Uno de los modelos más acrisolados y exitosos de Estado de bienestar fue el sueco. Desde hace tiempo, y por causas conocidas, la socialdemocracia sueca consiguió articular todo un conjunto de políticas de ayuda y asistencia social que hacían bueno ese dicho de que el ciudadano no tienen de qué preocuparse porque para atender a todas sus necesidades estaba papá Estado. Ciertamente, el prestigio del modelo sueco sedujo a no pocos políticos, también del ala derechista, que encontraron en la política social un arma de doble filo: por un lado, efectivamente, un instrumento para mejorar las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos y, por otro, un exitoso medio para capturar las voluntades de los ciudadanos a través de una hábil política de “dependencia” mediante la cual  se podía, desde el presupuesto público, colmar las ansías de consumismo de unos ciudadanos volcados al deseo de tener más y mejores servicios de toda índole de forma gratuita.
 
En este contexto en el que se va aniquilando poco a poco el sentido de la iniciativa para instalar un ambiente en el que lo relevante es esperarlo todo, o casi todo, del Estado, comienza una explicable picaresca presidida por el aprovechamiento del modelo del bienestar a nivel personal. En otras palabras, resulta que en el “magnífico” modelo sueco aparecieron amplias bolsas de fraude que van desde el intento de quien intenta obtener un subsidio por cuidar a un hijo enfermo sin tenerlo hasta quien, trabajando, consigue un seguro de desempleo. Las razones de que se haya encontrado este filón residen en la ausencia de controles sobre la concesión de toda suerte de ayudas y subvenciones en  materia de asistencia social. Ahora, cómo es menester poner en marcha políticas austeras y comprobar la eficiencia y eficacia del gasto público, resulta que en Suecia acaban de reclutarse más de trescientos inspectores dedicados al control y seguimiento de las solicitudes de ayudas y subvenciones. Y, junto al aumento de personal, se contempla la elaboración de una ley para facilitar la persecución legal de los defraudadores.
 
En Holanda,  el jefe del Estado y el jefe de Gobierno acaban de anunciar el abandono del Estado de bienestar y el ingreso al llamado Estado solidario. En otras palabras, el modelo estático del Estado de Bienestar ha saltado por los aires y ahora el Estado ha de colaborar con la sociedad para prestar servicios y atender a los más desfavorecidos sin que tales actividades carguen exclusivamente sobre el tesoro público, hoy tan mermado, hasta saqueado por esos especialistas en el interés general que lo han usado para instalarse, cuanto más tiempo mejor, en la cúpula.
 
El modelo del Estado de bienestar en sí mismo no ha fracasado. Si ha muerto la versión estática, clientelar. Ahora hacen falta reformas de calado que se orienten a la perspectiva dinámica,  hacia el desarrollo libre y solidario de las personas. Es decir, el Estado al servicio de la persona, no al revés. Algo sencillo de exponer pero muy de difícil de operar en la realidad.
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo.