Ulrich Beck, conocido sociólogo alemán que nos dejó en enero de 2015 tras haber dedicado toda una vida al pensamiento social como eminente sociólogo que fue y que es, hoy está de rabiosa y palpitante actualidad. La democracia global fue uno de sus temas preferidos y nos alertó en reiteradas ocasiones acerca de los riesgos del éxito de lo que denominaba democratismo, así como de la internacionalización y globalización de ciertas realidades.
Hoy, en tiempos de emergencia a causa de la epidemia por COVID-19, muchas de sus ideas y apreciaciones, sobre todo en relación con la sociedad de los riesgos, se confirman lamentablemente a juzgar por la incidencia que está teniendo en todo el mundo el coronavirus. También, por su puesto, está muy presente entre nosotros su temor a la ausencia de regulación global efectiva en el plano económico y financiero, hoy una lacerante realidad a la vista del deficiente acceso existente al mercado mundial de productos de protección sanitaria frente a la pandemia especialmente cuando estalló la pandemia.
La crisis global en tiempos de emergencia, provocada por la pandemia del coronavirus, afecta sobre manera al Derecho Administrativo y nos invita a reflexionar sobre la necesidad de una regulación global y sobre la aplicación de los principios de transparencia, racionalidad o buena administración desde una dimensión universal. No es suficiente ya la regulación nacional o la jurisprudencia de los distintos poderes judiciales estatales para atender o resolver ciertos problemas supranacionales. Ha llegado el momento de responder globalmente ante una crisis que es global. Para ello es menester caer en la cuenta de que los Ordenamientos jurídicos internos de los diferentes países han de articularse con un nuevo orden jurídico general en el que los postulados del Estado de Derecho brillen con luz propia. En otras palabras, los estándares de lo que es un buen gobierno deben quedar esculpidos normativamente a nivel global para que una Autoridad Global, con amparo en una Constitución Global controlada por un Poder Judicial Global, pueda actuar para evitar las lacerantes lesiones a la dignidad de las personas, en especial a los mayores y con graves patologías, tal y como comprobamos estos días en diferentes latitudes.
Pedir regulación global es reclamar una mejor y de más calidad tarea de prevención de los riesgos de cualquier naturaleza: sanitarios, climáticos, financieros, agrarios, pesqueros, ganaderos, industriales…. una más adecuada supervisión y control del sistema financiero universal, hoy todavía capturado por quienes todos sabemos. Mientras los partidos sigan teniendo en sus manos el control del poder judicial y de los órganos reguladores no es posible avanzar. En el mismo sentido, mientras el poder económico no se detenga en su desmedido afán por privatizar el interés general, poco podrá hacerse. Los principios generales del Derecho, para informar el orden jurídico global, precisan de una tarea de despolitización de la vida jurídica y social y de un constante trabajo de desmercantilización del interés general.
Jaime Rodríguez-Arana