Los tiempos en que vivimos no son tiempos especialmente propicios para el ejercicio de la libertad. Por una parte, los gobiernos, sean de un color o de otro, intentan a toda costa ganarse la voluntad de los electores a través, tantas veces, de un intervencionismo que conduce a eliminar con sutileza los resortes en los que se encierra la capacidad crítica de los individuos. Y, por otra, los embates del fundamentalismo mercantilista igualmente dejan inermes a muchas personas que encuentran en el consumismo el ideal de sus vidas. Y mientras tanto, la lucha por la libertad, especialmente en el terreno educativo, sufre los embates de ese  pensamiento único y plano que pretende seguir dominando el escenario de la enseñanza como antaño.
 
En este contexto de fuertes limitaciones a la libertad educativa, encontramos algunas experiencias y algunas ideas que constituyen bocanadas de aire fresco en este proceloso mundo del control y la manipulación social desde el que operan las terminals del poder politico y financiero.
 
En efecto, la nueva ley de educación italiana permite a las familias deducir de sus impuestos una parte de sus gastos en enseñanza, aunque el centro de su elección no sea público o estatal. La llamada reforma Renzi-Giannini, que contó con una fuerte contestación, es lógico, de los todopoderosos sindicatos de profesores, entró en vigor el pasado 16 de julio, y va a traer mucha cola porque las novedades que la acompañan son ciertamente revolucionarias en un mundo, el de la enseñanza y de la educación,  en el que todavía imperan los dogmas, los mitos, los imaginarios colectivos y toda una serie de estructuras inmovilistas que han mantenido el sistema petrificado desde hace décadas.
 
En efecto, la ley postula la evaluación de directivos y profesores, una palabra expulsada del diccionario educativo por neoliberal y peligrosa para la subsistencia de la misma educación pública. Más bien para la continuidad de una serie de privilegios injustificables pero que han permitido la construcción de argumentos y relatos ideológicos hasta no hace mucho imbatibles. También la nueva ley plantea mayor autonomía para las escuelas públicas, a las que dota de la pertinente flexibilidad para definir las opciones expresadas en el plan de oferta educativa de cada centro educativo. Desde el curso 2016-2017 los directores de los centros educativos públicos, que serán evaluados, podrán elegir profesores entre los habilitados en todo el territorio estatal, aumentando su poder pero también su responsabilidad en la gestión de las escuelas. También se plantea un plan de choque para resolver el endémico problema de los profesores interinos, sometidos a una rotación irracional. En dos años se contratarán 100.000 maestros, mientras otros 60.000 tendrán que esperar al concurso siguiente. Los profesores de la escuela pública recibirán una tarjeta electrónica con un crédito de 500 euros anuales, que podrán invertir en su formación.
 
Además, los gastos en educación realizados por las familias se podrán deducir fiscalmente, incluso en las escuelas paritarias: aquellas que junto a las estatales integran el sistema público de enseñanza en Italia. La deducción es del 19% hasta 400 euros por alumno y año supone un ahorro como máximo de 76 euros por hijo en el pago del impuesto. Por supuesto, una cantidad muy baja pero que si se aumenta progresivamente puede ser relevante para asegurar la libertad de elección a las familias. También se bonifican fiscalmente las donaciones. En efecto, el texto de la Ley  prevé una deducción del 65% en 2015 y 2016, y de un 50% en 2017, para donaciones en efectivo, hasta un máximo de 100.000 euros anuales, dirigidas a la construcción de nuevas escuelas o al mantenimiento y mejora de las ya existentes.
 
En fin, los sindicatos de profesores y los defensores a ultranza de un único modelo educativo se han atragantado. Hasta ahora estaban acostumbrados a un ambiente plácido en el que reinaba la paz del inmovilismo y la filiación ideológica. Ahora, con los cambios y transformaciones las cosas cambiarán, y mucho. Ya era hora.
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo.
@jrodriguezarana