Como era de esperar, la corrupción sigue ganando posiciones entre las preocupaciones de los españoles. Ahora ya es la segunda mayor preocupación ciudadana según revela la última encuesta del CIS. La verdad es que tal registro no tiene misterio habida cuenta de la cantidad y calidad de los escándalos que a diario salpican la vida de partidos políticos y dirigentes de la cosa pública.
 
La corrupción en una época de crisis en la que la mayoría está soportando la factura de la situación, es especialmente lacerante. En efecto, son los ciudadanos de a pié los que con su esfuerzo y sacrificio están manteniendo las cuentas públicas mientras sigue esperando, veremos por cuanto tiempo, la tan necesaria racionalización de un sector público que, para asombro general, sigue, más o menos, igual.
 
Precisamos, quien podría negarlo, nuevas leyes que mejoren la transparencia, que regulen de otra forma el régimen y funcionamiento de los partidos políticos y que pongan a los dirigentes a merced del pueblo y de la militancia de las formaciones partidarias. Desde luego, tales transformaciones normativas son relevantes para iniciar un cambio de rumbo en una materia que tiene difícil solución mientras pervivan los hábitos autoritarios de una casta de responsables que no aspiran más que a permanecer siempre en la cúpula de la organización.
 
El día en que los partidos tengan que mantenerse con las cuotas de los militantes, las cosas serán de otra manera. Cuándo los dirigentes de los partidos sean elegidos por sufragio universal y secreto de la militancia, los cosas cambiarán. Cuándo los militantes aprueben las retribuciones de los dirigentes o cuándo elijan a los candidatos a cargos electos, se irá terminando el ambiente oligárquico que se respira en el conjunto de los partidos políticos del país.
 
Por ejemplo, como pasa en Alemania, la gestión económico-financiera de los partidos la llevan a cabo empresas especializadas, de manera que los dirigentes de estas formaciones poco o nada tienen que ver con asuntos económicos o financieros. Así se evitan, que duda cabe, muchos, muchos problemas. En concreto, las peripecias que se han conocido de un famoso tesorero no habrían podido perpetrarse.
 
Sin embargo, las normas jurídicas, que tan importantes son, no garantizan sin más, y de modo automático, que cambien las conductas. Es posible, vaya si lo es, una corrupción generalizada en un mundo de normas perfectas. Por eso, junto a las reformas que sean menester, también en el ámbito del control y la supervisión, es prioritario subrayar la necesidad de cultivar un ambiente moral de exigencia en todo lo que se refiere a las cualidades democráticas. Si el pueblo no tiene exigencia ética, la corrupción, como acontece en el presente, no pasa factura electoral.
 
La corrupción se puede combatir. Claro que sí. Pero para eso es muy importante que los partidos tengan el poder y la posición que deben tener. Hoy por hoy todos sabemos bien en que se han convertido y así lo piensan y lo señalan sin pudor los ciudadanos cuándo se les pregunta. La gran cuestión es si los actuales directivos de estas organizaciones serán capaces de asumir la realidad o permanecerán enquistados en sus posiciones. Ese es el tema..
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es