La reciente crisis económica y financiera que sacude el mundo en estos tiempos tiene mucho que ver, más de lo que pudiera imaginarse, con la función del Estado en la economía y las finanzas. En efecto, la intervención, vía regulación, de los mercados por parte del poder público tiene sentido y operatividad en la medida en que a su través se garantizan una serie de parámetros y estándares de objetividad y racionalidad que permiten al mercado funcionar en una lógica jurídica, en una contexto de racionalidad. Hoy, como todos sabemos, y contemplamos a diario, la irracionalidad domina el escenario por la sencilla razón de que predomina, y de qué manera, la arbitrariedad.
En este contexto, el Derecho Administrativo, como Derecho del poder público para la libertad solidaria, diseña una serie de instituciones como los entes reguladores y los bancos centrales que tienen como misión asegurar que los mercados financieros y bursátiles actúen en un régimen de racionalidad. Por una razón evidente: el mercado sin límites no es mercado, es la selva. Y la intervención o la regulación cuándo todo lo invade, cuándo lamina la iniciativa y cualquier atisbo de libertad, ya sabemos a que da lugar: la fracaso del estatismo.
Las reglas son relevantes para garantizar un marco de equilibrio y de estabilidad a los mercados. Pero sólo con reglas no se solucionan sin más los problemas. Precisan, a su vez, de una función cada vez más importante como es la de verificación, comprobación, vigilancia y supervisión. Funciones que han sido violadas en estos tiempos a causa de la obsesión por el beneficio y de la sed de ganancias a corto plazo, que han enturbiado, por utilizar una expresión suave, el recto funcionamiento de estas instituciones de control y regulación. ¿Cómo explicar a la opinión pública, por ejemplo, el escándalo de Madoff tras haber sido inspeccionado nueve veces porla Comisióndel Mercado de Valores de los Estados Unidos?: un organismo con décadas de actividad, una de los instancias que deben acoger al personal más preparado técnicamente del país más poderoso de la tierra para inspeccionar, supervisar, evaluar y controlar las actividades financieras de los EEUU. Probablemente porque ha existido una cierta complicidad, no sabemos de que naturaleza, entre el poder financiero y el poder político. En fin, las reglas son importantes. Debe haber las que sean necesarias. No con muchas regulaciones se solucionan los problemas. Por eso el Derecho Administrativo Global en este tiempo tiene cada vez más relevancia, porque permite diseñar reglas e instituciones que aseguren que los mercados actúen en contextos de racionalidad, porque deben garantizar que la libertad económica opere en un marco de razonable solidaridad. Es decir el interés general ha de cubrir con su manto las actividades económicas para que éstas, con los razonables beneficios que proporcionan a sus titulares, repercutan también en una progresiva humanización del mercado y del poder.
El Derecho Administrativo no nació para justificar los excesos del poder o del mercado. Más bien nació para garantizar espacios de justicia, de libertad solidaria en el ejercicio del poder público y en el desarrollo del mercado. Es decir, el Derecho del poder público para la libertad solidaria y el Derecho que regula los mercados desde la perspectiva del interés general tienen a día de hoy, como dirían los periodistas, palpitante y rabiosa actualidad.
Efectivamente, se trata de buscar escenarios de tanta libertad como sea posible en un marco de solidaridad y tanta intervención como sea imprescindible para garantizar esa libertad solidaria. Nada más y nada menos.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. Jra@udc.es