse la voz a favor de la incondicionalidad e indisponibilidad de los derechos humanos y, sobre todo para practicarlos todos los días. No es difícil, pero para vencer esta sombría forma de amedrentamiento vertical no hay más remedio que ejercer el pensamiento crítico peleando contra la “ideologitis”, ese virus tan contagioso que hoy enferma a muchas personas y que les impide ver la realidad tal cual es.
En fin, son buenos tiempos para empeñarse en la apasionante aventura de la conquista diaria de la libertad, hoy, como antaño, de moda, puesto que la impronta totalitaria se asoma a la escena y, de nuevo, se aprovecha de la debilidad de toda una sociedad, amordaza, impotente y sin recursos morales. Practiquemos a diario la libertad y nos curaremos de esa enfermedad tan grave, y contagiosa que es el pensamiento único, plano, acrítico, que todo lo justifica, sin contraste alguno Insisto, si no nos entrenamos en las libertades todos los días, alguien lo hará por nosotros, y no precisamente a nuestro favor. Será a favor del control y la manipulación, que es, lamentablemente, la gran batalla de este tiempo.
Jaime Rodríguez-Arana
Seguridad y libertad
El dilema entre libertad y seguridad, entre seguridad y libertad, está a la orden del día, especialmente en una situación de excepcionalidad como la que vivimos. En tal tensión, parece que las libertades ceden o quedan en peor posición que la actividad de vigilancia o control. El terrorismo y la delincuencia organizada, cada vez más presentes en tantas latitudes del globo, aconsejan, es verdad, que la denominada actividad de orden público cobre mayor intensidad. Y, hoy, para combatir la pandemia del COVID-19, el confinamiento a la que hemos sido sometidos y las posibilidades de la geolocalización para detener los contagios, plantean muchos interrogantes desde la perspectiva de la defensa y protección de la privacidad, de nuestros datos personales.
La regla general es que estas intervenciones deben contar con el consentimiento ciudadanos y que en su aplicación se preserve la identidad de las personas y sus datos personales. Algo que no siempre se puede garantizar completamente. Si el Estado puede investigar o conocer, aprovechando estas situaciones, tendencias políticas, gustos, aficiones, lecturas….de los ciudadanos, entonces el mundo orwelliano, ya entre nosotros, hará posible las delicias de los manipuladores y controladores de la vida social de las personas, bien presentes entre nosotros desde hace tiempo.
En efecto, las continuas y permanentes apelaciones a la seguridad y a la eficacia para proteger de la delincuencia y el terrorismo a los ciudadanos, ahora para el combate organizado a la pandemia, implican un fuerte dispositivo burocrático a partir del cual se limitan y restringen, a veces injustificadamente, las libertades humanas. Claro que la denominada actividad administrativa de policía puede ser, en determinados momentos, más necesaria, en este tiempo del coronavirus por ejemplo. Pero incluso en tales ocasiones la actividad de gestión del orden público no puede dejar desprotegida la intimidad o la libertad de las personas. El dilema seguridad-libertad, hoy por ejemplo bien presente, no puede solucionarse con recortes generalizados y masivos de las libertades, sino con intervenciones puntuales en los derechos de las personas, justificados y basados en argumentaciones racionales vinculadas a un preciso y concreto interés general que, en todo caso, debe hacer imposible técnicamente el manejo de los datos de las personas sin su consentimiento. Intervenciones que cuándo cesan las causas que las motivaron, cesan de inmediato, rindiendo cuentas a quienes las autorizaron de uso durante el tiempo en que estuvieron en vigor.
En un Estado de Derecho las técnicas de restricción o de limitación de as libertades deben estar amparadas en la ley y, sobre todo, operar en el mundo de lo concreto. Por eso, quienes conocen bien la actividad administrativa de limitación que realizan las Administraciones públicas en la esfera jurídica de los particulares, saben que solo son admisibles intervenciones concretas y siempre justificadas. Si quien pretende intervenir las comunicaciones de una persona por razones de urgencia o emergencia sanitaria es una Autoridad pública, sabe que después, siempre y en todo caso, un juez o Autoridad independiente va a revisar las razones de la urgencia, es probable que se actúe con sentido de la proporción. Si, por el contrario, la interpretación de la urgencia queda a su libre albedrío o al del superior jerárquico sin más, sin control alguno, entonces de nuevo estaremos, o volveremos, al Estado policía.
La cuestión reside en adoptar con prudencia y sentido de la proporción medidas de seguridad que no debiliten la posición central del ciudadano. Es difícil ciertamente. Pero hoy es exigible que la libertad no se subordine a la seguridad o a la eficacia pues entonces estaremos perfectamente instalados en un Estado policial en el que el comercio y distribución clandestina de esos datos puede dar lugar a un orwelliano mundo de manipulación y control social de dimensiones incalculables. No son cosas de las películas, sino de la real realidad,tal y como comprobamos a diario entre nosotros.
Jaime Rodríguez-Arana
Personas y coronavirus
Primero, las personas, después, las estructuras. Las condiciones de vida de las personas, de los ciudadanos, de la población, ahora la salud de la población, el cuidado de los enfermos y la detención del coronavirus o el reconocimiento de los fallecidos, los grandes olvidados de gestión de la pandemia, deben ocupar, más que nunca, el lugar central en el proceso de la toma de decisiones, tanto en el ámbito público como en el privado. En una época de crisis, con mayor razón.
Cuando las personas son la referencia del sistema de organización político, económico y social, aparece un nuevo marco en el que la mentalidad dialogante, la atención al contexto, el pensamiento reflexivo, la búsqueda continua de puntos de confluencia, la capacidad de conciliar y de sintetizar, sustituyen en la substanciación de la vida democrática a las bipolarizaciones dogmáticas y simplificadoras, y dan cuerpo a un estilo que, como se aprecia fácilmente, se distingue fundamentalmente por entender la acción política como un ejercicio de mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, como un compromiso constante por atender de forma primaria y completa a las personas alas que la pandemia afecta tan desfavorablemente, con especial referencia a los más frágiles y vulnerables. No como una forma de control social o una operación de propaganda que esconde la real realidad a como de lugar.
Para la política ideologizada, la que hoy se practica, lo primordial son las ideas, las proclamas y las consignas, para la política moderada lo fundamental son las personas. Se afirma con frecuencia que “ todas las opiniones son respetables”. Aunque entiendo el sentido de la expresión cuando se emplea como manifestación de fe democrática, no puedo menos que asombrarme ante la constatación permanente de la inmensa cantidad de afirmaciones poco fundamentadas que cada día, lo registramos desde hace ya bastantes semanas, desde distintas terminales se emiten y reclaman patente de corso calificando al crítico como antipatriota o desleal. Sin embargo, propiamente, a quien es debido el respeto es a la persona, a los enfermos, al personal sanitario, a los médicos, a los contagiados y, especialmente a los miles de muertos a quienes incomprensiblemente se ha negado el reconocimiento diario al que tienen derecho. España les debe mucho y lo menos que podemos hacer es agradecérselo de verdad. Se lo merecen y han sido los grandes olvidados de este tiempo.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana