Desde un punto de vista moral, la libertad, la capacidad de elección del ser humano, es consustancial a su propia condición, y por tanto, inseparable de su ser mismo y plenamente realizable en el proyecto personal de cualquier persona. Pero desde un punto de vista social y político, es indudable un efectivo progreso en nuestra concepción de lo que significa la libertad efectiva de los ciudadanos.
 
En el orden político se ha entendido en muchas ocasiones la libertad como libertad formal. Siendo así que sin libertades formales difícilmente podemos imaginar una sociedad libre y justa, también es verdad que es perfectamente imaginable una sociedad formalmente libre, pero sometida de hecho al dictado de los poderosos, vestidos con los ropajes más variopintos del folklore político. Es lo que hoy acontece entre nosotros: los políticos con frecuencia se han creído que el poder, en lugar de habérsele  confiado transitoriamente para que la administren en nombre del pueblo, era suyo, de su propiedad,  y que pueden ejercerlo  para mantenerse siempre en el vértice, excluyendo y laminando a quienes puedan poner en peligro su posición en la cúpula.
 
Las sociedades realmente libres son las sociedades de personas libres. El fundamento de una sociedad libre no radica únicamente en los principios constituyentes, formales, sobre los que se asienta su estructuración  política. El fundamento de una sociedad libre está en los hombres y en las mujeres libres, con capacidad real de decisión política, que son capaces de llenar cotidianamente de contenidos de libertad la vida pública de una sociedad.
Hoy, en un ambiente en el que el sueño del consumismo insolidario propagado desde la tecnoestructura envuelve y domina la vida de los hombres, achicando los espacios de su libertad solidaria, es, si cabe, más urgente reivindicar la relevancia de la centralidad del ser humano libre y solidario como principal referencia para las políticas públicas.
 
Las libertades públicas formales son un test negativo sobre la libre constitución de la sociedad. No podrá haber libertad real sin libertades formales. Pero la piedra de toque de una sociedad libre está en la capacidad de elección de sus ciudadanos. Y hoy la capacidad de elección de los ciudadanos, como no sea en asuntos de consumo, es prácticamente inexistente.
 
Afirmar que la libertad de los ciudadanos es el objetivo primero de la acción política significa, pues, en primer lugar, perfeccionar, mejorar, los mecanismos constitucionales, políticos y jurídicos que definen el estado de derecho como marco de libertades. El estado de Derecho, en efecto, precisa de reformas en lo que se refiere a la separación de los poderes. En el mismo sentido, el estado de partidos en que se ha convertido nuestra democracia necesita de cambios para superar la resistencia de estas instituciones a convertirse en instrumentos del pluralismo real en lugar de estructuras de afirmación personal para que una minoría intente permanecer en la cúspide como sea.  En segundo lugar, y de modo más importante aún, significa crear las condiciones para que cada hombre y cada mujer encuentre a su alrededor el campo efectivo, la cancha, en la que jugar -libremente- su papel activo, en el que desarrollar su opción personal, en la que realizar creativamente su aportación al desarrollo de la sociedad en la que está integrado.
 
En efecto, los principios no están para la contemplación, están para su proyección en la política práctica. Por supuesto, pero también los principios son puntos de referencia que permiten contrastar el grado de coherencia entre lo que se proclama a los cuatro vientos y lo que se practica en la cotidianeidad. Es decir, si el derecho a la vida es el primero de los derechos, el presupuesto de las libertades, hay que defenderlo como se merece, facilitando que la vida de los que son, de los que están por venir y los que están a punto de dejar de ser, sea de la mayor calidad posible.   El derecho a la vida es fundamento del Estado de Derecho, de la dignidad del ser humano y de una política humana. Y, sobre todo, de cualquier política que pretenda caracterizarse como centrista.
 
Jaime Rodríguez-Arana
Catedrático de Derecho Administrativo.