Una de las principales críticas que se vienen formulando al modelo de democracia que conocemos en muchas partes del mundo se refiere al papel real que juegan los ciudadanos en el denominado gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Como sabemos, y comprobamos a diario, el ciudadano medio, asombrado ante la tecnificación y burocratización de los sistemas electorales,  no tiene más que remedio que entregar la gestión del poder, que no su titularidad, a los que presuntamente son los expertos en el manejo de estas cuestiones,  quienes tienen en sus manos la puesta en marcha del proceso electoral, su control y todos sus resortes.
Es decir, el ciudadano es obligado, más o menos, a delegar su responsabilidad a favor de una tecnoestructura que se encarga del ejercicio y la gestión de ese supremo derecho de soberanía popular. El ciudadano encomienda la gestión y la administración del poder confiando en que quienes en su nombre lo ejercen le den cuentas de su ejercicio permanentemente. Algo que como sabemos brilla por su ausencia a pesar de las múltiples y variadas  formas de accountability que, por activa, pasiva y perifrástica, el sistema se encarga de difundir por doquier.
En efecto,  la delegación de la responsabilidad a los especialistas del interés general se acompaña, debiera acompañarse,  de una rendición de cuentas puntual y periódica de los representantes a la ciudadanía. Esa tarea de “accountability”, todo lo más, se reduce a reportar al jefe de filas, como si en la sede de la tecnoestructura partidaria estuviese la soberanía popular.
En una democracia avanzada la participación es imprescindible. El pueblo es, debe ser,   consultado sobre los asuntos más relevantes que afectan a la vida social, política y económica. Los representantes están, deben estar,  en permanente contacto con los electores atendiendo sus inquietudes y necesidades colectivas. La separación de poderes es, debe ser, real y   garantiza, debe garantizar,  un sano equilibrio sin interferencias. Es decir, el pueblo no es, no debe ser,  el convidado de piedra sino el protagonista.
Los ciudadanos, en este tiempo, por ejemplo, no fueron consultados cuándo cantidades ingentes del dinero de todos se destinaron  a rescatar a los principales causantes de la crisis económica. Ni siquiera se explica pormenorizadamente el destino de esos fondos y los plazos para su reintegro al tesoro público. Y se trata de miles de millones de euros.
En el mismo sentido, es posible alterar, incluso sustancialmente, el ideario de las formaciones políticas sin que los dirigentes  siquiera argumenten o expliquen las razones de tal proceder.  Y la presencia de la ciudadanía en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas es la que todos conocemos.
Esta ausencia de la ciudadanía del centro del espacio público es suplida por determinadas minorías, por grupos concretos y determinados de personas que deciden las políticas públicas más relevantes siguiendo esa máxima tan conocida como autoritaria: todo para el pueblo pero sin el pueblo.
La idea, tan antigua como actual, de que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo está siendo arrumbada por determinadas alianzas y estrategias que deciden periódicamente la agenda pública sin el concurso y consentimiento de los ciudadanos. Efectivamente, los ciudadanos, salvo cada cuatro años en que podemos votar, somos los grandes convidados de piedra de estar gran farsa  de la que algunos intentar sacar partido de forma oportunista.
Es momento de subrayar de nuevo el protagonismo que a los ciudadanos está reservado. Es momento de pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario. Es momento de volver a poner en el centro del sistema a las personas de carne y hueso. Es momento, en fin, de acometer la necesaria regeneración de la democracia. Una reforma que en esencia sigue pendiente. Una reforma que es urgente y que los ciudadanos nos merecemos.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es