Vivimos en un tiempo en el que, por más que nos pese, no abundan demasiadas expresiones de pensamiento plural, crítico, de pensamiento que censure  esa corriente tan en boga que algunos llaman políticamente correcta y que, en tantas ocasiones, provoca una suerte de dictadura que  dificulta que se expresen libremente las opiniones sin sufrir algún tipo de discriminación.
 
Afortunadamente, las opiniones son libres, porque vivimos en un Estado de Derecho en el que la libertad de expresión se encuentra reconocida en las Constituciones. Que las opiniones son libres quiere decir que menos la apología del delito se puede expresar cualquier opinión, sea más del gusto del poder, sea menos; sea más del gusto de determinados colectivos, sea menos; sea más del gusto de determinadas minorías, sea menos; sea más del gusto de la mayoría, sea menos.
 
El problema es que vivimos en un Estado formal del Derecho en el que con frecuencia predomina lo procedimental y los valores y principios, a pesar de fundar nuestras Cartas magnas, se intentan relegar a la conciencia individual. Manifestaciones de pensamiento único hay muchas, demasiadas. Una de ellas, proveniente de la progresista Francia se refiere a la expresión de determinadas ideas en relación con el derecho a la vida.
 
El gobierno francés, al igual que el gobierno de Erdogan, ha encontrado en una ley que permite cerrar webs la vía para eliminar al disidente, la fórmula para que no vea la luz ningún medio en el que se expresen informaciones que se aparten de la doctrina oficial sobre el aborto.
 
En efecto, el  anterior gobierno socialista eliminó del texto de la ley de 1976 de “interrupción voluntaria del embarazo” la referencia al estado de necesidad que justificaba la excepción al derecho a la vida de cualquier ser humano. También, por si fuera poco, suprimió el plazo de reflexión de una semana que la norma de 1976 exigía para meditar sobre una decisión de tal calibre.
 
Ahora, en 2017, el gobierno Holande quiso dejar sin voz a las webs que publiquen noticias e informaciones que puedan provocar la meditación de una mujer sin criterio ante semejante decisión. Según parece, estas webs, como ivg.net, sosbebé, testpositif, afterbaiz… tienen un alto seguimiento. Mientras, desde los medios oficiales se dispone sin límites de un arsenal colosal para lanzar las consignas y mensaje del gusto del poder a favor del aborto.
 
Cualquier lector que consulte las webs disidentes, se dará cuenta  de que en ellas, sin pronunciarse sobre el aborto, simplemente se ofrecen consejos, información sobre las consecuencias médicas del aborto, alternativas ante un embarazo no deseado. Pues bien, en el colmo de los colmos se pretende crear un ilícito para quien incurra en presiones psicológicas o morales engañosas a fin de disuadir a las mujeres de recurrir al aborto o interrupción voluntaria del embarazo. El problema, como siempre, es que es el gobierno quien se reserva la interpretación auténtica de lo que es o deja de ser  información engañosa.
 
De nuevo, pues, un ataque al pluralismo, pues se trata de que solo acceda al espacio público, la doctrina del gobierno. ¿Por qué opinar con bases científicas que el aborto puede conllevar secuelas psicológicas para la mujer habrá de estar prohibido o penado con el cierre administrativo de una web que en tal sentido se pronuncie?. ¿Qué ilicitud puede haber en recoger testimonios de mujeres que expresan sus puntos de vista sobre sus experiencias?.
 
Si sólo se pudiera opinar en determinado sentido, si sólo se pudieran publicar opiniones políticamente correctas, si, por ejemplo, se pusiera en tela de juicio el prohibido prohibir del mayo francés de 1968, entonces es que algo grave, muy grave estaría pasando, en este caso, nada menos que en la cuna de la Revolución francesa.
 
En fin, que hemos de tener cuidado con estas nuevas dictaduras que se pueden implantar poco a poco a base de censurar ciertas opiniones,  a base de impedir la réplica ante ciertos comentarios, o de que se cierren administrativamente determinados medios que no hacen más que posibilitar el ejercicio de la libertad de expresión. Es sorprendente que en pleno siglo XXI se pretenda laminar a quienes no están por la labor de seguir a pies juntillas las doctrinas dominantes.  Cómo decía no hace mucho el máximo responsable de médicos sin fronteras: “no se puede en democracia criminalizar ciertas opiniones, por muy desagradables que sean. No hay debate legítimo contra el que se pueda enarbolar la verdad histórica, la moral o la conveniencia social para privarnos de nuestra libertad de pensar y expresar nuestras ideas, incluso las socialmente menos aceptables y, por ello, más fácilmente rebatibles. Esta es la grandeza no exenta de miseria, de la libertad de expresión y de  prensa, sin la cual no hay libertad”.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de Derecho Administrativo.