La estabilidad económica, social, política o familiar, propicia escenarios de desarrollo humano integrales en términos generales. En sentido contrario, la inestabilidad, en cualquiera de sus dimensiones, ofrece un terreno bien abonado para el subdesarrollo, para el aislamiento, para la pobreza, para la incertidumbre. En el artículo de hoy pretendo ilustrar esta teoría con un caso concreto. Me refiero a la influencia que tiene la inestabilidad familiar en relación con el desarrollo económico. Veamos.
Un informe del Instituto de la Familia en Canadá de 2011, bajo la rúbrica “opciones privadas, costes públicos”, demuestra el impacto económico del fracaso matrimonial en la sociedad canadiense. El estudio pone números al gasto gubernamental por el concepto de rupturas familiares. Las ayudas públicas  a familias rotas en el ejercicio correspondiente al año fiscal  2005-2006  ascendieron  nada menos que a 7.000 millones de dólares canadienses.
Otro dato que se puede extraer del informe citado se refiere a la parte que más sufre con el fracaso: la mujer. En concreto, la débil posición de la mujer en estos procesos traumáticos ha dado lugar a la acuñación de un lamentable concepto, que sin embargo refleja muy bien la realidad: la feminización de la pobreza. Algo obvio cuando  el divorcio opera sin que medie causa alguna: en estos casos la posición todavía preeminente del varón da lugar a que la mujer deba soportar cargas y pruebas sin cuento en una situación a veces lacerante o vejatoria. Las ayudas a las mujeres en estos casos son una auténtica necesidad.
Los divorcios, además, reclaman un mayor gasto público cuando hay hijos de por medio. Los ciudadanos hemos de pagar también el coste de la crianza de estas pobres criaturas, en muchos casos abandonadas por sus padres.
El matrimonio no es un asunto privado. Es una cuestión de interés general. Porque es la célula básica del desarrollo social. Porque es el entorno natural, propio, desde el que se contribuye a la perpetuación de la especie humana. Porque es el mejor escenario para la educación en libertad y en  solidaridad. Quien piense que esta institución no tiene relevancia pública, que reflexione acerca del gasto público que supone una política de promoción y facilitación de las rupturas. Por tanto, si el matrimonio es un asunto de evidente relevancia pública, es lógico que las políticas en esta materia se orienten a fortalecer la institución, a prestigiarla. En una palabra, a promover su estabilidad.
En el Reino Unido también se acaba de publicar un estudio del Centro de Justicia Social en el que se dice que el coste de las rupturas familiares significa para el gobierno un gasto de 32.000 millones de dólares. ¿Sabemos en España cual es el coste de la política seguida últimamente en la materia?.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es