Toda política pública debe ser una actividad ética. Por eso, la política urbanística, en cuanto se propone que el ser humano, la persona, erija su propio desarrollo personal en la finalidad de su existencia, ha de encontrar un entorno urbano y ambiental que permita el ejercicio de la libertad solidaria. En efecto, la política pública urbana debe hacer posible que cada persona libremente asuma su solidaridad con sus conciudadanos, sus vecinos, lo cual tiene su sentido desde la consideración social del derecho de propiedad desde parámetros de racionalidad y de calidad de vida.

El solar sobre el que es posible construir la sociedad democrática es el de la realidad del ser humano, una realidad no acabada, ni plenamente conocida, por cuanto es personalmente biográfica, y socialmente histórica, pero incoada y atisbada como una realidad entretejida de libertad y solidaridad, y destinada por tanto, desde esa plataforma sustantiva, a protagonizar su existencia. Libertad y solidaridad que se encuentran, en el tema que nos ocupa, justo en la afirmación del derecho de propiedad inmobiliaria y del uso del suelo del acuerdo con el interés general, que no es el interés de los políticos, sino el interés en que todos tengan derecho a una vivienda y  a un  hábitat dignos y adecuados un entorno de racionalidad sostenible orientado a la calidad de vida y a la igualdad en el desarrollo personal.

La política pública, y menos la urbanística, no puede reducirse a la simple articulación de procedimientos, con ser éste uno de sus aspectos más fundamentales; la política pública debe partir de la afirmación radical de la preeminencia de la persona, y de sus derechos, a la que los poderes públicos, despejada toda tentación de despotismo o de autoritarismo y de privilegios y prerrogativas deben subordinarse. Por eso, hay que evitar que, en la delimitación del derecho de propiedad de acuerdo con su función social, penetren versiones más o menos autoritarias que conviertan dicho derecho en una quimera, en pura ilusión. Algo que suele ocurrir desde aproximaciones autoritarias al plan urbanístico, o desde perspectivas desde las que se aprovechan las determinaciones del plan de forma unilateral, simple y llanamente para obtener beneficios no precisamente de acuerdo con los intereses públicos. Obviar la dimensión ética en el desarrollo urbano no es sólo privar al ciudadano de una dimensión directamente relacionada con la calidad de vida; es sencillamente practicar un urbanismo cerrado, unilateral.

Jaime Rodriguez-Arana

@jrodriguezarana