Una de las mayores polémicas que ha traído consigo la reforma laboral de Zapatero ha sido la invocación de la situación económica de la empresa como causa del despido. Evidentemente, el legislador, cuándo se refiere a las razones económicas como factor legitimador del despido, entiende, no puede ser de otra manera en un Estado de Derecho, que tal situación ha de ser debidamente justificada. Es decir, la simple alegación, sin una argumentación razonable, de la obtención de pérdidas en el futuro, no es causa suficiente para la efectividad de un expediente de regulación de empleo.
Pues bien, tal conclusión es la que ha sentada hace escasos días el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al anular el ERE de una empresa privada por entender que la compañía no ha demostrado fehacientemente que fuera a obtener números rojos en un futuro próximo. En este caso, el Tribunal afirma que tales demostraciones no existen, lo que si existe es la amortización de puestos de trabajo y simultánea creación de nuevos puestos de trabajo con masiva contratación de trabajadores ajenos a la empresa. Despedir a trabajadores, por un lado, y contrataron otros tantos, por otro, sobre la base de las pérdidas en el futuro no responde, dice el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a la más elemental objetividad.
En fin, el Estado de Derecho se ampara sobre la juridicidad, la separación de los poderes y el reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. La juridicidad supone que las actuaciones públicas y privadas están sometidas a la ley y al Derecho. No existen en el Estado de Derecho decisiones impunes, actuaciones que se escapen del control de la ley y del derecho. Y, además, no pueden darse supuestos de arbitrariedad. Esto es, las decisiones restrictivas de los derechos de las personas han de estar justificadas, argumentadas. No es posible lesionar derechos sin explicación alguna. Es más, cuánta mayor es la discrecionalidad más exigente han de ser los cánones de argumentación y justificación.
Por eso, las decisiones relativas al despido de los trabajadores en las relaciones laborales han de estar debidamente justificadas. Han de ser razonadas, argumentadas, sometidas a los más elevados patrones de la razón, de la lógica y de la argumentación. Si permitimos que este tipo de medidas se adopten sin ningún control, sin ningún límite, simplemente porque el empresario quiere prescindir sin más de algunos trabajadores, estaremos bajando muchos peldaños en el ranking del Estado de Derecho.
Precisamente la eliminación de los límites, de las justificaciones y de toda medida de prevención y/o control, vigilancia o supervisión, están en la etiología de la grave crisis que padecemos. Una crisis que va más allá de la racionalidad económica porque afecta al mismo nervio de la política democrática: que el poder es del pueblo y, por tanto, el gobierno es para el pueblo y por el pueblo. Precisamos recuperar hábitos democráticos elementales y, sobre todo, la fuerza de la razón, no la fuerza del poder, la fuerza de la argumentación y de la deliberación, no la fuerza del rodillo. Si seguimos como vamos, la dictadura de los fuertes poco tardará, aunque sea de forma sutil , en acampar entre nosotros.
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