La democracia ha sido definida en algunas ocasiones como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. En efecto, se trata de un sistema político que parte del criterio de que el titular de los poderes del Estado es el pueblo. Y el pueblo, que no puede gobernar directamente, entrega temporalmente a sus representantes el ejercicio concreto de la función política. Estos, claro está, han de responder y reportar permanentemente a su titular, al soberano, que es el pueblo.
 
En este contexto, los partidos, como instituciones que representan a los ciudadanos y a sus ideas, se encuentran en una posición francamente difícil ya que en la actualidad los sistemas de rendición de cuentas, con ser formalmente imprescindibles, no siempre obedecen a la realidad, ala verdad. Además,  en no pocas ocasiones los dirigentes actúan como propietarios del partido en lugar de cómo gestores y administradores de la opinión de los militantes. Quizás por eso, la ciudadanía considera que las formaciones partidarias son las instituciones más corruptas, las organizaciones en las que se inicia ese  proceso de apropiación de un poder que es de titularidad ciudadana y que luego se prolonga a las instituciones públicas. La realidad, por otra parte, no deja de acreditarlo día a día con solo abrir cualquier telediario, asomarse a las redes sociales y leer las noticias del día en cualquier periódico.
 
Hoy, sin embargo, los nuevos partidos arrancan  formalmente con la vista puesta en el protagonismo de sus bases. Se reclaman listas abiertas y una mayor participación de los militantes y simpatizantes en la elección de los cargos del partido. Se apela a la transparencia y a la rendición de cuentas. Por ahora son palabras y promesas.
Esperanzadoras, pero aún no se han convertido en realidades.
 
Los partidos buscan el poder para gobernar de acuerdo con un conjunto de ideas que defienden porque están convencidos que son las mejores para el progreso de la sociedad y para un mejor ejercicio de las libertades por los ciudadanos. Los partidos, como cualquier organización, por el hecho de constituirse, adquieren el compromiso de luchar por la consecución de sus fines propios. Fines que se orientan hacia la búsqueda del poder como medio para aspirar a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, especialmente de los más desfavorecidos.
 
Ahora bien, cuándo la finalidad de la actividad no reside en el servicio o en los bienes que se ofrecen, sino que se instala en el bien de la propia organización y de sus dirigentes o colaboradores, entonces el partido se desnaturaliza y se acaba convirtiendo en la excusa para que un determinado grupo intente dar rienda suelta a su deseos de mando y de poder absoluto. Cuándo tal cosa acontece en las organizaciones, sean públicas o privadas, los resultados son manifiestos y casi, casi, pueden adivinarse. Las organizaciones se burocratizan porque la propia estructura se convierte en el fin y los aparatos se convierten en los dueños y señores de los procesos, hasta el punto de que todo, absolutamente todo, ha de pasar por ellos instaurándose un sistema de control e intervención que ahoga las iniciativas y termina por laminar a quienes las plantean. En estos casos, nos encontramos ante partidos cerrados a la realidad, a la vida, prisioneros de las ambiciones de poder de un conjunto de dirigentes que han decidido anteponer al bienestar general del pueblo su bienestar propio. Se pierde la conexión con la sociedad y, en última instancia, cuándo no hay un proyecto que ofrecer a la ciudadanía más que la propia permanencia, el centro de interés se situará en lo que denomino control-dominio que, además de ser la garantía de supervivencia de quienes así conciben la vida partidaria, constituye una de las formas menos democráticas de ejercicio político. La autoridad moral se derrumba, la gente termina por desconectar de los políticos, se pierde la iniciativa, el proyecto se vacía y la organización ordinariamente se vuelve autista, sin capacidad para discernir las necesidades y preocupaciones colectivas de la gente, sin capacidad para detectar los intereses del pueblo. Algo que, a juzgar por la opinión general que la gente  tiene de la política y de los políticos,  especialmente tras el 24-M, no parece muy lejano de la realidad que nos rodea.
 
Por el contrario, una organización pegada a la realidad, que atiende preferente y eficazmente a los bienes que la sociedad demanda y que permitirá probablemente hacerla mejor, es capaz de aglutinar las voluntades y de concitar las energías de la propia sociedad. Estos partidos, así configurados y dirigidos, atienden a los ámbitos de convivencia y colaboración y escuchan sinceramente las propuestas y aspiraciones
generales convirtiéndose en centro de las aspiraciones de una mayoría social y en perseguidora incansable del bien de todos. Esto es, en mi opinión, ocupar el centro social o, si se quiere, centrarse en el interés social, no simplemente en el interés de una determinada mayoría, o minoría, social por importante o relevante que esta sea. Acontece tal situación en este tiempo en el que se tolera la dictadura de una minoría sobre la mayoría por la sencilla razón de que el partido que sostiene al gobierno no ve más que por la mirilla del control y el deseo de laminación del adversario.
 
Si los partidos quieren que la gente preste más atención a los asuntos públicos, han de bajar de la perspectiva tecnocrática, hoy mayoritaria, al ruedo, a la calle, a hablar realmente con la gente, a escuchar al pueblo y, sobre todo, a recuperar la dimensión humana en la solución de los problemas. Sobre todo en un mundo en el que las ideologías cerradas han fracasado y en el que es menester colocar, con todas sus consecuencias, la dignidad del ser humano y sus derechos fundamentales como piedra angular del orden social, político y económico. Los partidos, que son tan importantes en la vida democrática, si quieren colaborar a esta tarea, han de hablar entre ellos para acordar reformas imprescindibles al día de hoy.
 
Los nuevos partidos parece que arrancan desde postulados de profunda democratización y participación. Hasta el momento, sin embargo, no han tenido ocasión de demostrar en la realidad cotidiana si son capaces, ellos y sus líderes, de poner en marcha políticas públicas más humanas, políticas publicas contando con la ciudadanía. El tiempo nos lo dirá, más pronto de lo que algunos se imaginan. Por ahora, las promesas de cambio y regeneración van lentas, muy lentas, y, sobre todo, se expresan en algunas latitudes en forma contradictoria.
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo