Vivimos en un sistema político en el que, como es lógico, la opinión pública goza de un papel relevante. Por eso, periódicamente se publican encuestas y sondeos acerca de las preferencias electorales de los ciudadanos. Unas veces con más acierto, otras con menos, la verdad es que este tipo de sondeos y encuetas muestra tendencias sobre las que trabajan los gabinetes estratégicos de los partidos.

Recientemente, el ABC publicaba una encuesta en la que se registra una importante pérdida de apoyos del PP, cerca del 9%, un aumento en la estimación de voto de IU, de casi el 7%, un ligero crecimiento de UPYD del 3%, mientras que el principal partido de la oposición, el PSOE, desciende un 6%. Con estos datos, la suma de PSOE e IU superaría al PP, lo que cambia sustancialmente el mapa político tras las elecciones del 20-N del año pasado.
Las causas del descenso en la intención de voto del partido que sostiene al gobierno no son difíciles de intuir. Las medidas que se están adoptando castigan a la mayoría de la población y muchas de ellas contravienen el discurso de campaña del propio partido. Es el caso de la subida del impuesto de la renta, de las subidas en los impuestos indirectos así como el alza de algunos de los servicios de interés general más importantes. También pesa, y no poco, el tratamiento que el gobierno está dispensando a la crisis bancaria así como la ausencia de medidas contundentes para reducir la estructura pública de las Comunidades Autónomas. Es decir, un cierto sector de votantes del PP, que ahora ve con tintes críticos la labor de gobierno, es de la opinión de que la factura de la crisis la deberían pagar, sobre todo, la estructura política y los políticos, que se cuentan por decenas de miles en un país como España.
La subida de IU y de UPYD es más fácil de entender si constatamos que el PSOE, en lugar de recoger los votos descontentos por la gestión del gobierno del PP, desciende de manera sorprendente. Pierde un 6% en intención de voto, lo que refleja un grave problema para los estrategas del partido, que no consiguen presentar a la formación como alternativa real para las próximas elecciones.
A la vista de esta encuesta de intención de voto, el partido que sostiene al gobierno debería reflexionar acerca del contenido de las reformas y, sobre todo, acerca de sus destinatarios. Si se siguen subiendo los impuestos, bajando el salario a los funcionarios y aumentando los precios por la prestación de ciertos servicios públicos o de interés general, la pérdida de apoyos seguirá creciendo. En cambio, si se empieza a mirar hacia el interior de la arquitectura política y se acometen rápidas y contundentes reformas que manifiesten una sustancial reducción del número de estructuras y de personal de extracción política, es probable que la tendencia pueda cambiar.
Para ello es menester apelar al interés general y asumir que algún coste tendrán medidas de esta naturaleza. Un coste en nada comparable al beneficio general que saludaría decisiones de este calado. ¿Serán capaces quienes deben implementar estas medidas de mirar más al interés general que al interés particular?. En los próximos días lo veremos.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es