Una de las cuestiones de mayor calado que tiene planteada la ciencia política se refiere al papel de los ciudadanos en el entramado político-social en que nos ha tocado vivir. Es verdad que en un sistema democrático el gobierno es del pueblo y se realiza para y por el pueblo. Siendo esta afirmación  incontestable,  el presente muestra todos los días cómo dirigentes públicos, no pocos, aspiran a apropiarse de un poder que en un esquema democrático al pueblo pertenece en propiedad. En efecto, el poder público es de los ciudadanos. El titular de los poderes del Estado es el pueblo soberano, que encomienda su ejercicio a quienes administran los tres poderes del Estado,  de forma y manera que  permanentemente rindan cuentas de tal encargo. En un momento de crisis, con penurias y limitaciones por todas las esquinas, es lógico que la ciudadanía censure con radicalidad comportamientos de los políticos en los que tal apropiación se realiza para enriquecerse.
Los ciudadanos, pues, tienen una función bien relevante en la definición, análisis y evaluación de las políticas públicas. Han dejado de ser sujetos inertes que pasivamente recibían servicios y prestaciones públicas. Ahora, en el Estado social y democrático de Derecho, deben ser protagonistas, sujetos activos, personas que participan. El problema es que con frecuencia la participación no es más que un sueño,  una quimera. En la realidad  el pueblo no participa más que cuándo hay elecciones.
En este ambiente de control y manipulación social en que tantas veces se ha convertido la política para que ciertas personas experimenten las delicias del mando y de paso se enriquezcan, es menester reconocer que de vez en cuando aparecen noticias relevantes. Hoy traigo dos. La primera se refiere a unas recientes declaraciones del actual ministro de economía británico en la presentación de un proyecto normativo en cuya virtud la autoridad reguladora de la actividad financiera se reserva la potestad de suspender ciertas operaciones mercantiles cuando se estime que ponen en cuestión el sistema. En este contexto, el ministro de su Majestad afirmó que es el pueblo soberano el que ha rescatado a los bancos pues los fondos públicos dedicados a tal menester son de los habitantes. Es una magnífica reflexión que permite pensar hasta qué punto es  fraude social que los bancos que han sido salvados gracias a los fondos públicos restrinjan los créditos  las familias y pequeños empresarios y, sin embargo, sigan  financiando sin restricciones a  partidos políticos y  Administraciones públicas.
Segundo comentario. El consejo asesor de la reforma de la Administración en España va a tener, según las informaciones publicadas estos días, presencia de usuarios y consumidores. A mi personalmente me ha parecido muy bien habida de la importancia que tiene el pueblo en la determinación de los intereses generales. Es fundamental escuchar a los ciudadanos que utilizan los servicios públicos, a los ciudadanos que se relacionan con la Administración, especialmente con los órganos y dependencias que se pretenden eliminar por superfluas.
Estas iniciativas, obvias y evidentes por otra parte, no son frecuentes en el panorama político, social y económico del presente porque quienes están en la cúpula suelen olvidarse de cuál es su función más importante y ante quien  hay que rendir cuentas de las decisiones que se adoptan. Ojalá que pasemos de la teoría a la realidad. Si el poder público y las instituciones públicas o de interés general son del pueblo, no pasa nada, absolutamente nada, porque se pregunte a la ciudadanía qué piensa acerca de las decisiones más trascendentes  que conforman el espacio de la deliberación pública. Esperemos que en nuestro país esta tendencia no  se quede en agua de borrajas y prosiga su camino. Es, desde luego, otra forma de hacer política.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es