Los hijos, como sabemos, no son sólo un bien para sus padres sino para la sociedad en su conjunto. Por eso, tanto las empresas como el propio Estado deben colaborar para que el “trabajo” que supone la atención de los hijos no recaiga única y exclusivamente sobre la familia, y más en concreto en las madres. Es más, una de las conquistas de la liberación de la mujer pasa porque “libremente” puedan elegir su papel de madre de forma razonable.
En efecto. En el marco de la familia, el coste de sacar adelante a los hijos trae consigo un coste en bienes de consumo, el coste de tiempo utilizado para criarlos y, finalmente, un profundo coste de dedicación personal que, su contexto de trabajo también fuera de casa, no pocas veces ocasiona un coste de desgaste personal. El gasto que se deriva de conceptos como alimentación, educación y otros servicios como pueden ser las guarderías o el del servicio doméstico, no es en absoluto nada desdeñable. Igualmente, el tiempo que se dedica a la atención de los hijos también ocasiona un gasto que, obviamente, implica una clara disminución de las rentas asociadas al trabajo en el mercado. En estos casos, parece que está demostrado que cuando el coste es elevado, fenómeno normal, tan sólo un 20% de las mujeres están dispuestas a participar en el mercado del trabajo mientras que a coste cero, cerca del 90% estarían dispuestas a acceder a un puesto de trabajo.
En este contexto, no parece que la solución pase únicamente por la reducción de la jornada o por horarios de trabajo flexibles. Es necesario que tanto las empresas como el Estado soporten también el gasto que supone la atención a los hijos. Así, no es descabellado pensar que las empresas participen financiando servicios de ayuda familiar como instalación de guarderías en el centro de trabajo, pluses para el pago de guarderías externas, oferta de puestos flexibles, permisos parentales o la propia reducción de la jornada. Los hijos, repito, son un bien social que interesa a todos preservar, empezando por las propias empresas.
¿Y el Estado?. El Estado también debe arrimar el hombro pues los hijos son un bien social que repercuten positivamente, desde muchos aspectos, en el funcionamiento del propio Estado. Por eso, el Estado, debe asumir que debe colaborar en esta tarea bien subvencionando directamente los costes, bien subvencionando a las empresas que presten servicios de ayuda familiar o bien subvencionando directamente a los padres y madres. Es cierto que en todos los países aumenta la sensibilidad en esta materia y que estamos en un contexto positivo de reducción de impuestos que debe ir creciendo exponencialmente. Sin embargo, en los casos de familias con escasa renta, la reducción fiscal se antoja insuficiente. En estos casos debe analizarse con rigor la posibilidad de implantar el llamado “salario paternal o maternal” que remunere el trabajo reproductivo y le de un valor social equiparable a cualquier otro trabajo productivo en el mercado.
El índice de natalidad es hoy preocupante en todo el mundo. Las cargas muchas veces están directamente relacionados con el aumento del coste directo o indirecto que implica traer hijos a este mundo. Los padres realizan uno de los mayores servicios públicos del tiempo presente al criar a los hijos y la sociedad debe reconocer y remunerar este trabajo en un contexto de igualdad a cualquier otro trabajo productivo. Nos jugamos mucho en este asunto y estamos a tiempo de ganar esta gran batalla. Pero para ello se precisa una elevada sensibilidad social y un compromiso real con la liberación de la mujer. Menos palabras, menos postureo, y más compromiso real con las mujeres que deciden ser madres.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana