La crisis económica y financiera de este tiempo ayuda a acometer reformas en distintos órdenes de la vida social, política y económica. Hoy nos referiremos brevemente a la reforma de la Administración, una tarea siempre permanente. La reforma de la Administración es desde luego muy importante para la calidad de vida de los ciudadanos.
 
En efecto, la reforma administrativa no es un simple ajuste organizativo o un proceso, más o menos intenso, de simplificación y racionalización de estructuras burocráticas o de personal,  La cuestión, a mi juicio, es de más calado, afecta al modelo mismo de Administración en un Estado compuesto como es el Estado de las Autonomías español. Un modelo que requiere relevantes transformaciones habida cuenta del coste, insostenible, que tiene y, sobre todo, del lastre acumulado de tantos años.
 
En efecto, treinta y siete años  después de la Constitución de 1978 es tiempo más que suficiente para hacer un diagnóstico sereno y riguroso de la evolución del modelo. Un sistema que es un evidente acierto que permite a  nacionalidades y regiones asumir cotas relevantes de poder político para administrar políticas públicas al servicio de los habitantes.  Es un modelo que, de acuerdo con el marco constitucional, pivota sobre los principios de unidad, autonomía, integración y solidaridad. Principios, sin embargo, que  requieren fórmulas administrativas coherentes que los garanticen..
 
Pues bien,  a pesar de que el autogobierno reconocido en la Constitución y en los Estatutos parecía invitar al establecimientos de esquemas organizativos  más allá de la estructuración institucional del Estado-nación,  la realidad acredita que las Comunidades Autónomas, quizás por falta de reflexión y análisis acerca de su funcionalidad en el sistema, han transitado por la senda  estructural de propio Estado. Al cabo de los años se constata que este planteamiento ha traído consigo un régimen que pensado para atender mejor las necesidades colectivos de las personas, se ha convertido en un espeso magma organizativo y estructural que apenas permite asomarse a la realidad, a los problemas colectivos de los ciudadanos. El modelo actual ha supuesto un aumento exponencial del gasto público y, por ende, un recurso permanente al endeudamiento hasta llegar a la situación actual, realmente insostenible.
 
Las Comunidades Autónomas no han nacido para emular al Estado. Los constituyentes las alumbraron para un mejor ejercicio de las políticas propias en orden  a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Son, efectivamente, un medio para una mejor conducción política y administrativa de los intereses públicos propios. Sin embargo,  el camino recorrido demuestra que hoy por hoy se ha alcanzado un estadio que debe llevar a una reflexión seria, y serena acerca de su funcionamiento  y estructura, hoy a todas luces, insostenible.
 
Por eso precisamos una reforma integral, inteligente, acordada entre todos los agentes políticos, sociales, económicos y culturales. Una reforma en profundidad que mejore el sistema de distribución de competencias, una mejor definición de las fórmulas organizativas de colaboración y coordinación, un nuevo senado. Todo ello en el marco de un modelo administrativo más  integrado, mejor sincronizado.
 
 
Es menester, por tanto, analizar el modelo del Estado en el siglo XXI. Un modelo, por cierto, que ha de tener en cuenta la evolución de las políticas públicas generales que afectan al nudo gordiano de la institución estatal. Promoción de las libertades, regulación, supervisión, vigilancia, ordenación general, igualdad, solidaridad, entre otras tareas,, conforman políticas públicas en las que el rol del Estado actual no está a la altura del tiempo que nos ha tocado en suerte. De la misma manera, los funcionarios del Estado que trabajan en estos sectores deben estar adiestrados y preparados para llevar a buen fin la implementación de dichas políticas públicas. Por tanto, reforma del corazón del Estado, reforma de los planes de preparación del personal, y luego, después, en otra dimensión, estructuras y organizaciones diseñadas para poder realizar esas funciones de planeamiento estratégico que hoy, e mi juicio, configuran el alma de un Estado profundamente descentralizado como el nuestro.
 
Tenemos, pues,  una magnífica ocasión para reformar la Constitución y diseñar mejor el modelo de Estado que queremos. Podemos hacerlo como sea, de cualquier manera: lo importante es ahorrar y punto.  También podemos hacerlo con rigor y con seriedad, desde el conocimiento de la cuestión, desde la mentalidad abierta, desde el pensamiento complementario. El tiempo pasa y el tema urge.
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo y actualmente preside la Asociación Española de Ciencias Administrativas.