Una de las cuestiones de mayor calado que tiene planteada la ciencia política se refiere al papel de los ciudadanos en el entramado político-social en que nos ha tocado vivir. Es verdad que en un sistema democrático el gobierno es del pueblo y se realiza para y por el pueblo. Siendo esta afirmación  incontestable,  el presente muestra todos los días cómo algunos dirigentes públicos, no pocos, aspiran a apropiarse del poder. De un poder que en un esquema democrático al pueblo pertenece en propiedad.
En efecto, el poder público es de los ciudadanos. El titular de los poderes del Estado es el pueblo soberano, que encomienda a los actores públicos el ejercicio, la gestión, del poder, de forma y manera que quien lo administra en nombre de la comunidad debe permanentemente rendir  cuentas de su ejercicio. En un momento de crisis, con penurias y limitaciones por todas las esquinas, es lógico que la ciudadanía censure con radicalidad  los comportamientos de los políticos en los que tal apropiación se realiza, además,  para enriquecerse.
Los ciudadanos, pues, tienen una función bien relevante en la definición, análisis, implementación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Han dejado de ser sujetos inertes que pasivamente recibían servicios y prestaciones públicas. Ahora, en el Estado social y democrático de Derecho, deben ser protagonistas, sujetos activos, personas que participan. El problema es que con frecuencia la participación no es más que un sueño,  una quimera. En efecto, salvo honrosas excepciones,  en la realidad  el pueblo no participa más que cuándo hay elecciones, y en estos casos con índices muy altos de abstención. Incluso en no pocas ocasiones algunos ciudadanos “participan” a través de determinadas asociaciones e instituciones que no son, tantas veces, más que la prolongación de las formaciones partidarias.
En este ambiente de control y manipulación social en que tantas veces se ha convertido la política para que ciertas personas experimenten las delicias del mando y del poder, es menester reconocer que de vez en cuando aparecen noticias relevantes. Hoy traigo una. Se refiere a unas recientes declaraciones del actual ministro de economía británico con ocasión de la presentación de un proyecto normativo en cuya virtud la autoridad reguladora de actividad financiera se va a reservar la potestad de suspender ciertas operaciones financieras cuando se estime que ponen en cuestión el sistema financiero. En este contexto, el ministro de su Majestad afirmó que los bancos no se pueden olvidar que han sido rescatados, no por el gobierno, sino por los ciudadanos ya que los fondos públicos no son del gobierno de  turno, sino del pueblo. Es una magnífica reflexión que permite pensar hasta qué punto es  fraude social que los bancos que han sido salvados gracias a los fondos públicos restrinjan los créditos  las familias y pequeños empresarios y, sin embargo, sigan  financiando sin restricciones a  partidos políticos y  Administraciones públicas.
Si el poder público y las instituciones públicas o de interés general son del pueblo, no pasa nada, absolutamente nada, porque se pregunte a la ciudadanía qué piensa acerca de las decisiones más trascendentes  que conforman el espacio de la deliberación pública. Esperemos que en nuestro país esta tendencia no se quede en agua de borrajas y prosiga su camino. El proyecto de Ley de transparencia podría prever disposiciones en esta materia con el fin de democratizar nuestra democracia hasta que la ciudadanía disponga del peso y del papel que le corresponde. Ojala lo veamos, y pronto.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es