Días atrás celebramos un nuevo aniversario de la Constitución con ocasión de su treinta y cuatro cumpleaños. Un período de tiempo más que suficiente para evaluar el funcionamiento, por ejemplo, del modelo autonómico Un sistema de distribución territorial del poder que desde luego merece el más positivo de los juicios. La descentralización política, cuándo se realiza con eficacia y al servicio de los ciudadanos, sólo provoca efectos positivos. Esta es la clave, que el sistema autonómico funcione al servicio de las personas, que su organización y estructuración se plantee al servicio de los ciudadanos.
 
El modelo autonómico, treinta y cuatro años después de su alumbramiento, requiere de reformas. Es lógico, el tiempo pasa y es menester periódicamente revisar el funcionamiento de los modelos y de las instituciones. Su revisión debería haberse realizado antes, mucho antes. Por ejemplo, cuándo se reclamó con sentido de Estado y moderación la denominada Administración común, ordinaria o sincronizada, allá por la década de los noventa del siglo pasado. En efecto, por entonces se planteó, ni más ni menos, la adecuación del esqueleto,  de la planta,  de la estructura de las Comunidades Autónomas, de forma que el aparato público estuviera  más en consonancia con la mejor gestión de los intereses públicos autonómico.
 
En aquellos años de finales del siglo pasado, bien lo recuerdo, se habló y se escribió no poco acerca de la racionalización del sistema autonómico. Por una razón, porque las Autonomías  ya por entonces se lanzaron a una loca carrera por emular e imitar, también institucionalmente, al mismo Estado. Es la época en que se reproducen mecánicamente, como un eco loco, todas y cada una de las instituciones que conforman la esencia misma del Estado, también las funciones consultivas y de control. Incluso los rótulos de las dependencias de los ejecutivos autonómicos no pocas veces coincidían con los del Estado.
 
En mi opinión, el modelo autonómico reclama un esfuerzo de racionalidad para el mejor cumplimiento de sus funciones. En este tiempo se ha demostrado que replicar estructuralmente al Estado-nación no es la solución. La solución se encuentra en buscar un modelo de organización propio, que no tiene que ser el mismo en todo el territorio. Ni mucho menos. Se trata de buscar, con inteligencia y sentido común, un modelo que permita el mejor  ejercicio de políticas propias en el marco constitucional para tender de la mejor forma las peculiaridades o singularidades que conforman la propia identidad colectiva. Un modelo diseñado en función de las personas, de sus necesidades colectivas, no en función de las estructuras.
 
En este contexto, buena cosa sería analizar con rigor y seriedad el mapa competencial, también para introducir en el a los siempre preteridos Entes locales. Tras más de treinta años de desarrollo constitucional parece claro que hay que emprender un camino de mayor claridad en esta materia. Mientras la penumbra y la ambigüedad dominen el panorama, los supuestos de duplicación o triplicación de competencias seguirán campando a sus anchas. Y, obviamente, la duplicación o triplicación de órganos es una realidad, así como el escandaloso aumento de gasto público que ocasionan estas disfunciones.
 
El perfeccionamiento y mejora del modelo autonómico debe ser pactado entre los partidos políticos y las organizaciones e instituciones capaces de aportar rigor y racionalidad al debate. Si se reforma  unilateralmente, si se introducen criterios de pensamiento único o si se actúa mecánicamente, habremos hecho un pan con unas tortas. En cambio, si se piensa de verdad en la mejora de las condiciones de vida de las personas y si se razona acerca de la mejora del autogobierno al servicio de los intereses generales, el sentido de las reformas y el camino por el que deben discurrir es bien sencillo. Como decía Von Ihering, un jurista alemán que bien conocen los profesores de derecho público, la verdadera reforma administrativa es la de la mentalidad de los dirigentes de la cosa pública. Una mentalidad, me temo, que ha estado más  pendiente de las estructuras que de las personas. Por ahí, me parece, van los tiros,
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es