La corrupción  es, según el  último barómetro del CIS, realizado entre el 4 y el 12 de noviembre, por detrás del paro, la principal preocupación de los españoles. En esta entrega del CIS, la preocupación por la corrupción bate records históricos subiendo nada menos que 21 puntos. No es de extrañar porque el elenco  de casos sin solución de continuidad que un día y otro también nos “regalan” los dirigentes de la cosa pública, y también, de la actividad privada, dibujan una situación insostenible desde todo punto de vista. En forma de ilícitos penales o administrativos, el rosario de supuestos que jalonan esta terrible lacra social, se extiende como la pólvora por toda la geografía nacional afectando a todas las formaciones políticas sin excepción. No son sólo el escándalo de las tarjetas “black” de Caja Madrid, el caso Gurtel,  los ERES de Andalucía o las  tramas de cobro de comisiones por adjudicación de contratos,  detectadas ya en muchos Ayuntamientos y Autonomías, es el cúmulo de irregularidades, negligencias y delitos que se observan en no pocas actividades públicas y privadas, preñadas de una insoportable utilización en provecho propio que en este tiempo golpea, y de qué forma, a millones de ciudadanos que apenas, si es que pueden, llegan a fin de mes.
Además, el incumplimiento sistemático de promesas electorales,  porque según parece no son del gusto de la tecnoestructura,  también influye en la pésima opinión que la ciudadanía tiene de la clase dirigente en nuestro país. Miles de casos, una pequeña parte de la realidad de la corrupción en realidad, terminan en los juzgados mientras un reciente informe de la UE en la materia muestra que el 97% de los españoles piensa que la corrupción es general.
Por más que existan, y no pocos, personas entregadas de verdad al servicio objetivo del interés general, la real realidad es que los ciudadanos, por algo será, han llegado a alcanzar un convencimiento general sobre este fenómeno, a causa precisamente de la ausencia de medidas concretas y contundentes para atajar la corrupción. Un problema muy grave que afecta a la salud cívica de la sociedad, no sólo a los políticos y dirigentes empresariales, a muchos ciudadanos que si en su mano estuviera probablemente también buscarían la forma de sacar partido a la posición de poder en que se pudieran encontrar.
Desde la política es muy difícil, a día de hoy, colaborar seriamente a resolver el problema. Por una poderosa razón: los dirigentes políticos no tienen ya credibilidad. Y no la tienen porque con sus acciones y omisiones han escandalizado a una sociedad que ahora busca, donde sea y como sea, otras referencias y otros referentes. Por eso, la batería de propuestas, encomiables y muy necesarias, planteadas por el poder ejecutivo estos días en el Parlamento, aunque son razonables y  necesarias, provocan el sarcasmo  y la hilaridad de muchos ciudadanos que no aciertan a comprender como será posible que quienes han amparado y protegido a la corrupción y a los corruptos, ellos mismos, estén en condiciones de implementar tales medidas.
La corrupción, como la Hydra de Lorna, tiene muchas cabezas y cada vez que se intenta cortar una de ellas, surgen varias nuevas y más grandes. Hércules consiguió con la ayuda de su sobrino, gracias a la inteligencia, no tanto a la fuerza, someter al peligroso monstruo.  Es verdad que hay que desarrollar el mandato constitucional que obliga a los partidos a un régimen democrático en su funcionamiento y organización, es verdad que hay regular mejor la financiación de los partidos políticos y es verdad que la legislación de los altos cargos puede mejorar y mucho. Sine embargo, con todo ello, y muchas más normas que se podrían aprobar,  el problema no desaparecerá. Mientras los partidos no sean verdaderas escuelas de servicio objetico al interés general, mientras los dirigentes no trabajen por promover los derechos fundamentales de los ciudadanos, mientras a la política siga acudiendo, especialmente en este tiempo, el tipo de personas que hoy, con excepciones excepcionales, están al frente de las formaciones y de las instituciones, poco a nada se conseguirá. Precisamos ejemplaridad, moderación, compromiso con los valores y cualidades democráticas básicas. Y eso, que por supuesto las normas deben exigirlo, no se consigue por arte de magia.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo y miembro de la Academia Internacional de derecho comparado de La Haya.