Las última encuestas del CIS refleja algo que no por reiterado deja de sorprender. La ciudadanía piensa, ahora con más intensidad, que la clase política es un gran problema colectivo. Se trata del peor registro que cosecha la clase política desde la transición democrática en España.  La preocupación ciudadana por la corrupción se duplica. Es lógico pues los escándalos de corrupción que a diario salpican a los partidos y ocupan las portadas de periódicos y telediarios no ayudan a la necesaria dignificación de la política.
La insensibilidad de muchos políticos en relación con el sufrimiento experimentado por miles y miles de familias en España es una lamentable realidad. Y, sobre todo, la desfachatez con la que mes a mes se castiga a las llamadas clases medias y bajas del país, dedicando el esfuerzo impositivo de muchos ciudadanos y las bajadas de salarios en la función pública a nutrir y mantener un entramado de organismos y organizaciones innecesarios, es, desde luego, un motivo que justifica, no sólo el desprestigio general de la actuación de los políticos  sino también  la subida preocupante de la abstención que se registra en el último sondeo del instituto gubernamental encargado de pulsar periódicamente la opinión del pueblo.
El descontento general con la actividad política es creciente. Lógico porque el personal no aprecia en la clase política la ejemplaridad y la sensibilidad social de que debiera hacer  gala en una situación de grave crisis como la que atravesamos. Ni estamos contentos con el gobierno ni con el principal partido de oposición. El 56.1 % opina que la gestión del gobierno es deficiente y el 57.1% piensa que el principal partido de oposición no está a la altura. La abstención asciende un 5%. El partido que sostiene al gobierno se deja en el camino, a nueve meses de la victoria electoral, la friolera de 10 puntos con tendencia a la baja en los próximos meses. La oposición, algo falla también el PSOE, baja también.
Así las cosas, con la crisis sin resolver, es lógico y natural que se proceda a analizar con rigor y seriedad lo que nos está pasando. Claro que existen ataques al euro y que existe un factor internacional al que no es ajeno nuestro país ni nuestra economía. Por supuesto. Pero el gran causante de la crisis ni es el Banco Central Europeo ni los astutos inversores que están haciendo su agosto ante la inactividad de la regulación financiera a nivel internacional. Tienen, es verdad, una parte importante en la cuota de responsabilidad de lo que nos acontece. Pero también, no podemos negarlo, hemos de mirar para dentro, para nuestro sistema político, económico y social. No para desmontarlo y cambiarlo por otro. Para mejorarlo, para rectificar el rumbo del modelo autonómico convirtiéndolo en lo que debe ser, un esquema de descentralización eficaz para realizar políticas propias que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos. Y para eso hemos de alcanzar pactos y acuerdos políticos de envergadura que faciliten una reforma constitucional que entre a fondo en el reparto competencial y en un mejor tratamiento de los Entes locales. Las subvenciones a partidos, sindicatos y patronales deben dejar paso a la autofinanciación de estas instituciones de interés general, nacidas para que la democracia sea el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y no un régimen en poder de una casta tecnoestructural que sólo aspira, y de qué manera, a estar siempre situada, como sea, en el vértice.
Por otra parte, los partidos deben también acordar entre todos la adopción de esas medidas, tan cacareadas como inéditas, de regeneración de la vida política de manera que la participación ciudadana sea real y vaya poco a poco desapareciendo esa forma clientelar y sumisa de entender la relación entre política y ciudadanos. Hace falta un cambio en el modelo educativo que aspire a la transmisión del conocimiento a los más jóvenes.
En fin, los ciudadanos están reclamando otras políticas, otra forma de estar y ejercer la política. No sé si la clase política está a la altura y comprende lo que la gente está pidiendo. Desde luego, no parece tomar las medidas que la gravedad de la situación demanda. El momento es propicio para un gran acuerdo entre todos los principales agentes políticos y sociales. Un gran acuerdo en el que hay que revisar sin miedo el funcionamiento de muchas instituciones y políticas de Estado que se han asentado en el inmovilismo. Un gran acuerdo que permita dotar de vida a los principios de una Constitución que se cimentó desde la concordia y que, sin embargo, en los últimos tiempos se ha utilizado en clave ideológica y al servicio de intereses parciales. La reforma es posible. Es necesaria. Y si se fuera más consciente de la gravedad de la situación, urgente. Si no se toman medidas y las cosas siguen como están, no hay que descartar que, por la omisión de quienes ahora tienen responsabilidades, empiece a crecer el populismo y las consignas de otros tiempos vuelvan a aparecer en el horizonte.
Los partidos, y sus dirigentes, por supuesto, tienen en este tiempo una grave responsabilidad. El pueblo lleva diciendo algún tiempo que no está de acuerdo con las políticas que se adoptan. Que hay muchos políticos, demasiados. Que sobran cientos y cientos de estructuras político-administrativas. Que los partidos son las instituciones más desprestigiadas y campeonas en corrupción. Por eso, es menester desde la democracia recuperar sus valores fundamentales. Abrir los partidos a la realidad, gobernar pensando en las condiciones de vida del pueblo, no de la minoría dirigente, impulsar políticas para que las nuevas generaciones de españoles se sientan orgullosas de vivir en este país.  Necesitamos reformas en el sistema político, ya.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es