El derecho fundamental de todo ciudadano europeo recogido en el artículo 41 dela Carta de los derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000 fue formulado para salir al paso de la denominada, por el Defensor del Pueblo comunitario, “mala administración pública”. Mala administración que viene caracterizando desde hace unos años a numerosas administraciones y gobiernos del área europea.
En efecto, la conformación como derecho fundamental de la buena administración pública es una relevante manera de subrayar el papel central del ciudadano en todo lo referente al manejo y conducción de los asuntos relativos al interés general. Tal derecho es configurado por la Carta Europea en atención a la equidad, a la imparcialidad, a la responsabilidad, a la transparencia y al plazo razonable en la resolución de los expedientes que componen el quehacer ordinario y cotidiano de la Administración pública. Por tanto, la administración parcial, inequitativa, opaca, irresponsable  y lenta es, a tenor de lo consignado en este precepto de la Carta, mala administración.
En España, a pesar de los pesares, a pesar del tiempo transcurrido desde la Constitución de 1978, no ha sido posible elaborar y aprobar una ley de transparencia y acceso a la información de interés general. Ahora, sin embargo,  el actual gobierno acaba de presentar en el Parlamento un proyecto de ley denominado transparencia, acceso a la información y buen gobierno.
Pues bien, por lo que se refiere a la mala administración económica, tras conocerse el déficit público del reino de España, es lógico que la negligencia en el manejo de los fondos públicos tenga efectos que vayan más allá de la responsabilidad política. Que el reproche sea penal o administrativo dependerá seguramente de la relevancia y magnitud del ilícito cometido. La cuestión es que estas conductas no queden impunes y que los gestores públicos realicen su trabajo con diligencia, conscientes de que los fondos públicos son de todos los ciudadanos, no recursos económicos sin dueño o, lo que sería peor, al servicio del gobierno de turno.
La mala administración, además del capítulo económico, hoy en el candelero por la alucinante carrera de negligencia e irresponsabilidad acontecida en los últimos tiempos, afecta también a la equidad y a la imparcialidad que debe presidir la actuación de los poderes públicos y de, sobre todo, de quienes los dirigen en cada momento. La equidad es una propiedad del buen gobierno, de la buena administración, que supone implantar cánones de exigente justicia en la toma de decisiones. Por ejemplo, cargar el peso de la crisis económica sobre los más débiles y los más pobres es una política pública inequitativa. En punto a la imparcialidad, el reciente caso de la ex ministra de economía y las incompatibilidades refleja la gran dificultad para regular adecuadamente esta materia. Si las normas no aseguran la imparcialidad hay que cambiarlas por otras que si la preserven.
Por lo que se refiere a la transparencia y al acceso a la información de interés general es menester exigir estas condiciones a todas aquellas instituciones, además de a los entes públicos por naturaleza, que manejen fondos del común, incluidos sindicatos, partidos y patronales, así como concesionarios y ONG que reciban por algún concepto recursos públicos. Mientras se tolere o permita la opacidad, la oscuridad, la sombra o la ambigüedad en estas cuestiones, la calidad de la vida democrática seguirá siendo la que todos conocemos. Ahora bien, si en la cultura política y en la educación cívica cunde la idea de que la rendición de cuentas y la transparencia no son sólo obligaciones de los dirigentes, sino derechos de los ciudadanos, el cambio habrá comenzado. Si, como hasta hora, estas materias son planteadas desde el vértice,  continuaremos por la senda de siempre. Si, por el contrario, se aspira a subrayar la centralidad del ser humano y se difunde sin miedo que el ciudadano es el verdadero señor y soberano en la democracia, muchas cosas tendrían que empezar a ser planteadas desde estos postulados. Unos postulados, sin embargo, que ponen la carnes de gallina, como suele decirse coloquialmente, a los actuales miembros de la tecnoestructura. Ese es el camino.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es