Estos días, como si de algo novedoso se tratara, se constata de nuevo la elevada deuda del sector público español. Nada menos que 922.828 millones de euros, lo que representa el 88.2% del PIB. Afirmaciones del tenor de que todavía pagamos demasiado por los créditos que nos conceden,  de que las instituciones públicas no se van a poder financiar y demás comentarios de este jaez jalonan la reacción de nuestra clase dirigente ante lo que, por otra parte, era bien conocido y previsible. Gestionando a base de endeudamiento tarde o temprano se  produciría lo que se ha producido.
A pesar de que la deuda de las Autonomías ha descendido un poco, la deuda pública es muy alta, efectivamente. Tan alta que ya supone el pago diario de varios centenares de millones  en concepto de intereses. Una cantidad, además, que para el año entrante supera lo que nos gastamos en el capítulo de personal en los presupuestos generales del Estado. Tal deuda viene motivada, quién podrá negarlo, en una parte muy importante por la cantidad de organismos y entidades públicas innecesarios que han poblado nuestro país  en los últimos años. Junto a ello, el número de políticos: diputados , altos cargos y personal eventual que inundan gobiernos y administraciones, se estima, según diferentes algunos cálculos que se han publicado, en 79.000 personas, que sumadas a los gerifaltes de las empresas públicas y demás integrantes del elefantiásico sector público español, llegan, según datos oficiosos que no andarán muy errados, a los 400.000. El doble de  personal de designación política, si este dígito fuera exacto, de los que los que tiene Italia o Francia.
Mientras tanto, los españoles seguimos condenados a mantener esta irracional estructura que hasta el momento, salvo honrosas excepciones, permanece intocada, inalterable. Eso sí, se nos suben los impuestos, se reducen los salarios, no se revalorizan las pensiones y, sin embargo, no se sabe por qué extraña razón, la legión de personal de naturaleza política, y los organismos que les sirven de cobertura vital, ahí están, vivos y coleando.
En este contexto, no pocos españoles se preguntan acerca del porqué del mantenimiento de esta situación. ¿Cómo es posible, se preguntan tantos, que antes de proceder a empeorar las condiciones de vida de los españoles, no se ataje ese exceso estructural y  se elimina tanto personal político?. No hace mucho Esperanza Aguirre o  Alberto Núñez propusieron la reducción de diputados en sus Comunidades Autónomas y, en términos generales, los ciudadanos de a pie saludaron efusivamente su propuesta. Los detractores, como no podía ser menos, bautizaron, con ese espíritu de disco rayado que les caracteriza, de franquistas tales propuestas.
Ahora, cuándo vislumbramos que vamos a tener dificultades de financiación para nuestras instituciones, pedimos a Europa que arregle nuestro gran problema como si Europa fuera responsable de lo que nos pasa. Europa, que es consciente de que no conseguimos resolver la cuestión de la racionalización de las estructuras políticas y la del número de políticos, probablemente nos dirá: primero reduzcan su sector público y luego ya veremos. Si no lo hacemos y seguimos castigando a los españoles de carne y huesa manteniendo inalterada, o reducida simbólicamente, la estructura pública y el personal de confianza política, se nos complicarán mucho las cosas, demasiado. Es posible que nuestros socios europeos piensen que, por una sola vez, y ante la magnitud de la crisis del euro, se deba salvar a España e Italia. Aún así, ya sabemos que supone un rescate. Que se lo pregunten a griegos, irlandeses o portugueses. Si nos consolamos pensando que Italia tiene dos billones de euros de deuda pública y seguimos lesionando las condiciones de vida de quienes menos tienen mientras sigue su andadura el colosal y elefantiásico aparato público levantado estos años, entonces la salida de la crisis será cada vez más difícil. Sí, más difícil y a costa de los de siempre.
Mario Draghi decía el otro día algo tan sencillo como evidente, bajen el gasto público y alivien la presión fiscal a los ciudadanos. En otras palabras, primero las personas, después las estructuras. Las estructuras están para las personas no las personas para las estructuras.
 
 
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es