Estos días hemos conocido a través de los medios de comunicación, no precisamente de los mayoritarios por supuesto, el contenido de una carta de la asociación de inspectores del Banco de España, fechada en 2005, en la que alertaban, a las autoridades del supervisor financiero y al Gobierno de entonces, de la situación del mercado inmobiliario y su relación con las entidades financieras. Ahora, al conocerse que las auditorías sobre la banca española, sobre los riesgos de estas entidades, ante la que está cayendo, las realizarán varias compañías extranjeras con el Banco Central Europeo, ponen el grito en el cielo y afirman que tal tarea podría realizarse perfectamente por el prestigioso cuerpo de inspectores del Banco de España.
El tema es grave, muy grave, por varias razones. Primera, porque ya desde 2005 este colectivo de funcionarios llamó la atención acerca de los problemas de la burbuja inmobiliaria en relación con las entidades financieras, señalando con argumentos técnicos las consecuencias que en el corto plazo podrían derivarse de no tomarse determinadas medidas, tanto de naturaleza supervisora como normativa. Segunda, porque ni el gobernador del Banco de España de entonces ni las autoridades del ministerio de economía, según parece, tomaron cartas en el asunto. Tercero, porque si las funciones de supervisión, vigilancia y control no se realizan sobre la base de la racionalidad técnica sino sobre motivaciones políticas, por ejemplo, la misma tarea de supervisión, control y vigilancia se desnaturaliza y, entonces, toda clase de tropelías y arbitrariedades son posibles. Y, cuarta, hasta el momento, que se sepa, no se han exigido responsabilidades, más allá de la dimensión políticas, a quienes han conducido como lo han hecho el sistema financiero.
En su misiva de 2005 la asociación de inspectores del Banco de España censuró el cándido optimismo del entonces gobernador del Banco de España y alertó acerca de la que se venía encima señalando que sería muy probable que aumentara el número de familias que habría de afrontar crecientes dificultades para hacer frente a sus compromisos financieros. En la carta a que hago referencia en el artículo de hoy, especialmente en uno de los breves anexos que la acompaña, los inspectores afirman que: “nosotros, los inspectores y técnicos de supervisión del Banco de España, precisamente porque somos los que examinamos in situ la situación de las entidades bajo el ámbito de supervisión de esta institución, incluidas las sociedades de tasación, conocemos de primera mano la situación del sistema financiero español y la del mercado inmobiliario nacional –información que, como no podría ser de otra manera, hemos comunicado puntual y lealmente a los órganos rectores del Banco de España a través de nuestros informes e inspección-, por lo que siendo conscientes como nadie de los riesgos a que nos enfrentamos, no podemos ser tan optimistas como está demostrando ser, al menos por ahora, nuestro gobernador”.
Para terminar, unas simple preguntas que seguro que los lectores se estarán formulando, ¿recibieron los inspectores del Banco de España alguna explicación acerca de por qué no se procedió como ellos recomendaban técnicamente?. ¿No es hora ya de exigir responsabilidades por omisión?. ¿Por qué durante la crisis, y antes, se engañó masivamente a la ciudadanía sobre la realidad?. ¿Para qué sirve tener el mejor cuerpo de inspectores si luego no se les hace caso?. ¿Por qué tanta intervención de la política en el ámbito de lo técnico?.
La contestación a estas preguntas ayuda a entender por qué el CIS mes a mes sigue constatando la opinión mayoritaria que existe acerca de un grupo de persona, que está en la mente de todos, y que, de una vez por todas, deben empezar a anteponer el interés de todos y cada uno de los ciudadanos al suyo personal o patrimonial. ¿O no?.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@uc.es