Estos días hemos conocido que en Italia seis científicos acaban de ser condenados a seis años de cárcel por no haber alertado e tiempo del terremoto que sembró la destrucción y la muerte en L´Aquila no hace mucho tiempo. La noticia es relevante porque plantea, sin duda, un problema que en este tiempo está muy presente. La responsabilidad de los funcionarios públicos por negligencia profesional, la responsabilidad de las autoridades por omisión, la responsabilidad por no haber adoptado las decisiones que la racionalidad y el estado actual de la técnica aconsejarían.
El caso, por ejemplo, de una comisión de regulación en materia de valores que permite estafas piramidales también camina en esta dirección. La ausencia de vigilancia y supervisión de las autoridades aéreas que permite que un avión vuele sin las mínimas condiciones de seguridad plantea también discurre en este sentido. El supuesto de una autoridad de clasificación de buques que deja que un barco navegue en malas condiciones, lo mismo.
Pues bien,  ahora los tribunales italianos plantean el problema de la actuación de varios científicos que pudiendo haber alertado a la población sobre la inminencia de un terremoto no lo hicieron. Las consecuencias penales o administrativas de estas omisiones o errores voluntarios dependerán, como es lógico, del grado de deliberación de los funcionarios o autoridades responsables así como de los medios técnicos disponibles para realizar tales informes.
Es verdad que vivimos en una sociedad de riesgos. Pero no lo es menos que la evolución científica y técnica ha progresado mucho y que es exigible a las autoridades que dispongan de los mejores medios materiales y personales en materia científica para fundar mejor sus decisiones. Es necesario, pues, una Administración más profesional, más preparada para resolver los sofisticados y complejos problemas de una sociedad del riesgo como en la que vivimos.
¿Cómo es posible que seis científicos, se presume con conocimientos técnicos y preparación suficiente, no alertaran a las autoridades y a la población de lo que se venía encima?. ¿Cómo es posible que todo un órgano colegiado compuesto de grandes personalidades en materia de regulación de mercados de valores no fueran capaces de sancionar, tras nueve inspecciones, a un estafador profesional?. Me parece que ya va siendo hora de llamar a las cosas por su nombre. ¿O no?.