En 2014 el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, del que España es miembro fundador, hizo público un informe en el que, de nuevo, se alertaba sobre el crecimiento de la corrupción política en España. En efecto, el GRECO lleva desde 2001 recordando a España que debe poner en marcha medidas contra la corrupción que sean  integrales y más centradas en la prevención.
 
En concreto, en 2014 se pedía la aprobación de un código de conducta parlamentaria, la mejora de  la independencia efectiva del Consejo General del Poder Judicial, el establecimiento de  criterios objetivos para la selección de los altos funcionarios judiciales y la revisión del método de designación del Fiscal General del Estado pues, señalaba por entonces el GRECO, era preocupante, y lo sigue siendo todavía,  la percepción de falta de  independencia de  esta alta Autoridad del Estado.
 
Ahora, en 2016, el GRECO nos dice claramente que las recomendaciones realizadas por entonces para luchar contra la corrupción entre parlamentarios, jueces y fiscales, han caído en saco roto. Ni se ha despolitizado el Consejo general del Poder Judicial, ni se ha modificado el sistema de nombramiento de presidentes de Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia ni del Tribunal Supremo. El Fiscal General del Estado sigue dependiendo del Poder Ejecutivo. Tampoco se ha atendido la indicación de aumentar los plazos de prescripción de procedimientos disciplinarios, todavía de seis meses. Por si fuera poco, sigue pendiente  el código de conducta de los parlamentarios con el fin de elaborar un registro de lobistas y que se publiquen los gastos, patrimonio, remuneración o regalos recibidos por los parlamentarios.
 
Es verdad, como reconoce el GRECO, que en 2103 se ha aprobado una ley de transparencia aunque todavía seguimos ocupando según Transparencia Internacional posiciones de retaguardia en la materia. Sin embargo, al análisis del GRECO no puede ser más desalentador: la respuesta de España en materia de lucha contra la corrupción es “decepcionante” y “globalmente insatisfactoria”
 
Las recomendaciones del GRECO, como los sondeos, encuestas y barómetros que se publican periódicamente, muestran, en los últimos tiempos, una tendencia preocupante y peligrosa. Una tendencia que debiera animar a los principales dirigentes públicos a promover reformas y medidas que aseguren la independencia de los  juzgadores, auditores y controladores. Medidas que, por ejemplo, pasan por dotar de mayor objetividad a las formas de selección de los titulares de las actividades de control. Medidas que abrieran a la democracia interna los partidos políticos. Medidas que obligaran a los diputados a rendir cuentas a los electores, no a quienes digitalmente los colocan en posiciones de salida.
 
 
Si  de verdad queremos volver a la normalidad, a una vida cívica exigente, es menester, además de proceder a las reformas legales que procedan, que ya se ve que no son pocas, apostar por una educación sólida,  porque se enseñe el compromiso con el conocimiento y con la dignidad de la persona. Los derechos fundamentales de todos deben volver a ser el centro del orden jurídico, social y económico. A partir de la igualdad ontológica del ser humano y de la lucha por la libertad solidaria será más fácil sacudirse este pesado yugo de opresión y vileza desde el que se perpetran los mayores atentados a la persona que imaginar se pueda. La lucha contra la corrupción, a pesar de su dimensión estructural y objetiva, tiene una dimensión que se libra en el interior de cada ser humano. Sin esa decisión radical por volver a los valores humanos, por llamar a las cosas por su nombre, por dignificar la vida pública, por considerar que hay cuestiones indisponibles, innegociables, es complejo que la referencia ética vuelva a presidir la realidad. Esa me parece que, junto a los cambios normativas que precisamos, es la cuestión.
 
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo.