Las agencias de rating tienen la función de calificación y de valoración de los riesgos de impago y del deterioro de la solvencia de un emisor de títulos o productos financieros en general. Es decir, son instituciones de las que se debe presumir amplios espacios de objetividad y racionalidad en sus veredictos, en sus calificaciones. Algo que, ni mucho menos está garantizado en la actualidad pues son empresas privadas con ánimo de lucro, lo que obviamente empaña la necesaria imparcialidad que debe caracterizar sus decisiones.
Estas agencias son instituciones que juegan un papel decisivo en orden a la necesaria confianza que debe reinar en el sistema económico. Su función es de interés general pues realizan actuaciones consistentes en la calificación y valoración, por ejemplo, de la calidad de la deuda de un Estado, de una empresa, de un determinado producto financiero. Influyen, pues, de manera determinante, lo estamos comprobando continuamente, en la vida de los mercados de valores de todo el mundo.
Las agencias de rating son instituciones privadas que han gozado hasta el momento de un prestigio procedente del propio mercado. Hasta el momento no responden de sus errores y el sujeto pasivo de la calificación no dispone de posibilidad alguna de defenderse. Sus veredictos son inapelables. Algo que no se compagina bien con un Estado de Derecho.
Las últimas decisiones de algunas de estas agencias en la mente de todos, invitan precisamente a repensar su funcionalidad y su régimen jurídico. Siendo, como es, su tarea de interés general quizás en su estructura debieran contar con integrantes de reconocido prestigio profesional seleccionados con arreglo a exigentes criterios cuyas retribuciones no dependan de los beneficios alcanzados. Cosa importante es que las propuestas para la integración de estos entes de interés general salgan de instituciones de prestigio en materia económica pues si se deja en manos de partidos políticos o centros de decisión económica y financiera tal asunto, o solo a las empresas privadas, la independencia y autonomía de estas agencias probablemente, como ocurre con tantos entes reguladores, quedarán en entredicho.
Pues bien, estos días ve la luz un informe del Banco de España, de su servicio de estudios, que cuestiona el funcionamiento y los procedimientos que siguen estas instituciones. Se afirma que el procedimiento de modificación de los ratings de la deuda soberana es extraordinariamente asimétrico pues sus rebajas tienden a ser más bajas y rápidas que sus mejoras. Se cuestionan los métodos y sus resultados y se constata que siguen, a pesar de las críticas que reciben, sin suministrar detalles suficientes de qué afecta a las calificaciones y permanece oscuro el procedimiento que emplean para sus veredictos. Por si fuera poco, el informe del Banco de España, afirma que estas instituciones siguen disfrutando de su oligopolio sin más consecuencias, incluso cuando la calificación A, B o C es determinante para que un activo sea elegible por buena parte de las carteras financieras de todo el mundo.
A pesar de las críticas que han recibido durante la crisis económica y financiera, seguimos como entonces, siguen actuando por libre sin que se hayan reformado. Por eso, es menester que estas instituciones de interés general alteren sustancialmente su régimen jurídico, la forma de selección de sus integrantes, el sistema de control de sus decisiones y la forma de responsabilidad. No puede ser, de ninguna manera, que todavía subsistan agencias irresponsables que, además de actuar en un evidente ámbito de interés general, sigan sometidas a la regla del lucro.
Estamos asistiendo al intento de supervivencia del antiguo régimen en materia económica y financiera. Es hora ya de democratizar también el mercado. Las resistencias son intensas porque el miedo a perder la hegemonía hace acto de presencia con inusitada potencia. La ciudadanía, que empieza a mostrar poco a poco su indignación, reclama instituciones que funcionen con reglas claras, con sistemas de control y de responsabilidad regulados en normas jurídicas. Una demostración de que las cosas siguen igual es precisamente que las agencias de rating siguen campando a sus anchas sin que nadie se atreva a reformarlas y someterlas a normas de objetividad y racionalidad. ¿Por qué será?.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. Jra@udc.es