Los últimos ajustes del gobierno han provocado, es lógico, la indignación general. Por un lado porque se confirma que la factura de la crisis que vivimos sigue gravando las condiciones de vida de los ciudadanos y, por otra porque, por sorprendente que parezca, el elefantiásico gasto que supone el entramado administrativo de las Administraciones públicas sigue prácticamente intacto salvo simbólicas medidas. Los partidos políticos y los sindicatos, siguen copando relevantes y suculentas subvenciones públicas y el número de las empresas, sociedades y fundaciones públicas permanece, salvo levísimas restricciones, en dígitos de escándalo.

En este contexto, muchos españoles, y no pocos militantes del partido que sostiene al gobierno, se preguntan cómo es posible que se esté endosando al bolsillo de los españoles el escandaloso gasto del mantenimiento de tantas estructuras superfluas. Tras varios ajustes, la estructura administrativa de las Autonomías, salvo honrosas excepciones, sigue caminando por la irracionalidad. Mientras los pensionistas son sometidos a copago, bajan los sueldos de los empleados públicos, sube el impuesto de la renta de las personas físicas, las retenciones a los autónomos, así como los impuestos indirectos y el famoso IVA. Todo ello, eso es lo alucinante, para seguir conservando un aparato público que a día de hoy no encuentra explicación alguna, salvo que se pretenda seguir ofreciendo cobijo a una partida de adeptos y afines cuya única función es la de adular a los dirigentes del momento.
Todavía estamos a tiempo de que los políticos tomen decisiones que demuestren su compromiso real con la crisis económica intentando mejorar las condiciones de vida del pueblo. Para eso, en lugar de ajustes a las persones, que hagan ajustes a las estructuras. Es verdad que la Administración del Estado y las de las Entidades locales están sufriendo importantes restricciones. Pero las Comunidades Autónomas siguen, salvo excepciones, campando a sus anchas con demasiado personal de confianza, con demasiados contratos de alta dirección, con un personal de adscripción política que debiera ser reducido sustancialmente.
Si el gobierno de la nación trabajara de verdad en esta dirección, reduciendo miles y miles de personas que laboran en el sector público empresarial, en entes públicos superfluos y en tantas y tantas organizaciones innecesarias como existen en el seno de la Administración, la mayoría de ciudadanos aceptaría los recortes. Mientras no se perciba ejemplaridad en la clase política, la ciudadanía seguirá censurando, cada vez con más intensidad los recortes y ajustes.
Por ejemplo, se deberían suprimir las subvenciones a los partidos,  sindicatos y patronales, eliminar de un plumazo todas las estructuras superfluas, innecesarias y duplicadas. En general la partida de la acción subvencional debería recortarse sustancialmente. Se deberían eliminar decenas de miles de cargos y personal de empresas públicas. Y después de este ajuste en la organización, de medios materiales y personales, convocar al pueblo para que aporte su granito de arena.
Primero, insisto, reducir y ajustar estructuras y luego, si hace falta, actuar sobre las personas. Justo lo contrario de lo que se está haciendo. ¿Es que no se dan cuenta de que se está castigando a quien menos tiene que ver con la crisis?. El próximo sondeo del CIS, si es que no se manipula, reflejará una censura todavía mayor hacia una clase política que prefiere empecinarse en los privilegios en lugar de bajar a la arena,  de remangarse, de hablar con los ciudadanos y dar ejemplo. Mientras no se hagan gestos creíbles para el pueblo por parte de los políticos, la situación se irá deteriorando más. En fin, esperemos que en los próximos días los gobernantes reflexionen sobre lo que están haciendo y se decidan a seguir la senda del ejemplo y del sacrificio. Como estamos haciendo el común de los mortales. Nada más y nada menos.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es