En Europa nos encontramos con distintos modelos educativos.  España e Inglaterra, por ejemplo, ofrecen esquemas muy diversos, probablemente debido a la idea de la libertad y de la eficacia que caracterizan la tradición y forma de entender la educación en ambos países.
Reino Unido parte de la primacía de la sociedad y la libertad del individuo y España, fiel a la tradición centralizada e intervencionista francesa, tan presente en tantos aspectos, apuesta por la centralidad del Estado. Mientras Inglaterra, incluso con gobiernos laboristas como el de Blair, abrió la enseñanza pública al pluralismo y a la libertad, por estos lares la escuela pública sigue fiel a sus orígenes dogmáticos y burocráticos. Inglaterra aspira a la mejora de la educación pública introduciendo la autonomía en la enseñanza pública y en España hasta se pretendió imponer los  rígidos esquemas públicos a la enseñanza concertada. Mientras en Inglaterra se ha declarado la guerra al vetusto concepto jurídico-administrativo de servicio público aplicado a la educación, por estos pagos se sigue entendiendo la enseñanza como un servicio público seguramente para seguir controlando hasta dónde sea necesario, y rentable partidariamente, esta central actividad humana.
 
Mientras el modelo educativo público español apuesta por la uniformidad, el británico por la variedad, existiendo diferentes modelos en función de los deseos de los padres. El sistema británico parte  de la idea de potenciar la libertad de elección en la educación pública.
 
En este contexto,  en el Reino Unido se relajan los excesivos poderes de las autoridades educativas para fomentar la autonomía de gestión en los centros educativos. Es más, las escuelas públicas pueden actuar de acuerdo con criterios de gestión privada. Así, podrán tomar decisiones sobre el presupuesto, sobre la contratación de profesores y la admisión de alumnos. Igualmente, los padres tendrán más protagonismo en lo que se refiere a la confianza en la dirección de la escuela, en el currículo así como en cuestiones de ordinaria administración de la vida escolar.
 
En efecto, la autonomía escolar está relacionada con la libertad de elección de centro por los padres. La autonomía permite que cada escuela se oriente de acuerdo con su ideario propio y en el marco de un modelo organizativo adecuado a sus fines. Cuando hay autonomía escolar, hay pluralismo. Cuando se reconoce la autonomía de los centros, éstos pueden diseñar sus propios métodos pedagógicos, sus planes de estudio, su identidad religiosa si es el caso. El único límite que una democracia avanzada puede imponer a tal autonomía es que los contenidos respeten los derechos fundamentales de las personas.
 
Hay autonomía escolar cuando cada centro puede seleccionar al profesorado, selección que obviamente puede tener en cuenta la congruencia y coherencia de los docentes en relación con el ideario del centro de que se trate en cada caso. Si el Estado se inmiscuyera en esta materia estaría, de hecho y de derecho, anulando la autonomía escolar y, lo que es más grave, impidiendo el pluralismo educativo. La autonomía también exige, es lógico, libertad en la gestión presupuestaria de cada centro escolar.
 
La realidad demuestra refleja que hay más autonomía y, consiguientemente, mejores resultados educativos en todos los niveles, en el Norte que en el Sur de Europa. En efecto, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Gales, Irlanda, Noruega, Finlandia, Dinamarca y Suecia son quienes tienen los mejores registros en autonomía escolar y, a la vez, los mejores en rendimiento escolar.
 
 
La libertad de elección es fundamental para la mejora de los servicios de interés general, la educación entre ellos. En lugar de mantener posiciones únicas, como en España, en el Reino Unido apuestan,  también en su día desde el laborismo, porque la educación pública se abra a la libertad de elección, lo que permite que se reforme lo que no funciona y se premie lo que funciona bien. Los resultados en cuanto a calidad y a fracaso escolar hablan por sí solos. Unos avanzan y se desprenden de prejuicios inútiles y otros  mantenemos viejos aprioris a costa de una educación que tiene la calidad que tiene. Así de claro.
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo.