En 2010 conocimos, gracias a un informe publicado en Harvard Business Review, que la factura de fondos públicos que ayudaron a rescatar el sistema financiero internacional reflotando bancos y aplicando planes de estímulo ascendía, hasta finales de2009, a13 billones de dólares. Es decir, el 21.12 del PIB mundial,  que supone una carga adicional próxima a los 1.900 dólares por cada ser humano del planeta. En noviembre 2012 supimos que los fondos públicos, los fondos de todos destinados a la crisis financiera en España superaron los 85.000 millones de euros. Es decir, 1850 euros por persona, por ciudadanos español. Ahora, julio de 2013, nos enteramos de que el FROB da por perdidos 36.000 millones que tendremos, de nuevo, que financiar con gasto público, con los fondos de todos.
 
Las desaforadas políticas de gasto público que han debido afrontar los gobiernos para mantener la estabilidad financiera no tienen por qué pagarlas los ciudadanos, como está ocurriendo en general, sino sus causantes. Es decir, las entidades beneficiarias de los planes de rescate financiero deberían devolver cuanto antes a las arcas públicas los fondos recibidos explicando minuciosamente el destino dado a esas ayudas públicas. Hasta el momento sólo sabemos los miles de millones de euros, del tesoro público, que se han aportado a estas instituciones. Pero del destino que se ha hecho, por el momento estamos a la luna de Valencia.
 
Los rescates bancarios implementados por los gobiernos ascienden, según el informe de 2012, hasta 2010, a 3.6 billones de dólares, el 5.73 % del PIB mundial. Los planes de estímulos suponen el 9.4 billones de dólares, el 15.39 % del PIB global. El 75 %  del rescate bancario se ha concentrado en los países occidentales, que representa el 7.8 % del PIB de estos países.
 
En España estos días, finales de julio de 2013, nos hemos enterado que el fondo de rescate, el llamado FROB, da por perdidos 36.000 millones de euros de los 52.000 que se inyectaron el año pasado en los bancos y cajas nacionalizados. A ello, según parece, habrá que añadir los miles de millones que deberá aportar este fondo a varias entidades y a las subastas de dos cajas de ahorros.
 
El FROB opera con fondos públicos, con fondos de todos los ciudadanos. Unos fondos, 36.000 millones de euros, que los gestores del FROB consideran perdidos. Pregunta: ¿por qué de nuevo tienen que ser las espaldas de los ciudadanos las que sopórtenla factura de tal pésima gestión?. ¿Es qué no hay responsables jurídicos de semejantes pérdidas?
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es