La crisis económica y financiera a la que parece que regresamos, probablemente por no actuar sobre sus causas, nos invita a reflexionar sobre la necesidad de una regulación global y sobre la aplicación de los principios de transparencia, racionalidad o buena administración desde una dimensión universal. No es suficiente ya la regulación nacional o la jurisprudencia de los distintos poderes judiciales estatales en punto a los principios generales del derecho. Ha llegado el momento de responder globalmente ante una crisis nuevo parece global. Para ello es menester caer en la cuenta de que los Ordenamientos jurídicos internos de los diferentes países han de articularse con un nuevo orden jurídico general en el que los postulados del Estado de derecho brillen con luz propia.
El fracaso de Naciones Unidas como institución universal debe conducir a su urgente reforma. El sistema de veto es anacrónico y expresa, además, las limitaciones de la visión unilateral. Se toleran desmanes y atentados claros a los derechos humanos y se reacciona desde la oportunidad y el cálculo y no desde el compromiso radical con la defensa, protección y promoción de la dignidad humana. La gobernanza global, pública o privada, precisa de regulaciones basadas en principios de derecho. La eficacia y la eficiencia como parámetros absolutos han traído consigo una crisis económica de proporciones todavía desconocidas. La partitocracia reinante en muchos Estados impide una real separación de poderes. La ley ha perdido en parte su prestigio como expresión de la voluntad general para convertirse en instrumento de la lucha política y en arma arrojadiza para esquemas de enfrentamiento y confrontación. Los derechos fundamentales de la persona se ningunean, se mutilan o se lesionan en función de los intereses de cada momento. Hemos construido, mal que nos pese, un sistema político, económico y social en el que los fuertes dominan a los débiles porque se han olvidado los principios del derecho, porque se ha renunciado al primado de la racionalidad y de la objetividad en armoniosa combinación con la justicia.
Efectivamente, los principios de derecho, que tienen validez universal, global, y que son la encarnación de la justicia, han sido desplazados por los mitos de la eficacia o de la eficiencia. Junto a ellos ha surgido una peligrosa obsesión por el dinero y el poder que ha terminado por hacer del derecho, en muchas partes del mundo, no solo en las terminales del poder financiero, un instrumento que se puede manejar al libre albedrío, sea del poder económico o del poder político de turno. Así, de esta manera, el derecho ha sucumbido en buena parte del mundo a los embates de los poderosos, convirtiéndose, en lugar de la aspiración a la justicia, en la prolongación del mismo poder que aherroja.
Los principios de buena fe, racionalidad, proporcionalidad, trasparencia, hoy tan reclamados por buena parte de los líderes políticos, como preteridos, son las bases del nuevo orden jurídico global que se debe construir. Se celebra un nuevo aniversario de la declaración universal de los derechos humanos y casi nadie saca a relucir la realidad de lo que ocurre, porque tal cosa podría contrariar el tren de vida de esos poderosos que se han acostumbrado nada menos que a vivir, y nada mal, de los grandes principios fundantes del pensamiento democrático, mientras millones y millones de personas apenas cuentan para nada.
Cuando los principios de derecho están presentes en el diseño, itinerario, aplicación e interpretación de las normas jurídicas, éstas tienen sentido, son congruentes y se ordenan a alcanzar criterios de justicia. Los principios son, lo ha dicho el Tribunal Supremo español, el oxígeno, la atmósfera que deben respirar las normas. Por eso, la regulación global que ha de venir debe partir de estos principios para evitar que se vuelva a repetir lo que ha pasado.
Pedir regulación global, una mejor y de más calidad tarea de supervisión y control del sistema financiero universal, hoy todavía capturado por quienes todos sabemos, es realmente una necesidad apremiante. Mientras los partidos sigan teniendo en sus manos el control del poder judicial y de los órganos reguladores no es posible avanzar. En el mismo sentido, mientras el poder económico no se detenga en su desmedido afán por privatizar el interés general, poco podrá hacerse. Los principios de derecho, para informar el orden jurídico global, precisan de una tarea de despolitización de la vida jurídica y social y de un constante trabajo de desmercantilización del interés general.
Tanta libertad como sea posible y tanta intervención como sea imprescindible. He aquí una vieja fórmula que vuelve a la actualidad. Que el capitalismo radical se haya derrumbado no quiere decir que volvamos a modelos radicales de otro signo claramente opuesto. De lo que se trata probablemente es de aprender lo que significa el concepto de libertad solidaria. Algo que, por lo que se ve, todavía no ha sido bien entendido pues de nuevo volvemos a una nueva crisis.
Jaime Rodríguez-Arana
Catedrático de derecho administrativo.
