Una de las asignaturas pendientes de la reforma administrativa es, sin duda, la presencia de los ciudadanos en la definición, análisis y evaluación de los servicios y las políticas públicas.
Ciertamente, pocos son los gobiernos y administraciones que se han atrevido a dar participación ciudadana real en estas actividades de tanta trascendencia social. Por eso, la iniciativa del gobierno de Aragón de examinar anualmente el funcionamiento de los servicios públicos contando con la opinión de los usuarios debe enjuiciarse positivamente.
 
Es verdad que muchos gobiernos y administraciones tienen en marcha programas de evaluación de los servicios públicos, pero en muchas ocasiones lo que han hecho ha sido encargar esta tarea a alguna empresa privada que pasado el tiempo sirve en bandeja el resultado que más convenga al pagador del servicio. Y normalmente, hay excepciones por supuesto, tales resultados se infieren de complejos sistemas tecnocráticos en los que la presencia de los ciudadanos brilla por su ausencia.
 
Por eso, el programa del gobierno aragonés es especialmente relevante. Porque introduce en el corazón de la reforma administrativa, siempre permanente, a su principal protagonista, que es el ciudadano. El ciudadano tiene derecho, no sólo a opinar sobre los servicios que recibe de la administración pública, sino a proponer medidas de mejora. Tiene derecho a que la administración escuche permanentemente sus sugerencias, sus puntos de vista. Por la poderosa razón de que en la democracia el dueño del poder público, y de sus instituciones, es el ciudadano, a quien políticos y altos funcionarios deben rendir cuentas permanentemente acerca de cómo administran los asuntos generales, que son de la soberanía del pueblo.
 
Hoy, que tanto se habla, y se escribe, sobre el derecho fundamental de la persona a la buena administración pública,  reconocido enla Cartade los derechos fundamentales dela UniónEuropea y en la Carta Iberoamericana de los derechos y deberes del ciudadano ante la administración pública, es menester articular programas y proyectos en esta dirección. Es lógico que así sea porque la percepción ciudadana de la calidad de los servicios proporciona a la administración un dato de la realidad imprescindible para mejorar su funcionamiento.
 
No hace mucho, un célebre experto y experimentado reformador como Michel Crozier, famoso por su libro de la década de los sesenta del siglo pasado,” No se cambia la sociedad por decreto”, reconocía en uno de sus últimos ensayos que la reforma administrativa tiende a ser fagocitada por el escalón burocrático. La razón es obvia, si son los ciudadanos los que determinan el sentido de las políticas públicas y opinan sobre su eficacia y eficiencia, la cúpula tendrá que cambiar y mucho, y ya se sabe que ordinariamente, más en estos tiempos, las posiciones de poder y de mando son muy resistentes a los cambios.
 
En fin, en este mundo que nos ha tocado vivir, de profundos cambios, la ciudadanía, el pueblo, debe ser más consciente de su papel central en el sistema. Si el pueblo se duerme  sin reclamar su centralidad, otros tomarán su posición y dirigirán los acontecimientos, no a favor de la generalidad, sino de intereses particulares bien conocidos. Algo que durante la crisis ha sido obvio y que, ahora, tras el 25 M y el lento despertar de la ciudadanía, presenta nuevos y esperanzadores desafíos.
 
En fin, ojala que este proyecto autonómico de medición de la calidad de los servicios y políticas públicas contando con la ciudadanía sea un éxito. Ya va siendo hora de que la ciudadanía deja de ser la convidada de piedra de la que se aprovechan no pocos integrantes de las distintas tecnoestructuras y tome el poder que le corresponde, Entonces, si así aconteciera, muchas cosas dejarán de ser como hasta ahora. Muchas. Esa en las que los lectores están pensando.
 
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es