La historia de la humanidad, preñada de luces y sombras,  conformada por avances y retrocesos, demuestra, también en el presente, que la dignidad humana con frecuencia es objeto de dominio por los poderosos de este mundo. La esclavitud en todas sus formas, groseras y sutiles,  las torturas, y toda clase de discriminaciones y vejaciones han jalonado muchos períodos de la vida del ser humano en diferentes latitudes y en distintas épocas. En el tiempo en que vivimos no hay más que abrir un periódico o ver un telediario para comprobar hasta qué punto, a pesar de encontrarnos en 2015, se golpea y se agrede todavía  la dignidad de tantos y tantos seres humanos en tantos lugares del globo.
En efecto, a pesar de estar en el siglo XXI  y de que existen muchas Normas jurídicas internacionales y nacionales que prohíben los tratos inhumanos o degradantes para las personas, es una vergonzosa realidad certificar  que convivimos con expresiones, más o menos expresas, de lesión y laminación de la dignidad del ser humano. Racismo, xenofobia, trata de personas, asesinatos de periodistas, explotación laboral  de niñas y niños, condiciones laborales vejatorias, ablación de clítoris a las mujeres,   eliminación de seres inhumanos a los que por la enfermedad no se juzgan útiles o a quienes sencillamente  no se deja llegar a ser constituyen, entre otras,   manifestaciones de  una lucha que en los últimos tiempos, a pesar de las innovaciones científicas y del desarrollo tecnológico, es cada vez más necesaria.
El imperio del mercado, sin límites ni controles, llega incluso a dar por bueno, en algunas latitudes, que se comercie con las personas. Se autorizan transacciones que tienen como objeto contractual, quién lo podría pensar, a  las personas. Ahora, en España, a pesar de que la maternidad subrogada está prohibida por la Ley,  se acaba de anunciar, en el colmo de la erosión a la dignidad humana,  la compraventa de los llamados vientres de alquiler. Es decir, se pretende reconocer en nuestro país los efectos del tráfico mercantil en relación con la mujer y su cuerpo y el niño por nacer o ya nacido.
Cuándo  se lesiona de tal forma la dignidad humana saltándose a la torera las más elementales reglas de la ética, es momento de levantar la voz y reclamar de nuevo que se proteja la dignidad humana y que los contratos versen sobre cosas y no sobre personas,  pues tal práctica nos retrotrae a momentos de la historia en los que la esclavitud se toleraba y las tratas de seres humanos campaban a sus anchas. En aquellos siniestros y tenebrosos tiempos la dignidad del ser humano brillaba por su ausencia pues  al ser humano se le  consideraba como una cosa, como un objeto, y, por tanto materia de transacción, materia de contratación. Hoy, parece mentira, de nuevo hay que proclamar a los cuatro vientos que las personas tienen derechos inherentes a su condición de ser humano que son innegociables, indisponibles.
Ahora, en el siglo XXI, en el marco de una crisis general que golpea  a los más necesitados, de nuevo los fuertes pretenden obtener pingües beneficios. También  con la maternidad subrogada. Una nueva forma de explotación  que lleva a mujeres con dificultades económicas en el llamado tercer mundo a alquilar su cuerpo y vender al hijo a personas con recursos de los países desarrollados. Legitimar tales prácticas, así como las diferentes formas de esclavitud, más o menos sutiles de este tiempo, no debe pasar inadvertido.   La dignidad de la persona y de las condiciones de vida es, hoy, quien lo podría imaginar, una asignatura pendiente en la que queda mucho trabajo por hacer y muchas denuncias que plantear.
 
Es más, cada vez es más urgente recordar que la dignidad humana no es solo un principio ético y moral, el más importante de todos. También es el centro de la construcción del Derecho pues tal dignidad es de tal calibre y relieve jurídico que se yergue omnipotente y todopoderosa frente a cualquier intento del poder político o financiero por laminarla, por pisotearla o por lesionarla. Por eso, por ejemplo, el Derecho Administrativo es el Derecho del poder público para la libertad solidaria de los seres humanos. Nada más y nada menos.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es