La autovigilancia, en materia anticorrupción es difícil pues, como ya adelantó Platón hace ya mucho tiempo, hacer el bien no es tan fácil cuando un mayoría social está equivocada o pretende hacer el mal. Es decir, la autovigilancia es bien complicada que pueda sobrevivir en situaciones de corrupción institucionalizada o  generalizada.
 
En fin, mucho se ha hablado en estos años de la importancia, por ejemplo, de las Comisiones de Investigación en los Parlamentos o de las normas que previenen el blanqueo del dinero. Son iniciativas loables pero que si no van acompañadas de un deseo real de instaurar la limpieza en la vida pública, no resuelven realmente el problema.
 
 
Los códigos deontológicos se han entendido por algunos como la barrera que aleja de nosotros el peligro de la corrupción. Sin embargo, los códigos deontológicos se muestran más bien como una exigencia de la transparencia democrática, como una garantía mínima en la limpieza de los comportamientos, como una objetivación pública de las actuaciones que pueden ser calificadas como éticas.
 
Donde la vida moral se resuelve es en la intimidad de la intención o, empleando una metáfora tradicional, en el corazón del hombre.  Cuántos y qué graves males son atribuibles a las buenas intenciones acompañadas de ignorancia. Cuando se juntan buena intención e ignorancia, la primera alfombra y justifica el camino de despropósitos que emprende la segunda, y ésta –en su inoperancia- es incapaz de descubrir el fingimiento o la perversión de la primera.
 
Por tanto la condición ética de la vida política no se dilucida únicamente en los comportamientos externos, no se reduce al seguimiento de las pautas que recogen los códigos deontológicos. Pero la dimensión pública de la vida política, la exigencia democrática de transparencia, obliga al cumplimiento exacto de esos códigos, tácitos o explícitos.
 
Sin embargo, la dimensión ética y moral de la política y de los políticos va más allá. Por eso nadie está legitimado para hacer juicios morales sobre nadie. Juzgar las conductas, que es una obligación política consustancial a las tareas públicas, no equivale a juzgar a las personas; criticar las conductas no puede confundirse  con la crítica a la persona. Algo, que sin embargo, brilla por su ausencia en este tiempo.
 
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana