La lucha por la igualdad tiene muchos frentes. A pesar de la altura del tiempo en el que estamos, todavía persisten en muchas latitudes algunas formas de discriminación especialmente lacerantes, precisamente por el colectivo al que se dirigen. Hoy me voy a referir a la discriminación que sufren, según un reciente informe de la OIT, 805 millones de mujeres en todo el mundo por razón de la maternidad. Por cierto, una modalidad de discriminación que, por obvias razones, se silencia desde el pensamiento único imperante.
En efecto, siendo como es la perpetuación de la especie humana un asunto de interés general y la maternidad una realidad digna de la mayor protección pública y social, nos encontramos que las mujeres que deciden dar a luz nuevos seres humanos con frecuencia son penalizadas, incluso amenazadas con la pérdida del puesto de trabajo. En el fondo de estas agresiones se esconde una determinada forma de concebir el trabajo y también, por supuesto, una concreta manera de entender la maternidad  y, por supuesto, la dignidad de la mujer.
El informe de la OIT al que me refiero en el artículo de hoy se titula “La maternidad y la paternidad en el trabajo: legislación y práctica en el mundo”. Además de la extensa e intensa discriminación a las mujeres por razón de la maternidad también se detecta una progresiva y constante discriminación también a otros colectivos como los inmigrantes, los pobres, los gitanos o las viudas. Es decir, los colectivos más vulnerables siguen siendo objeto de discriminación pues la dominación de los más fuertes es cada vez más evidente y la vuelta a la  selva, dónde no caben reglas razonables y humanas, hace acto de presencia con inusitada potencia.
El informe se refiere a los años 2005 a 2010, analiza 185 países del globo,  y denuncia que España, junto a Lituania y Rumania, quien lo podría pensar, es el país de la UE en el que se han detectado un mayor número de presiones a las trabajadoras embarazadas para que renuncien a sus derechos laborales. Sean  o no los datos exagerados, que es posible, retengamos que en nuestro país estas prácticas, tal y como sabemos, son reales aunque no siempre sean objeto de reclamaciones o recursos ante las autoridades correspondientes.
Es verdad que siendo  la legislación en la materia positiva, la realidad es que persiste esta forma de discriminación en todos los países. Africa y Asia, como cabria esperar, son las áreas geográficas en las que existe una mayor desprotección de la mujer y también donde los índices de mortalidad materna e infantil siguen siendo alarmantes.
En el caso de España, se constata que solo el 55% de las mujeres se reincorporan al trabajo a tiempo completo tras el permiso de maternidad. La causa hay que buscarla en la falta de normativa que facilite la conciliación en estos casos. El 7% renuncia a seguir trabajando, el 3% lo pierde y el 35% se reduce la jornada laboral. El informe alude a que en nuestro país se producen tácticas de presión a trabajadoras embarazadas y madres recientes, como el acoso, para inducirlas a renunciar.
Estos informes y estudios ponen de relieve que las políticas públicas de apoyo y promoción a la familia, si fueran más reales, ayudarían a evitar la salida de mujeres del mercado laboral. Tales salidas, señala el informe,  suponen una enorme pérdida de recursos: una formación que no se aprovecha, unos impuestos fruto del trabajo que se dejan de ingresar y un gasto en prestaciones si las necesitan.
El informe también refleja la constante y continua discriminación que sufren otros colectivos como los gitanos, los pobres, los inmigrantes o las viudas, mientras que otros colectivos  son privilegiados con normas de diferente  rango y condición jurídica. La pregunta que surge, pues, es obvia: por qué unos colectivos son discriminados y otros privilegiados?. La contestación es sencilla y está al alcance de cualquier fortuna.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es