La efectividad de los derechos sociales fundamentales en este tiempo de crisis humanitaria originado por la pandemia del coronavirus, es uno de los principales desafíos del Derecho Público. La falta de reconocimiento de los derechos sociales fundamentales a nivel constitucional como auténticos derechos humanos en la vieja y enferma Europa, nunca mejor dicho, en los presupuestos ministeriales y en la formulación de las políticas públicas económicas es un grave problema que la pandemia ha mostrado con toda su crudeza.
La actividad administrativa de prevención, cada vez más importante, como se está comprobando en este tiempo de pandemia, va a ser en el futuro una exigencia de una buena administración para la realización de los derechos sociales fundamentales. En este sentido el derecho a la salud va a estar mejor atendido y la función del Estado en relación con este derecho y con el derecho a la alimentación, a la protección social o la vivienda, y al mínimo vital digno, van a obligar a las Administraciones públicas a realizar e implementar políticas sociales que protejan, defiendan y promuevan la dignidad humana sin descanso. La privatización del interés general dejará paso a una administración y gestión del interés general abierta, plural, dinámica y complementaria, a una inteligente y solidaria cooperación entre todos los actores.
El debate entre un mayor o un mejor Estado está abierto y en cada país, en cada sociedad, habrá que plantearse seriamente el sentido y funcionalidad de la institución estatal para que no se repita lo que dolorosamente estamos viendo estos días. Este debate debe ir acompañado del desmantelamiento de las armas de destrucción masiva, sean nucleares, biológicas o del signo que sean. Es un imperativo ético urgente.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
