Suiza es, como se sabe, uno de los países en los que existe una mayor participación cívica. Con cien mil firmas es posible forzar una consulta con efectos vinculantes para el gobierno. Algo bien interesante, y saludable, para democracias enfermas en las que el sistema se ha convertido en el gobierno de una minoría, para una minoría y por una minoría.
Pues bien, estos días se ha celebrado un referéndum en el que el 68% de los suizos han mostrado su rechazo a las abusivas remuneraciones de los directivos de las empresas. En concreto, se ha aprobado que las retribuciones completas de los dirigentes de las empresas sean aprobadas, no por el consejo de administración, sino por la junta general de accionistas.
La noticia llama la atención. Esa es la cuestión. Nos hemos acostumbrado a comulgar con ruedas de molino en tantas cosas que cuándo el sentido común toma cuerpo legal nos quedamos sorprendidos. Y realmente, a poco que se piense, que los dueños de las empresas sean quienes fijen los salarios de sus directivos no debieran causar tanto revuelo. Es, debería ser, lo normal. Como anormal es, debería ser, que los políticos  fijen sus retribuciones y complementos.
Este referéndum suizo procede de la denominada iniciativa Minde, originada en 2008.  Una iniciativa promovida por un senador y empresario de tal nombre al que Swissair estuvo a punto de  provocar el cierre de su empresa al no pagarle las deudas pendientes. En efecto, Swissair, que debía medio millón de francos suizos a la empresa del senador, no dudó en retribuir con una prima de doce millones y medio  de francos suizos  a su nuevo presidente.  Más adelante, la retribución de un presidente de Novartis, 60 millones de euros en bonus, colmó el vaso y aceleró el referéndum del domingo pasado.
La experiencia suiza de referéndums es, ciertamente, útil y renovadora en los tiempos que vivimos. Permite, cuando se observan injusticias o prácticas corruptas, que la ciudadanía tome cartas en el asunto y de su opinión. Se trata de una práctica muy saludable que por otros lares, a causa del pavor, del miedo que se tiene a una ciudadanía a la que se busca domesticar constantemente, debería implementarse.
Cuándo las minorías dirigentes, sobre todo las que están al frente de las formaciones partidarias, no tienen más obsesión que perpetuarse y seguir al mando, es menester recordar que la democracia es un sistema de gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Por eso, si fuéramos coherentes, los sueldos de los dirigentes de los partidos deberían fijarlos los militantes. Los militantes deberían elegir por sufragio universal, directo y secreto la dirección del partido y participar en los cambios de criterio que se producen en relación con el ideario y los compromisos electorales.
En España precisamos también una nueva regulación de los referéndums que permita consultar al pueblo acerca de los asuntos que más preocupan a los ciudadanos. Estamos hartos de tanto despotismo y de tanta suplantación de la voluntad del pueblo y del interés general. Hoy los cambios que se necesitan van por estos derroteros y tarde o temprano llegarán. Pero para eso deben salir del primer plano los tapones que impiden que se consoliden las transformaciones que hacen falta. En el campo, político y en el empresarial, por supuesto.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es