España registró en 2015 el peor dato de percepción de la corrupción de su historia. Algo que no sorprende debido al número de casos aflorados y al continuo conocimiento de escándalos que el año pasado ofreció a propios y extraños.
En el índice de corrupción de transparencia internacional para 2015 nuestro país se situó en el puesto 36 de un total de 168 países, con 58 puntos, dos menos que en el ranking de 2014.
Los índices de corrupción realizados por transparencia internacional se basan, es sabido, en encuestas a expertos, a líderes de multinacionales y a ciudadanos. Pues bien, para los ciudadanos españoles consultados, los resultados arrojados son similares a los de Grecia. Los españoles participantes en la encuesta piensan que en nuestro país la corrupción es general, a la altura de Grecia, la más alta de Europa.
Ciertamente, las medidas anticorrupción aprobadas en España en 2015 y 2016 han supuesto un avance en la transparencia de la financiación de los partidos políticos y en la tipificación de las conductas sobre la corrupción. Sin embargo, como advierte el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, GRECO para más señas, es necesario que las disposiciones adoptadas se pongan en práctica. No es suficiente, dice, con las iniciativas adoptadas para remediar las deficiencias técnicas de la legislación penal. Es menester resolver el problema del control de los ingresos de las fundaciones de los partidos políticos y también regular el delito de tráfico de influencias cometido por funcionarios extranjeros. Tampoco se ha tipificado con claridad el soborno a jurados y árbitros extranjeros y está pendiente la tipificación correcta de la solicitud, receptación o promesa de un beneficio indebido en el sector privado.
Como señala el presidente del GRECO Marin Mrcela, magistrado del Tribunal Supremo de Croacia, es necesario que en nuestro país las disposiciones aprobadas se pongan en práctica pues solo una aplicación eficaz puede dar credibilidad a las reformas emprendidas en materia de financiación de los partidos acometidas en los últimos años. Y junto a la efectividad normativa, Mrcela indica que debe garantizarse que las fundaciones vinculadas de una u otra forma a los partidos políticos y las asociaciones análogas no sean utilizadas como una vía paralela para una financiación fraudulenta de las actividades y campañas de los partidos.
También precisamos en opinión del presidente del GRECO normas que regulen las relaciones entre parlamentarios y grupos de presión .Mientras no dispongamos de tal regulación la interacción entre lobbies y parlamentarios seguirá presidida por la oscuridad y la opacidad, o la penumbra, abriéndose un peligroso espacio de corrupción legislativa. Es importante, dice Mrcela, que haya transparencia en este tipo de trámites para proteger el proceso legislativo de la influencia impropia de los lobbies. Sin transparencia en esta materia el prestigio y el buen nombre del Parlamento y de los parlamentarios se mantendrán en los actuales dígitos.
En fin, que tenemos mucho que hacer, mucho. El descrédito de las instituciones representativas es la antesala del triunfo del populismo. Así de claro.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
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