El derecho a alimentarse para vivir con dignidad es, como todo el mundo sabe, un derecho humano. Un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en su artículo 25.1 al señalar que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido …. Es decir, los poderes públicos, desde la perspectiva de la función promocional que cabe esperar de las Administraciones públicas, tienen la obligación de promover las condiciones necesarias para que ningún ser humano se vea privado del mínimo vital para vivir con dignidad. En el Estado de Bienestar, trasunto del modelo del Estados social y democrático, este mandato que pesa sobre los poderes públicos está en la base del conjunto de obligaciones que el Estado asume con los ciudadanos.
 
Pues bien, en un mundo en crisis económica, también en el sector alimentario, estamos conociendo algunos datos realmente alucinantes. Por ejemplo, que existen todavía 925 millones de seres humanos en el planeta que pasan hambre. Y lo que es todavía más lacerante, la especulación en este sector también ha provocado un aumento exponencial de los precios. El crecimiento a partir de 2008, en el inicio de la crisis, del precio de  los alimentos ha alimentado, valga la redundancia, toda una serie de compras y arrendamientos de tierras tradicionalmente vinculadas a la producción de alimentos con el objeto de mudar su uso. Así, de esta manera, se priva de su medio de vida a millones de personas que sin su libre consentimiento, son enviadas a un porvenir incierto.
 
Según el Banco Mundial, el 80% de los 56 millones de hectáreas afectadas por acuerdos a gran escala están en manos muertas esperando que el precio siga subiendo y llegue el momento de vender las tierras con gran provecho mercantil. Es decir, asistimos, en materia de alimentación a un proceso de especulación que afecta a un derecho humano tan importante en grandes zonas del globo como es el de la alimentación. El planeta tierra tiene ya 7.000 millones de habitantes y es fundamental asegurarse los recursos imprescindibles para la viabilidad y seguridad global de tantos habitantes.
 
Cada hora que pasa mueren 300 niños de malnutrición y, sin embargo, seguimos presos de ese consumismo insolidario que ha sumido a millones y millones de personas en una situación de sueño reparador del que se están despertando al comprobar que la crisis empieza a llegar a la cuenta corriente.
 
Ante este estado de cosas deberíamos preguntarnos como es posible que estas compras y arrendamientos se autoricen cuando ponen en riesgo el derecho a la alimentación, sometiéndolo a un precio inaccesible que impedirá a grandes bolsas de la población la alimentación más elemental. ¿Cómo es posible que la legislación global no garantice que los traspasos de tierras destinadas a la producción de alimentos respeten su función?. ¿Cómo es posible que la especulación haya llegado también a la alimentación?. ¿Es que el lucro no tiene límites?. ¿Es que vale todo?.
 
Sabemos bien lo que hay que hacer para superar este problema pero no se hace porque algunos se pueden quedar sin pingües beneficios. Simplemente, y no es poco, habría que fomentar el desarrollo de la economía sostenible en los países pobres,  garantizar una mejor y más justa y objetiva regulación de los mercados en este sector, potenciar la producción local de alimentos así como conseguir un mejor acceso a los mercados para los pequeños y medianos agricultores, los grandes dañados por esta arbitraria situación.
 
Sabemos que en el mundo producimos alimentos de sobra para alimentar a todos los habitantes y sin embargo pasa lo que pasa. Por eso es menester disponer de reservas razonables de alimentos para emergencias, luchar para evitar la especulación en el mercado de materias primas y articular sistemas sólidos de protección social en el sector
 
En fin, la situación descrita debería invitar a elaborar nuevas regulaciones globales que potencien el libre y humano desarrollo de las personas, especialmente el de la alimentación, base y presupuesto indiscutible para una vida digna.
 
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es