LA DEUDA PÚBLICA Y LOS POLÍTICAS

Estos días, como si de algo novedoso se tratara, se constata la elevada deuda del sector público español. Afirmaciones del tenor de que pagamos demasiado por los créditos que nos conceden,  de que las instituciones públicas no se van a poder financiar y demás comentarios de este jaez jalonan la reacción de nuestra clase dirigente ante lo que era bien conocido, ante lo que era más que previsible.
La deuda pública es muy alta, efectivamente. Tan alta que ya supone el pago diario de varias centenas de millones de euros al día en concepto de intereses. Una cantidad que supera lo que nos gastamos anualmente en el capítulo de personal del presupuesto del Estado. Y tal deuda viene motivada en una parte muy importante por la creciente cantidad de organismos y entidades públicas innecesarios que han poblado nuestro país  estos años. Junto a ello, el número de políticos: diputados , altos cargos y personal eventual que inundan los gobiernos y administraciones, se estima en 79.000 personas, que sumadas a los gerifaltes de las empresas públicas y demás integrantes del elefantiásico sector público español, llegan, según datos oficiosos que no deben andar muy errados, a los 400.000. El doble de políticos, si esta cifra fuera verificada oficialmente, que los que tiene Italia o Francia.
Mientras tanto, los españoles estamos condenados a mantener esta irracional estructura que hasta el momento, salvo honrosas excepciones, permanece intocada, inalterable. Eso sí, se nos suben los impuestos, se reducen los salarios y, sin embargo, no se sabe por qué extraña razón, la legión de personal de naturaleza política, y los organismos que les sirven de cobertura vital, permanecen sin más.
En este contexto, no pocos españoles se preguntan acerca del porqué del mantenimiento de esta situación. ¿Cómo es posible, se preguntan tantos, que antes de proceder a empeorar las condiciones de vida de los españoles, no se ataja este exceso estructural y  se elimina tanto personal político?. No hace mucho Esperanza Aguirre propuso la reducción de los diputados de su Comunidad Autónoma y, en términos generales, los ciudadanos de a pié saludaron efusivamente su propuesta. No así algunos dirigentes políticos que vieron en tal iniciativa el final de una etapa de privilegios y retribuciones sin cuento.
Ahora, cuándo constatamos que vamos a tener problemas de financiación para nuestras instituciones, pedimos a Europa que arregle nuestro gran problema como si Europa fuera responsable de lo que nos pasa. Europa, que es consciente de que no conseguimos resolver la cuestión de las estructuras políticas y la del número de políticos, probablemente nos dirá: primero racionalicen su sector público en sentido estructural y personal. Si no lo hacemos y seguimos castigando a los españoles de carne y huesa manteniendo inalterada, o reducida simbólicamente, la estructura pública y el personal de confianza política, se nos complicarán mucho las cosas, demasiado. Es posible que nuestros socios europeos piensen que, por una sola vez, y ante la magnitud de la crisis del euro, se deba salvar a España e Italia. Aún así, ya sabemos que supone un rescate. Que se lo pregunten a griegos, irlandeses y portugueses.
¿A qué esperamos, pues, para proceder a una reforma que se viene reclamando ya desde hace tiempo y, que sin embargo, permanece inédita?.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es