El problema del gasto público en la actualidad, quien lo puede dudar, es un problema relevante. No sólo por las ingentes cantidades del dinero de todos que se aplican a no pocas actividades consideradas de interés general, sino, fundamentalmente, debido a la necesidad de considerar como escaso y limitado lo que durante tiempo se pensó que era poco menos que infinito.

Es verdad, ahora tenemos que gastar mejor lo que es de todos, t también lo propio. Y para gastar mejor  lo común lo primero que hemos de hacer es olvidarnos de una vez y para siempre de recurrir al crédito y a la deuda como forma ordinaria de financiar los servicios y actividades de interés general. Del mismo modo,  es menester, en ello estamos, analizar todos los componentes del gasto para evitar que su racionalización la terminen pagando los usuarios, como está aconteciendo entre nosotros. Claro, lo más sencillo, y lo más cómodo desde un punto de vista tecnocrático, es reducir sueldos y aumentar impuestos, establecer copagos y aumentar tasas. Simplemente, se le da al botón correspondiente, y asunto arreglado.
Sin embargo, como nos recuerda un reciente servicio de aceprensa, en los Estados Unidos de América están procediendo a relevantes racionalizaciones del gasto sanitario suprimiendo gastos innecesarios. Se trata de apelar a la competencia de los médicos y a la prudencia de los pacientes. Los cálculos realizados por el sector muestran que casi un tercio del gasto anual en sanidad resulta médicamente improductivo.
Una Fundación norteamericana que trabaja por la profesionalización de los médicos, ABIM Foundation, afirma que existen cuarenta y cinco formas de racionalizar el gasto en este sector. Por ejemplo, haciendo un uso responsable de radiografías, electros, mamografías, resonancias magnéticas, etc, o prohibiendo ciertos medicamentos que han demostrado su incapacidad para curar algunas enfermedades. En este punto hay que tener en cuenta que muchos médicos prefieren recetar toda clase de fármacos y ordenar pruebas y análisis, como sea, con el fin de cubrirse las espaldas ante posibles responsabilidades. No se puede olvidar que las aseguradoras, por su parte, han visto con desdén a los médicos que se benefician de incentivos fiscales por las pruebas realizadas. Y, los pacientes, finalmente, argumentan que el despilfarro en pruebas y análisis inútiles terminaría cuándo pudieran no temer la frivolidad en el diagnóstico por parte de numerosos médicos.
La desconfianza entre médicos, aseguradoras y pacientes, según sondeos contrastados, perjudica a los pacientes. Así, según un sondeo de Consumer Reports, el 44% de los encuestados declaró haberse sometido a alguna prueba del corazón que los médicos preguntados entienden que supuso más peligros que posibles beneficios para la salud del paciente.
En fin, gastar mejor es analizar todos los componentes del gasto. No se trata, sin más, de recargar el precio de los servicios a los usuarios. Que pague más el usuario o el paciente por los servicios prestados es lo más sencillo, pero también lo más injusto. Hoy, en plena crisis económica y financiera, en la sanidad, como en otras actividades de interés general, hay que gastar menos, por supuesto, pero sin empeorar las condiciones de vida de los pacientes. Cómo ello haya de realizarse es lo que esperamos de los dirigentes. Queremos responsables públicos, no para tiempos de bonanza, sino, sobre todo, para que en momentos de zozobra no pierdan de vista que lo esencial de su quehacer reside en la mejora de las condiciones de vida de las personas.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. Jra@udc.es