Estos días hemos conocido que en España se pierden cada año 30.000 millones de euros en actividades corruptas. Tal registro, según ha explicado un profesor de sociología de la Universidad Complutense que dirige un proyecto de investigación dirigido a cuantificar precisamente el dinero que generan las actividades ilícitas, representa nada menos que el 3% del PIB español. El año pasado, una investigación realizada en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria cifraba en 40.000 millones de euros el montante de la corrupción en nuestro país.
Según la investigación de la Complutense, realizada a partir del análisis de sentencias, hechos probados y estadísticas cuantitativas, se calcula que se abonan 500 millones de euros en cohechos, lo que representa un 3% del dinero que se pretende distraer o desviar de su destino legal. Sin embargo, como revela esta investigación, quien se lleva la palma es la malversación de caudales, que pone en los bolsillos de los particulares, la friolera de 16.000 millones de euros.
España registró en 2015 el peor dato de percepción de la corrupción de su historia. Algo que no sorprende a nadie debido al número de casos aflorados y al continuo conocimiento de escándalos que la prensa sirve cada día. Según transparencia internacional, ahora la corrupción se vincula más a la contratación pública que al urbanismo, sobre todo a los contratos suscritos por empresas públicas y entidades autónomas de las distintas Administraciones públicas.
En el índice de corrupción de transparencia internacional de 2015 nuestro país se sitúa en el puesto 36 de 168 países con un total de 58 puntos, dos menos que en el ranking de 2014. Aunque España afortunadamente no se encuentra entre los países de corrupción sistémica, el nivel existente en la contratación pública permite pensar que en este sector la corrupción, como dice el profesor Manuel Villoria, está bastante generalizada. Si hemos descendido en dos puntos se debe a que con la crisis hay menos dinero para obras y servicios públicos.
Los índices de corrupción realizados por transparencia internacional se basan en encuestas a expertos, a líderes de multinacionales y a ciudadanos. Pues bien, para los ciudadanos españoles consultados, los resultados arrojados son similares a los de Grecia. Los españoles que han participado en la encuesta piensan que en nuestro país la corrupción es general, a la altura de Grecia, la más alta de Europa.
Entre las causas del elevado índice de corrupción los dirigentes de transparencia en España citan la falta de jueces para conocer de estas cuestiones, pues ni siquiera se cumple la tasa de reposición de magistrados jubilados. También, según el presidente Lizcano, a pesar de que se han promulgado normas en materia de transparencia y acceso a la información, precisamos de un programa más integral de lucha contra la corrupción. En el mismo sentido, necesitamos, una adecuada cultura de la corrupción con estándares de funcionamiento transparentes y de detección temprana
La proliferación de casos de corrupción a lo largo y ancho de la geografía nacional, tal como ha demostrado el ministro del interior en una reciente comparecencia, en la que ha reconocido en 2015 seis mil detenidos por la comisión de ilícitos en esta materia, debiera disparar las alarmas en los cuarteles generales de los partidos políticos, de forma y manera que los ciudadanos perciban que se dejan atrás viejas formas de estar y de hacer política. La realidad, sin embargo, acredita que todavía hay una mayoría de españoles que desconfía de los partidos políticos como instituciones de interés general y de las promesas de muchos de sus dirigentes, asentados por décadas en la cúpula de estas organizaciones. La ciudadanía, entre resignada e indignada, apunta a los partidos como las instituciones más desprestigiadas de la vida democrática española, tal y como mes a mes registran las encuestas del CIS desde hace ya varios años.
Aunque se quiera ocultar, la realidad acredita que el panorama político español está todavía, a día de hoy, después de la martingala de la investidura, sumido en una profunda degradación que ha permitido a los ciudadanos, primero en las europeas, luego en las locales y autonómicas, y recientemente en el 20-D del año pasado, castigar a aquellas formaciones que han tolerado, incluso protegido, o peor, aupado a cargos directivos a personas corruptas. Las filtraciones de algunas conversaciones mantenidas por los cabecillas de algunas de las tramas de corrupción más conocidas y recientes alimentan esa decepción y creciente indignación reinante en la sociedad acerca de la política y de los políticos.
La ejemplaridad, decía Hume, es escuela de humanidad. Cuando los políticos se ocupan en serio de los asuntos del interés general, entonces ordinariamente no hay tiempo para cosas distintas que trabajar de sol a sol por la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. En cambio, cuando el fin de la actividad política consiste en el cálculo y en la astucia para permanecer como sea en la cúpula, entonces la corrupción, de una y otra forma, con más o menos intensidad, está servida. Lo comprobamos, lamentablemente, a diario.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
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