La protección de la familia es una de las políticas públicas más relevantes del presente, y del futuro. La familia, en la medida en que es escuela de cualidades y hábitos humanos y solidarios debe constituir un elemento que impregne el conjunto de las acciones públicas de cualquier gobierno que busque la mejora de las condiciones de vida de las personas en un Estado social y democrático de Derecho.
Nuestra Constitución, en sede de principios rectores de la política social y económica, artículo 39 de la Constitución, así lo establece aunque no han sido muchos los gobernantes conscientes del significado y funcionalidad de este precepto de nuestra Carta Magna. En el Reino Unido, sin embargo, las cosas acontecen de otra manera a causa de la raigambre de la institución familiar del convencimiento reinante acerca de la relevancia de la vida familiar para la estabilidad social y económica del país.
En efecto,  a partir de octubre, las nuevas leyes promovidas por el Gobierno de David Cameron deberán tener presente a la institución familiar. Para el premier inglés, la familia debe ocupar un puesto central en las políticas públicas por lo que la actual coalición gobernante en el Reino Unido decidió en agosto de este año que cada ministerio rinda cuentas sobre el impacto de sus políticas en la familia y en otros factores considerados también relevantes como pueden ser la rentabilidad y el medio ambiente.
Tal perspectiva familiar impulsada por el actual premier se orienta en dos direcciones. Por un lado, se trata de eliminar determinados obstáculos que priman a las parejas que viven separadas, que penalizan a quienes trabajan fuera de casa o que desincentivan la adopción de niños sin familia. Por otro lado, se trata de apoyar a las relaciones duraderas y estables, pues obviamente no todas las formas de convivencia tienen la misma funcionalidad social. O, lo que es lo mismo, está más de acuerdo con el interés general apuntalar la estabilidad familiar, pues de ella se deriva en buena medida la estabilidad social, propiedad básica para la realización de políticas que puedan efectivamente mejorar las condiciones de vida de las personas.
No es frecuente, al menos por estos lares, que los políticos expliquen sus compromisos en relación con la estabilidad de la familia. En opinión de Cameron, aunque no le gusta erigirse en juez de los estilos de vida de los demás, eso no implica que el gobierno se abstenga de ayudar a permanecer unidos a quienes deciden libremente vivir juntos.
En esta línea el gobierno británico apoya al matrimonio, además, a través de la ayuda financiera para tres tipos de orientación familiar: preparación para el matrimonio, formación para padres y madres primerizos,  y asesoramiento a parejas en crisis. Por otra parte, el primer ministro anunció en agosto que el gobierno a partir de ahora va a mejorar la financiación para esos cursos con una dotación de hasta 19.5 millones de libras.
Otras medidas que se están preparando se refieren a la mejora del apoyo económico a las familias con serios problemas financieros, al aumento de las dotaciones económicas a los ayuntamientos y a las organizaciones benéficas para que agilicen y simplifiquen los procesos de adopción. Los abuelos que cuidan nietos por enfermedades de los padres o problemas con el alcohol o las drogas serán ayudados por el Estado.
Es probable que Cameron quiera reconciliarse con los tories desencantados. Aunque así fuera, nunca es tarde para apoyar a la principal institución social.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es